Mal se le pone a Félix Bolaños la tramitación parlamentaria de la reforma judicial. Junts condiciona su voto a la puesta en funcionamiento del consejo catalán de justicia, un órgano de gobierno de los jueces propio con competencia en el nombramiento de magistrados, y la obligatoriedad de que todas las acciones judiciales en el territorio se hagan en catalán. La creación del consejo de justicia pretendido por los de Puigdemont es inconstitucional según señalan los expertos juristas que advierten: el artículo 122 de la Carta Magna, que tras decir que los jueces y magistrados de carrera formarán un cuerpo único, establece que el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. Manuel Álvarez de Mon, abogado, exjuez y exfiscal, se pregunta si se podrían transferir esas competencias aplicando el artículo 150 de la Carta Magna: “en principio, la respuesta sería difícilmente afirmativa, pues rompería la unidad judicial que establece la Constitución como un elemento esencial del Estado. Unidad que no existe para otros órganos, como las fuerzas y cuerpos de seguridad, caracterizados por su pluralidad”. En el apartado 2 de este artículo se dice textualmente que “el Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes en materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación”. A esta norma es a la que se acogen los independentistas de Junts para pedir las competencias en materia de gobierno de los jueces. En el ministerio no se quiere contestar a las pretensiones de los parlamentarios del grupo catalán y se remiten a las negociaciones que se llevarán a cabo durante la tramitación parlamentaria de la reforma de Bolaños.
Junts sigue considerando prioritaria la amnistía para garantizar un regreso sin problemas judiciales a Carles Puigdemont. Los nacionalistas catalanes desconfían de los jueces a los que culpan de la demora en la aplicación de la medida de gracia, el punto esencial en la negociación de investidura de Pedro Sánchez. De ahí que en el entorno de Waterloo consideren necesario el traspaso de competencias en la materia para intervenir en el nombramiento de los magistrados que se encargarán de administrar la justicia en el territorio. Creen que así se podrán controlar sentencias como la de la sedición, el tres por ciento, El Palau de la Música o la financiación ilegal que acabó con CiU. O sea no sólo todo lo que tenga que ver con la autodeterminación sino también con la corrupción que hayan cometido sus dirigentes durante los años que ejercieron el poder.
En el entorno de la derecha nacionalista están convencidos de que todas estas condenas obedecen al intento de la judicatura instalada en Madrid para terminar con el separatismo. Sus enemigos son los miembros de la sala de Lo Penal del Tribunal Supremo y, en especial, el que fue su presidente, Manuel Marchena, y el instructor del procès, Pablo Llarena. Pero también creen que el enemigo está dentro de las instancias territoriales. Las “bestias negras” de los nacionalistas se encuentran instalados en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y en los juzgados de instrucción, principalmente en los de Barcelona.
Pero hay más. La clave de su exigencia no sólo hay que buscarla en un intento por neutralizar a los jueces enemigos del nacionalismo, sino también en el punto de partida para lograr la independencia a la que no renuncian. El autodenominado “Consejo Asesor para la Transición Nacional de Catalunya”, el organismo que diseñó la estrategia del proceso independentista en 2019 establecía como estructuras básicas para apuntalar la independencia “la hacienda y la administración económica y tributaria, la seguridad social, la seguridad pública, las infraestructuras, las telecomunicaciones, la energía, el agua, las relaciones exteriores y el poder judicial”. Algunas ya son competencia exclusiva de la Generalitat. Pero faltan las fundamentales. Una de ellas se va a negociar en la llamada “financiación singular”. Y la otra es la que piden, ahora, los diputados teledirigidos desde Waterloo por Carles Puigdemont.
La aplicación de la amnistía no la dan por perdida. La batalla del entorno nacionalista catalán se centra en el TJUE de Luxemburgo que el próximo 15 empezará a debatir las cuestiones planteadas por las autoridades españolas. A partir de ahí habrá que esperar al otoño para ver si el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre los recursos de amparo. Falta el de Puigdemont que se encuentra en fase de elaboración por parte de su equipo jurídico después de que se haya agotado la vía de recursos en el Supremo. Aun así, un sector mayoritario de la formación cree que no será suficiente con la medida de gracia ya que, según ellos, los jueces siguen represaliando al independentismo catalán.
Otra cuestión que se plantea tiene que ver con la obligatoriedad de que todos los actos administrativos en la judicatura del Principado se emitan en catalán. La Unión Europea todavía no se ha pronunciado sobre su oficialidad como idioma comunitario. Hay una fuerte resistencia por parte de algunos países que siguen planteando el coste económico que tendría tener que incluir en los trámites administrativos de Bruselas nuevos idiomas que consideran “periféricos”. Hay que recordar que este punto fue fundamental para que el grupo de Junts en el Congreso apoyara el nombramiento de Francina Armengol como presidenta.
Es lo que en Waterloo llaman “incumplimientos” del gobierno progresista. El problema, ahora, es que el interlocutor socialista, Santos Cerdán, ya no pertenece a la dirección y todavía en el PSOE no han decidido quien va a ser su sustituto. Porque el que vaya a ser tendrá una papeleta difícil. Mucho más que la del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien le han lanzado el órdago de que si quiere que apoyen una eventual moción de censura deberá viajar a Waterloo a entrevistarse directamente con el expresident.
Todo parece indicar que los puentes con el gobierno y con el PSOE de Pedro Sánchez, están rotos. Por eso al grupo parlamentario catalán ya no se le considera interlocutor y toda negociación sobre “la reforma Bolaños” va a ser complicada. Pero los nacionalistas tienen ese as en la manga, el traspaso de las competencias del poder judicial. Son palabras mayores.