Los conservadores dominan el Consejo General del Poder Judicial gracias a su presidenta, Isabel Perelló, que se ha posicionado definitivamente en ese bando. Así se expresa un vocal del grupo progresista tras conocer la renuncia de Ana María Ferrer y Pilar Teso a seguir presentado sus candidaturas a las presidencias de las salas de Lo Penal y Lo contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. La izquierda se queja de que, con la designación de Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas, los únicos que quedan, se incumple la ley de paridad a pesar de que, gracias a una manipulación torticera por parte de los conservadores, los letrados del CGPJ aseguraron, en un informe, que no era necesario cumplir este principio. No se ha tenido en cuenta que más de la mitad de la carrera judicial son mujeres. Lo verdaderamente decepcionante es que Ana María Ferrer era algo más que una candidata progresista. Afiliada a Juezas y Jueces para la Democracia simboliza la lucha de la mujer en la judicatura por haber sido la pionera en entrar en una sala ultraconservadora y machista como es la que integran los jueces de Lo Penal del TS. Pero aún hay más. Se ha roto el equilibrio y, al final, la presidenta se ha posicionado con los conservadores en su afán de desbloquear una situación de la que hay que culpar a Bolaños y González Pons por haber pactado esta composición del CGPJ que anula las decisiones más controvertidas.
En Bruselas están indignados con la solución que se ha dado a la nueva modalidad de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial cuando termine el mandato de los actuales. No se pusieron de acuerdo los conservadores y los progresistas. Empate a diez y la única solución que se le ocurrió a la Perelló, en el colmo de los errores, es remitir los dos informes antagónicos al Congreso de los diputados que es el que deberá decidir. El problema es que la cámara baja tampoco está para adoptar muchas decisiones controvertidas. Si ya de por sí al gobierno le está costando negociar con sus socios parlamentarios reformas de la justicia como la pretendida por el ministerio de Félix Bolaños, todavía se pone más cuesta arriba consensuar un nuevo sistema de composición del órgano de gobierno de los jueces, cuando, por una parte, los progresistas quieren que se parezca al actual, es decir, que sea el parlamento el que proponga los nombres, aunque con una leve corrección: “se tendrán en cuenta los candidatos que presenten las asociaciones judiciales”. Los conservadores no ceden en su pretensión de que la renovación se haga mediante sufragio directo de los propios jueces.
En la Comisión Europea, con un nuevo comisario conservador, el irlandés Michael Mc Grath, se presiona al ministro Bolaños para que se decida por el modelo propuesto por la derecha ya que, a través de González Pons, saben que, si se opta por esta alternativa, el grupo popular en el Congreso estaría dispuesto a votar a favor por lo que no sería necesaria negociación alguna con las minorías parlamentarias. En la izquierda se rechaza el planteamiento de Bruselas. Se sigue argumentando que no hay ningún sistema judicial europeo que siga este criterio de la elección directa de sus órganos de gobierno. Suelen ser fórmulas mixtas. Incluso en el francés, el que sería más próximo, 7 de los miembros del Consejo Superior de la Magistratura, el equivalente a nuestro CGPJ, se eligen indirectamente por los jueces, y los 8 restantes proceden de diversas instituciones, uno el Consejo de Estado, uno el Colegio de Abogados, dos por el presidente de la República, dos por la Asamblea Nacional y dos por el Senado. De los 44 miembros del órgano de gobierno de los jueces en Bélgica, 22 son magistrados elegidos directamente por sus compañeros, y el resto son 8 abogados, 8 representantes de instituciones de la sociedad civil, y 6 profesores de universidad, todos ellos elegidos por el parlamento.
Los progresistas dicen que, si se adopta el modelo conservador, el Consejo General del Poder Judicial acabará siendo controlado por las asociaciones mayoritarias de jueces y magistrados, sobre todo por la APM que cuenta con el mayor número de afiliados. Y aquí ya surge la primera diferencia en el colectivo porque las otras tres asociaciones, la Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente y Juezas y Jueces para la Democracia, exigen un criterio de proporcionalidad porque, si eso no se corrige, al final acabará por pasar lo que sucedió en el Consejo Fiscal que lo controla la Asociación de Fiscales que ha convertido la institución en un foco de oposición al fiscal General del Estado. Menos mal que sólo es un órgano consultivo.
Está en juego el control del poder judicial. Y los progresistas se están dando cuenta de que pierden la batalla. Los conservadores logran poner al frente de la sala de Lo Penal, esa que juzga a los aforados y decide sobre los recursos de casación de tipo penal, a Andrés Martínez Arrieta del que dicen que es “un magistrado progresista” pero la realidad es bien distinta. Sigue los dictados del juez Manuel Marchena que es quien sigue mandando en la sombra. Y todos sabemos el color ideológico de este magistrado. En cuanto a la otra sala, también dicen que su propuesta, Pablo Lucas, es la mas moderada posible porque este juez “es de signo progresista”. No se sabe bien de qué signo progresista cuando fue el ponente de las sentencias que anularon los nombramientos de Dolores Delgado como fiscala de sala de Memoria Histórica, y Magdalena Álvarez como presidenta del Consejo de Estado.
Pero lo peor no es eso. A fin de cuentas, tanto Martínez Arrieta como Lucas están cerca de la jubilación y para entonces, dentro de dos años aproximadamente, habrá que hacer nuevas propuestas. Lo que más preocupa a los progresistas y a la izquierda en general es la deriva de Isabel Perelló a la que aceptaron para presidir el CGPJ y el TS por “su talante progresista” pero que parece haberse posicionado con los conservadores. Y estos han acabado por controlar su órgano favorito de poder, el de los jueces.