La sentencia absolutoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el caso Dani Alves ha desatado una ola de indignación social, especialmente entre quienes defienden los derechos de las víctimas de violencia sexual. Mientras las asociaciones judiciales claman por respeto institucional, las declaraciones de la vicepresidenta María Jesús Montero, que calificó la sentencia de "vergüenza", marcan un punto de inflexión: ¿cuánto más se puede tolerar la desprotección estructural de las víctimas antes de que la confianza en la Justicia se derrumbe por completo? Las Mujeres Juezas alzan la voz: la jurisprudencia valida el testimonio de la víctima. No es una opinión, es derecho consolidado. Y sin embargo, se ha vuelto a cerrar la puerta.
La sentencia que absuelve a Dani Alves no es solo una resolución judicial: es un símbolo de una regresión alarmante. La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de revocar una condena firme por violación no puede analizarse únicamente desde el prisma procesal. Su impacto va mucho más allá del caso concreto. Golpea directamente en el corazón de una lucha colectiva: la de miles de mujeres que han roto el silencio en un sistema judicial históricamente diseñado por y para los hombres.
Cuando la justicia niega su protección a las víctimas, deja de ser justicia y se convierte en cómplice
La reacción de las asociaciones de jueces y fiscales, que exigen a los representantes públicos "moderación" y "respeto", encierra una defensa corporativa que poco tiene que ver con la independencia judicial y mucho con la autocomplacencia. Confunden respeto con silencio, y crítica con amenaza. La independencia judicial, principio fundamental del Estado de Derecho, no puede utilizarse como muro de contención ante el legítimo debate público, especialmente cuando lo que está en juego es la credibilidad de las víctimas de violencia sexual.
La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, se limitó a señalar una evidencia: es inaceptable que aún se ponga en duda el testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que se atreven a denunciar a hombres poderosos. Y no, esto no es una intromisión en la Justicia. Es una interpelación ética y política a un sistema que, demasiadas veces, falla allí donde más se espera de él.
Frente al discurso autodefensivo de las asociaciones judiciales, destaca la intervención de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), que aporta un enfoque técnico, riguroso y apegado a la realidad judicial. Recuerdan, y con razón, que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido de forma reiterada y clara que la declaración de la víctima puede constituir prueba de cargo suficiente para condenar, incluso cuando no hay otras pruebas directas. Esta doctrina se ha consolidado especialmente en los delitos contra la libertad sexual, donde por su propia naturaleza suele haber una ausencia de testigos o pruebas materiales. Cuestionarla ahora es retroceder décadas.
Pero más grave aún es el modo en que ciertas resoluciones judiciales desnaturalizan esta doctrina al exigir a las víctimas niveles de coherencia, precisión y estabilidad emocional inalcanzables, diseccionando sus testimonios con un escepticismo patológico, y concediendo a contradicciones accesorias el poder de invalidar el conjunto de su relato. El resultado es perverso: una aparente perfección metodológica que encubre una injusticia material brutal.
La independencia judicial no puede significar impunidad estructural. Y la presunción de inocencia, pilar del sistema penal, no puede erigirse en una barrera insalvable frente a las víctimas, sino en un principio compatible con el avance de una justicia más sensible y efectiva para los delitos sexuales. La justicia no puede ser neutral en un contexto estructuralmente desigual. Porque cuando se opta por la neutralidad entre víctima y agresor, se está del lado del agresor.
No se trata, como temen algunos sectores conservadores de la judicatura, de sustituir pruebas por emociones, ni de convertir denuncias en condenas automáticas. Se trata de tomarse en serio el sufrimiento de las mujeres, de aplicar la doctrina existente con rigor pero sin prejuicios, y de comprender que el descrédito sistemático de los testimonios femeninos no es técnica jurídica, es cultura patriarcal incrustada en las prácticas judiciales.
Las declaraciones de Montero han servido como catalizador de un debate necesario. La respuesta corporativa del poder judicial revela que ese debate incomoda, pero precisamente por eso debe intensificarse. La justicia no es infalible ni está exenta de crítica. Es más: solo puede ser justa si está dispuesta a examinarse, a cuestionarse, y a cambiar cuando se demuestra que perpetúa desigualdades.
Las Mujeres Juezas nos lo recuerdan con contundencia y claridad: cerrar la puerta que tantas víctimas han conseguido entreabrir es una forma de violencia institucional. La impunidad no solo se construye con leyes injustas, sino también con sentencias que, bajo la apariencia de neutralidad, devuelven a las víctimas al lugar del silencio y la sospecha.
Hoy, más que nunca, hace falta una Justicia que no solo sea independiente, sino también valiente. Y eso incluye respetar la voz de las mujeres que denuncian, valorar sus testimonios como lo que son :pruebas, y no volver a blindar a los poderosos detrás de un falso tecnicismo judicial.
Porque cuando la justicia niega su protección a las víctimas, deja de ser justicia y se convierte en cómplice.