La jueza que instruye el sumario del caso González Amador ha ofrecido al Grupo Quirón personarse como perjudicado, pero todo indica que no lo va a hacer. Es perfectamente normal. Sus directivos no aprecian irregularidad alguna en la conducta del novio de Isabel Díaz Ayuso y del presidente de Quirón Prevención, Francisco Camino. El primero compró a la mujer de éste una sociedad que luego utilizó para facturar al grupo. Circulo de Belleza se adquirió por 500.000 euros cuando, según la Agencia Tributaria, carecía de valor, sin empleados y con tres aparatos de depilación. Cambió su nombre llamándola Masterman & Whitaker y la integró en Maxwell Cremona, cuyo administrador único es González Amador y que sirvió para facturar las comisiones que fueron objeto de inspección fiscal. Tanto el ministerio público como la AEAT sospechan que esa operación podría encubrir una comisión a Fernando Camino. Y eso es lo que se está investigando en una pieza separada en la que se ha ofrecido a Quirón su incorporación como acusación particular. Pero la compañía va a rechazar la oferta y tiene sentido. La pareja de Ayuso factura a través de su sociedad, pero también hay indicios de que trabaja en el gigante sanitario. Tiene una dirección de correo electrónico corporativa, su despacho está a pocos metros del del presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino, y su contacto de teléfono móvil figura como “Alberto Quirón”. Personarse como acusación sería tirar piedras contra su propio tejado.
Pero es que, además, el grupo tiene una estrecha relación con el gobierno de la Comunidad de Madrid. Es el gran beneficiado de la política de privatización de la sanidad en la región. Hace escasos días, coincidiendo con la citación en el juzgado de González Amador, la consejería de sanidad abonó 464 millones de euros al grupo, la mitad de la deuda contraída por la prestación de servicios. El sistema de gestión es de sobra conocido. Quirón se encarga de los servicios médicos en la casi totalidad de los hospitales públicos de la Comunidad a través de su centro emblemático, la Fundación Jiménez Díaz. Por tal motivo factura unos honorarios. Hasta hace poco, la deuda contraída se acercaba a los mil millones. Ahora se ha visto reducida. Además, se ha generado una fuerte controversia entre los usuarios de los servicios sanitarios que se quejan de deficiencias. En algunos centros, incluso, ha habido conatos de huelga entre los facultativos, sanitarios, servicios auxiliares y administrativos por la carga de trabajo y la escasa retribución. Aún así, el gobierno de Díaz Ayuso sigue adelante con esta relación mientras que el novio de la presidenta multiplica por cuatro su facturación.
Por lo tanto, es perfectamente normal que Quirón no vaya a presentarse como acusación particular por mucho que le haya perjudicado las operaciones presuntamente irregulares examinadas en el juzgado número 19 de Madrid. Es más. Desde un principio, Quirón ha exculpado a González Amador cuando sólo se investigaba un posible delito fiscal descubierto en las declaraciones del Impuesto de Sociedades de Maxwell Cremona correspondientes a los años 2020 y 2021. A requerimiento de la AEAT, que inspeccionaba las cuentas de la sociedad, el director de grandes cuentas de Quirón Prevención, Emilio Conde, expidió un certificado en el que manifiesta que “Quirón prevención tiene una relación contractual suscrita en un acuerdo marco con la organización Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos S.L para prestar servicios en nuestros clientes en territorio nacional y en el extranjero a demanda de Quirón prevención, siendo Alberto González Amador el director de Proyectos y quien asume la interlocución con los clientes desde la fase comercial hasta su ejecución final”.
Ya de por sí, esta certificación induce a confusión porque siempre se ha dicho que Alberto González Amador era un comisionista que facturaba por el suministro de productos y servicios pactados. Es decir, una relación externalizada del tipo de las existentes en las relaciones comerciales habituales. Pero la frase “Alberto González Amador, director de proyectos, quien asume la interlocución con los clientes” da lugar a las más diversas interpretaciones.
A lo más que ha llegado el grupo Quirón es a decir que “seguirá de cerca el camino de la justicia” en este asunto, pero no se van a mojar. Es más, tanto la fiscalía como las acusaciones particulares están convencidas de que, si los representantes legales del grupo se ven obligados a acudir al juzgado suscribirán íntegramente la versión de González Amador y Francisco Camino. A Quirón le interesa seguir manteniendo el actual sistema de relaciones con la sanidad pública madrileña. Además, algunos altos directivos del gigante sanitario están en el punto de mira no sólo de la jueza sino de los inspectores tributarios. El certificado de Emilio Conde le ha puesto en el disparadero judicial. Algo parecido ocurre con Fernando Camino.
No sólo está la compra de la sociedad de la mujer del presidente de Quirón Prevención sino también una serie de contratos para que González Amador hiciese las gestiones oportunas para la expansión del grupo en Latinoamérica. Ahí están los 726.000 euros que Quirón abonó a Masterman en concepto de “consultoría de clientes” que acabaron en Maxwell Cremona lo que permite asegurar a la jueza instructora que Masterman es una “sociedad pantalla” a través de la cual se elude el pago de impuestos.
De las pesquisas judiciales, de momento, poco se puede aclarar. La instrucción de la pieza separada está siendo más complicada de lo que parecía en principio. Se ha utilizado la ingeniería financiera que dificulta la labor de los inspectores de la Agencia Tributaria. Y, encima, no se va a poder contar con la colaboración del gigante sanitario que tiene fuertes intereses económicos en este asunto. Al grupo Quirón no le interesa aportar todos aquellos datos que obran en su poder porque está en juego el práctico dominio de la asistencia hospitalaria en la Comunidad de Madrid que, mientras tanto, sigue siendo objeto de quejas por parte de los usuarios y, lo más grave, la advertencia de los profesionales defensores de la sanidad pública de que en la Puerta del Sol se está diseñando un plan para privatizarla integralmente.