Quien adelantó que la titular del juzgado número 1 de Barcelona, Alejandra Gil, iba a archivar el caso Negreira se equivocaba. No sólo no lo ha cerrado, sino que ha prorrogado la instrucción otros seis meses reconociendo, eso sí, que las diligencias “se encuentran en el mismo punto” que en la fecha en la que dictaminó la anterior prórroga porque está pendiente de la declaración como imputados de Sandro Rosell y Josep María Bartomeu y, ahora, ha decidido llamar como testigos a Joan Laporta, que en un principio tuvo la condición de investigado por haber sido presidente en la etapa en la que el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros recibió dinero de la entidad, y los entrenadores Luis Enrique Martínez y Ernesto Valverde a los cuales se les preguntará sobre si tenían conocimiento de los informes técnicos que José María Enríquez Negreira y los directivos de la entidad blaugrana justifican como pago de sus retribuciones. La comparecencia de los imputados está prevista para el día 18 de este mes y las de los testigos el 25 de noviembre. Si para entonces no es necesaria la práctica de nuevas diligencias es bastante probable que la magistrada proceda a la conversión del sumario en procedimiento abreviado, el procesamiento de los imputados y la apertura del juicio oral.
Pero, como dice la instructora, las declaraciones de los imputados pueden dar lugar a nuevas diligencias como el rastreo del dinero o testificales de personas que puedan confirmar la versión de los investigados. Porque de lo que se trata es de que se aclare el motivo por el cual Enríquez Negreira y su hijo recibieron 7,6 millones de euros entre los años 2001 y 2018 que el club justifica como abono por la confección de 629 informes técnicos arbitrales.
Laporta llegó a estar investigado por decisión del anterior instructor, el magistrado Joaquín Aguirre, aunque la Audiencia de Barcelona revocó su imputación al entender que su eventual responsabilidad penal por los hechos estaría prescrita. Además de Bartomeu, Rosell, Enríquez Negreira y su hijo se encuentran imputados los directivos Albert Soler, Óscar Grau, entre otros, y el futbol club Barcelona como entidad jurídica.
El sumario ha sufrido muchas dilaciones. Incluso los abogados de los imputados presentaron un recurso de apelación porque dicen haber recibido el auto donde se confirma la prórroga de la instrucción días después de agotado el plazo. Los letrados de Bartomeu y Rosell, además, han pedido el aplazamiento de la comparecencia de sus clientes alegando diversos compromisos personales. Pero la realidad es que el anterior instructor, el jubilado juez Joaquín Aguirre, mantuvo la causa en el cajón de su despacho sin apenas llevar a cabo diligencias.
El dirigente arbitral intentó sustraerse a la obligación de declarar alegando demencia, lo que también provocó retrasos. Al final reconoció que la entidad le pagó para evitar que se tomaran decisiones en contra del club. En un principio se dijo que los pagos, demostrados por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, obedecían a la elaboración de unos estudios de asesoramiento técnico sobre arbitraje. Se pretendía obtener información y análisis para comprender mejor las decisiones arbitrales y mejorar su rendimiento en el campo.
Otra de las líneas de la investigación se refiere a las actividades del hijo del exvicepresidente del CTA, Javier Enríquez. Este facturaba a la entidad a través de la sociedad Tresep, propiedad del exdirectivo del club, Josep Contreras Arjona, que, a cambio, obtenía una comisión que podía llegar al 50% de lo facturado. Existen testimonios que aseguran que Javier Enríquez estuvo presente en los vestuarios del equipo en numerosas ocasiones y que era el que llevaba los “regalos” a los árbitros como tarjetas amarillas y rojas personalizadas, y monedas para sortear los campos con el nombre y apellidos de los beneficiarios, así como jamones por un valor total de 10.000 euros, entradas para partidos de futbol, palas de playa, sombrillas y bolsas enfriadoras. Ni el club ni Negreira han conseguido acreditar el motivo de los pagos. Los famosos informes no aparecen. Las declaraciones de Laporta, Luis Enrique y Valverde pretenden, precisamente, averiguar si efectivamente se realizaron esos supuestos informes y se entregaron a los responsables deportivos del equipo.
El caso Negreira comenzó en mayo de 2022 cuando la AEAT denunció ante la fiscalía Anticorrupción la existencia de unos pagos del FC Barcelona a José María Enríquez Negreira que, presuntamente, no obedecían a ningún trabajo real. El 28 de septiembre de 2023 el juez Joaquín Aguirre imputó al Fútbol Club Barcelona por delito de cohecho. También inició una investigación contra Enríquez Negreira y su hijo y los expresidentes azulgranas Josep María Bartomeu y Sandro Rosell. El escándalo estalló hasta tal punto que provocó la intervención de los organismos rectores del futbol, la UEFA y la FIFA quienes han dicho que no adoptarán medidas contra la entidad blaugrana hasta que se pronuncien los tribunales.
La justicia investiga presuntos delitos de corrupción entre particulares, cohecho, administración desleal, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. Es muy probable que los actuales investigados acaben por sentarse en el banquillo acusados de todos estos delitos. De ser así el juicio tendrá gran repercusión social. José María Enríquez Negreira fue vicepresidente del organismo que gestiona los arbitrajes en el fútbol español desde 1996 hasta 2018. Por su condición, tenía potestad para calificar a los colegiados que dirigían los partidos de futbol. Designaba a los árbitros internacionales, y decidía los ascensos y descensos de categoría. Hay varios clubes de futbol que se consideran perjudicados por su gestión y alguno, como el Real Madrid, se han personado como acusación particular.
Todavía queda lejos una condena en firme, si es que llega a producirse, ya que, como pronto, la Audiencia de Barcelona no enjuiciará a los implicados hasta finales de 2026. Luego habrá los correspondientes recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, y el Supremo. Es bastante probable que se tarde unos cuantos años en conocer el desenlace de este asunto que socialmente repercute en el espectáculo hasta el punto de cuestionar el sistema arbitral. En los estadios y campos de futbol españoles es muy habitual escuchar gritos de “Negreira, corrupción en la Federación”. De hecho, en fuentes de la patronal del futbol profesional, la LFP, reconocen que el asunto está perjudicando la imagen deportiva de España y que la justicia debería aligerar los resultados de su investigación. Pero ya se sabe la lentitud con que actúan los jueces de este país, incluso para una actividad de las consideradas fundamentales para país, socialmente hablando, como es el futbol.