A medida que se acerca el verano y, por lo tanto, la primera sentencia del Tribunal Constitucional sobre la amnistía, en Waterloo afloran los nervios. A Carles Puigdemont le han llegado dos mensajes diferentes. La primera posibilidad es que la corte de garantías falle a favor de la ley de amnistía. Después de lo ocurrido con la sentencia de los Eres de Andalucía, se da por segura la intervención del Supremo que presentará una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que significará un nuevo retraso en la aplicación de la medida de gracia. La segunda posibilidad es que la sentencia del TC considere sólo parcialmente la ley conforme a la carta magna. Hace unos días se filtró que la ponente, Inmaculada Montalbán, estudiaba la malversación como una figura delictiva de la que no cabe perdón apuntándose a la tesis de la sala de Lo Penal de que hubo enriquecimiento ilícito por parte de los condenados. Y si, al final, los jueces de Doménico Scarlatti se inclinan por esta opción, el expresident no podrá regresar a España sin riesgo de ser encarcelado. En Junts avisan de que si se produce esa posibilidad la guerra política está garantizada. Y no les importa si hay que convocar elecciones anticipadas y gana el PP gobernando con Vox. Creen que, incluso, les favorecería puesto que la gran perdedora de unos comicios anticipados sería la Esquerra Republicana de Oriol Junqueras con un trasvase de votos independentistas a su formación.
Y no es para menos la preocupación de Puigdemont y Junts. En el caso de que el Constitucional avale la ley de amnistía en su integridad, estará desautorizando al Tribunal Supremo. Y la sala de Lo Penal no dudará en poner el asunto en manos del TJUE mediante la presentación de una cuestión de prejudicialidad. Es por eso por lo que el presidente de la corte de garantías, Cándido Conde-Pumpido, quiere limitar la actuación de los jueces que se oponen a sus sentencias. A propósito de dos actuaciones, el laudo que ha enfrentado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y los Eres de Andalucía con la Audiencia de Sevilla, Conde Pumpido abrió un debate en el seno del tribunal que, al final, se cerró en falso debido a la fuerte presión de la caverna mediática. Y si no hay oposición a que Madrid y Sevilla acudan al TJUE, menos lo habrá con la sala de Lo Penal. El choque de trenes está asegurado.
Lo que importa en Waterloo no es la pelea jurídica. Los líderes de Junts repiten una y otra vez que no creen en los jueces españoles y, por lo tanto, poco les importan las luchas de poder que se susciten entre ellos. El problema es que una consulta al tribunal de Luxemburgo volvería a llevar la aplicación de la amnistía al punto muerto actual. No se podría aplicar y Puigdemont quiere volver a Catalunya. Y no sólo como un ciudadano más sino en olor de multitudes. Todavía cree que será recibido con honores de presidente. Y eso está por ver.
La inquietud en Junts ha llevado a algunos de sus dirigentes a criticar al gobierno de Madrid que, dice, “no hace lo suficiente para resolver el conflicto”. Poco pueden hacer en Moncloa. Al menos hasta que el TC resuelva. Y en el caso de Puigdemont menos todavía. No se le puede indultar porque ni siquiera está condenado. Las resoluciones sobre su situación proceden del instructor de la causa penal del procès, Pablo Llarena, que le sitúa en busca y captura dentro del territorio nacional. La única solución posible es que el inquilino de Waterloo se presentase ante las autoridades, fuese detenido, declarase ante Llarena y este le dejase en libertad tal y como sucedió con Clara Ponsatí. Esa posibilidad la descarta el dirigente independentista que pretende un recibimiento al estilo Josep Tarradellas en los años ochenta del siglo pasado, pudiendo aclamar “catalans ja sóc aquí”.
De la otra probabilidad, que el Constitucional avale sólo parcialmente la ley, todavía se desconoce su alcance. Lo único que se sabe es que la vicepresidenta de la corte, Inmaculada Montalbán, mano derecha de Conde-Pumpido, le ha asegurado que en junio tendrá lista la ponencia. Y lo que sí aseguran las fuentes próximas al tribunal es que los mayores reparos están en la interpretación del delito de malversación. Es importante el sentido que se de en torno a este asunto ya que es donde los jueces de la sala segunda del TS insisten más. Dicen que los soberanistas catalanes contravinieron la legislación europea en materia de corrupción y su argumento es similar al utilizado por el Tribunal de Cuentas: utilizaron dinero público para llevar a cabo sus acciones en favor del referéndum del 1-O por lo tanto se aprovecharon personalmente. No se enriquecieron, nadie ha dicho eso, pero para financiar sus intenciones deberían haber puesto su patrimonio y no el público.
Ahí es donde la jueza Montalbán intenta encontrar una salida porque sabe que si no afina se encontrará con los magistrados de Luxemburgo y la cosa puede acabar en enfrentamiento, algo que evitan las autoridades españolas. Por lo tanto, no es descartable que esta primera sentencia no sea todo lo favorable que quieren los independentistas catalanes. Y no sólo afectará a Puigdemont sino también a todos aquellos que han sido condenados por malversación. No sólo Junqueras y compañía, sino también los altos cargos que se encuentran pendientes de la resolución de la corte de garantías para que sus juicios sigan adelante o, por el contrario, sus procesos se archiven.
Es mucho lo que está en juego, no sólo el futuro de Carles Puigdemont. Lo que en Junts se deben pensar bien es si toman represalias ante la posibilidad de una sentencia contraria. En Suiza, los negociadores del PSOE y Junts intentan aparcar este asunto para dar un impulso a los temas pendientes de acuerdo según el compromiso contraído para la investidura de Pedro Sánchez. En Moncloa, de momento hay tranquilidad, pero sin Junts la crisis parlamentaria es un hecho. Y, aunque lo nieguen, la posibilidad de elecciones anticipadas es cada vez mayor.