Octubre es tiempo de revoluciones, pero un mal mes para generar empleo. Sin embargo, las cifras sobre el paro publicadas hoy arrojan un resultado sorprendente: más de 27.000 personas han encontrado un trabajo en nuestro país, lo que supone el mejor dato de la serie histórica. Lógicamente, el Gobierno no ha tardado en realizar el pertinente ejercicio de onanismo político felicitándose por tan positivas estadísticas. A fin de cuentas, cuando se está en el poder las buenas noticias llegan con cuentagotas y hay que disfrutarlas. Es humano que el Consejo de Ministros saque pecho en este momento.
“España crece y crea empleo: 103.500 personas más afiliadas, más empleo y de mayor calidad (…). El plan para moderar la inflación funciona. Baja al 7,3%. La economía crecerá por encima del 4%”, asegura Pedro Sánchez en un tuit. No vamos a ser nosotros los que agüen la fiesta en Moncloa, donde a esta hora vuelan los confetis, se descorchan botellas de cava y todo es alegría y felicidad. Los datos son buenos y abren una puerta a la esperanza en una próxima recuperación económica. No obstante, haría mal Sánchez en caer en la autocomplacencia. Es cierto que en un contexto de crisis pospandémica y de guerra en Ucrania las recetas socialistas están dando un resultado más que aceptable. Pero no conviene lanzar las campanas al vuelo. El trabajo precario sigue siendo una lacra; el mercado laboral se parece más a una peligrosa jungla para los trabajadores que a un entorno regulado donde se cumplen las leyes, los reglamentos laborales y los derechos humanos; y llenar la cesta de la compra a final de mes se ha convertido en toda una odisea para millones de familias. En el colmo de los males, la amenaza de Bruselas de que en los próximos meses habrá un paquete de medidas de recortes al Estado de bienestar supone un serio aviso para que nos vayamos apretando el cinturón después del maná caído del cielo de los 140.000 millones de euros en ayudas y subvenciones del fondo Next Generation. Por mucho que el resiliente Sánchez trate de insuflarnos optimismo, hay que estar ciego para no ver que seguimos dentro del túnel.
Solo el PP más sectario, la extrema derecha y el obcecado Garamendi pueden negar que la economía va mejorando poco a poco (cosa lógica por otra parte, recordemos que llegó a estar en la UCI y a punto del colapso) y que las perspectivas de crecimiento son halagüeñas. Pero la factura del gas cuesta un riñón, los vecinos de Cañada Real siguen a dos velas como en tantos otros barrios pobres del país y la subida de los tipos de interés puede provocar que muchos hipotecados tengan que devolver su casa al banco. Los diferentes decretos que ha adoptado este Gobierno progresista han ido en la dirección correcta. La subida del Salario Mínimo Interprofesional, hasta equiparar los sueldos más bajos a niveles europeos, no ha provocado el cataclismo que preconizaba la patronal. España no se ha hundido, como decían los más agoreros, por dignificar unos cuantos euros los jornales de los que menos tienen. Más bien al contrario, el consumo se ha reactivado tal como predecían los economistas de la escuela del intervencionismo socialista, que en este caso le han ganado el partido por goleada a los gurús del neoliberalismo salvaje defensores de la austeridad. Tras la pandemia, la lógica aconsejaba subir salarios, mejorar pensiones y mantener prestaciones para que los españoles tuvieran más dinero que gastar. Bajo esa premisa, como no podía ser de otra manera, se ha incrementado la producción y se ha generado empleo.
El revolcón que le ha dado el keynesianismo al decrépito Adam Smith ha sido antológico. El Gobierno de coalición, con sus dos almas en constante pugna, se ha mantenido firme en sus posiciones, demostrando que el experimento ha funcionado. El PSOE ha aportado experiencia en tareas de Estado, prudencia y sensatez. Unidas Podemos, por su parte, ha ido apretando el acelerador cuando era necesario, reclamando mejoras sociales que, pese a las frecuentes reticencias del ala socialista, han dado resultado. La reforma laboral de Yolanda Díaz fue fruto de ese delicado equilibrio de poderes, un éxito hasta el punto de que hoy es aplaudida por los sindicatos por lo que tiene de dignificación de los derechos de la clase trabajadora, de lucha contra la precarización y la desigualdad y de intento de acabar con el estigma de la temporalidad. El Gobierno aguantó en los peores momentos, cuando el vendaval arreciaba con fuerza desde la extrema derecha, y hoy recoge la cosecha de sus políticas.
Todo ese esfuerzo del Ejecutivo de coalición para lograr que nadie se quedara atrás en esta crisis era constantemente torpedeado y boicoteado por los poderes fácticos políticos y financieros. Primero el PP de Casado y después el PP deFeijóo no han hecho más que jugar al obstruccionismo irracional, al bloqueo sistemático y al filibusterismo por intereses electorales y particulares. Jamás podremos olvidar que ellos ponían palos en las ruedas de la recuperación económica mientras la ciudadanía remaba agónicamente para sobrevivir. Pero insistimos: aunque la situación haya mejorado, estamos aún lejos de alcanzar la estabilidad amenazada por fuertes convulsiones sociales. Hoy mismo, los sindicatos se han echado a la calle en una protesta contra la patronal, no contra el Gobierno, que dice mucho sobre el retorno de las viejas luchas entre ricos y pobres en el actual escenario en el que nos encontramos. El lema elegido para la movilización –“Salario o conflicto. Esta crisis no la paga la gente trabajadora”–, demuestra el descontento y la indignación de buena parte de la clase obrera contra el inmovilismo obtuso de una patronal que ya solo se mueve por intereses políticos (mayormente derrocar a Sánchez para colocar en Moncloa a su peón ganador Feijóo). Esa pancarta que abre la manifestación es un grito desesperado de mucha gente que le está diciendo a la CEOE que ya no puede más, que necesita que las empresas arrimen el hombro y sean solidarias en un momento dramático, en definitiva, que Garamendi vuelva a la mesa de negociación de la que se ha levantado haciendo el teatrillo del despechado. La cúpula empresarial de este país tiene una responsabilidad y debería dar ejemplo de ese patriotismo del que presume tantas veces. La paz social pasa por la recuperación de la negociación colectiva (dinamitada en tiempos de la reforma Rajoy), por la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores y por la superación de aquel mercado cuasiesclavista que nos dejó la derechona aznariana. Que las grandes multinacionales energéticas y la banca se estén forrando con los beneficios caídos del cielo a costa del sufrimiento de la gente es algo pornográfico e intolerable. Ante semejante injusticia, el pueblo no dará ni un solo paso atrás.