El gobierno de Isabel Díaz Ayuso lleva parte de razón cuando recurre la ley de eficiencia judicial argumentando que el ministerio de Félix Bolaños “no aporta cantidad alguna para poner en práctica el nuevo modelo”. El consejero de Presidencia y Justicia, Miguel Ángel García Martín, anuncia que llevará al gobierno central ante los tribunales argumentando que “el Estado está obligado, de acuerdo con las reglas que rigen el sistema de financiación autonómica, por el principio de lealtad institucional, a establecer mecanismos para evaluar el coste que supone la aplicación de medidas legislativas, obligación que resulta esencial para que las comunidades afectadas puedan conocer ese impacto y plantear, a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera, las oportunas medidas para sufragar y compensar esos costes. Hasta la fecha, no se ha recibido financiación por parte del Estado”.
En el ministerio dejan claro que la ley es de obligado cumplimiento. Pero sí que es cierto que nadie del departamento se ha reunido con las consejerías que tienen competencia exclusiva en materia de justicia. El titular madrileño de justicia advierte que “acabamos de realizar un requerimiento previo al gobierno central instándole a cumplir con sus obligaciones legales, el cual, de no ser atendido, nos llevará a formular el oportuno recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo”. García Martín denuncia que se trata de una norma que se ha hecho “sin contar con las comunidades autónomas que tenemos competencias en esta materia y, por lo tanto, la responsabilidad última de su ejecución”. El consejero estima que la reforma “supondrá para la Comunidad de Madrid un gasto de 43 millones de euros”. En cambio, en el ministerio de Bolaños argumentan que la nueva ley permitirá un ahorro de 300 millones en los próximos diez años y que sólo va a requerir una inversión inicial de 15 millones en el total de las comunidades porque no será necesaria la construcción de nuevas sedes judiciales, sino adecuar las ya existentes a la nueva estructura definida por la normativa.
La aplicación de la ley de eficiencia está siendo polémica. El próximo 1 de julio, según lo establecido en la norma, empezarán a funcionar los 436 tribunales de instancia que sustituirán a los 3.800 juzgados unipersonales. Se dividirán en secciones: civil, penal, social, mercantil, contencioso-administrativo, y de violencia sobre la mujer. Esta última es la que está generando más problemas ya que, en todo el país, no hay suficientes jueces especializados en este tipo de delitos.
El ministerio piensa destinar a estos nuevos juzgados al casi millar de jueces sustitutos que pasarán de ser interinos a la plantilla de la judicatura. Otro motivo de desacuerdo ya que, según las asociaciones de jueces y magistrados “se les introduce en la carrera judicial por la puerta de atrás” lo que iría en contra del articulado de la Constitución que regula la igualdad de oportunidades. Además, y aquí surge otro inconveniente, hacer fijos a los jueces sustitutos supone un nuevo gasto que deben asumir las comunidades con competencias en materia de justicia. También hay que tener en cuenta que a muchos de estos profesionales se les destinará a las secciones de violencia de género lo que implica un periodo de formación, más tiempo y mayores costes. Y de todo ello el departamento de Bolaños no dice nada. Se limita a comentar que la ley es de obligado cumplimiento para todos. Según cálculos de las asociaciones de jueces, la reforma implicará que, en algunas comunidades, la carga de trabajo aumente hasta un 20%
La presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, también ha pedido más recursos. En el transcurso de una reunión de presidentes de audiencias provinciales, la también titular del Tribunal Supremo insistió en la necesidad de que haya una suficiente dotación de medios, subrayando, en concreto, la ampliación de las competencias actuales de los juzgados de violencia sobre la mujer, una cuestión que ha suscitado "preocupación" en los órganos judiciales. De momento, el órgano de gobierno de jueces y magistrados ha constituido un grupo de trabajo que se encargará de la preparación y el despliegue de los tribunales de instancia y de dar respuesta a todas las interrogantes surgidas en el sector que fueron expuestas en las XX Jornadas anuales de presidentes y presidentas de los tribunales superiores de justicia.
La llamada “ley Bolaños” entró en vigor el pasado 3 de abril. La medida más inmediata ha sido la puesta en funcionamiento de los llamados MASC, Medios de Resolución Alternativos de Conflictos, que obliga a la negociación extrajudicial. De ahí que los colegios de abogados sean los primeros afectados por la reforma sobre todo los despachos especializados en civil y mercantil. Representantes del Consejo General de la Abogacía se han reunido con la directora del servicio público de Justicia, Verónica Ollé. En las próximas semanas se van a llevar a cabo cursos de formación. Y, otra vez, la misma cantinela. Nadie ha concretado quien financiará esos cursos, aunque todo parece indicar que irán por cuenta de las corporaciones de la abogacía.
Por mucho que el gobierno de Díaz Ayuso recurra a la sala de Lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, lo cierto es que la ley ha entrado en vigor y no existe la posibilidad de suspenderla cautelarmente. A lo más que pueden llegar los jueces de esa sala, especializados en poner patas arriba todas las iniciativas de los gobiernos progresistas, es a ordenar al ministerio a sufragar los gastos. Algo que entra dentro de la lógica porque, aunque en el ministerio de Justicia insistan en que el coste es mínimo, lo cierto es que la sola incorporación de nuevos efectivos, que implicará más LEAJS, y funcionarios, supone un gasto que, -el consejero madrileño, Miguel Ángel García Martín lleva razón-, debería de haberse debatido en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pero no ha sido así. Habrá que ver si de aquí a los dos meses y medio que faltan para que se formen los tribunales de instancia se encuentra una solución porque, siendo realistas, es necesaria una mayor dotación de recursos si se quieren modernizar las administraciones de justicia.