Amenudo suele hablarse del Estado de bienestar como un ente abstracto, casi metafísico, olvidándose que el concepto se reduce a una cuestión muy simple: cuánto dinero tenemos y dónde lo gastamos. El Estado de bienestar se traduce en los impuestos que pagamos, de tal manera que sin tributos no hay Estado de bienestar. Es así de sencillo.
Estos días la derecha ha iniciado una agresiva campaña electoral anticipada, no ya para modificar algunos impuestos como el de Patrimonio con el fin de beneficiar a las rentas más altas y privilegiados de siempre, sino lo que es todavía más peligroso y letal: para propalar la idea de que los impuestos son indeseables, nocivos, dañinos para las economías familiares, así que es preciso acabar con ellos. De todas las ideas nefastas que ha ido dejando tras de sí el Partido Popular en estos años de crisis y pandemias, quizá sea esta la más letal para la convivencia y el contrato social del que nos hablaba Rousseau. A fuerza de manipulaciones y bulos como los que suele difundir Isabel Díaz Ayuso en Madrid (ahora también Juanma Moreno Bonilla en Andalucía), se ha terminado por instalar en la sociedad una cultura de la insolidaridad, del escaqueo tributario y, por qué no decirlo, del fraude fiscal.
¿Cómo desmontar las patrañas de la ultraderecha (al PP hay que empezar a situarlo ya en ese lugar del espectro político después del reciente pacto secreto de coalición supuestamente suscrito entre Feijóo y Abascal) hasta hacerle entender al ciudadano que la espina dorsal de la democracia reside precisamente en un sistema fiscal redistributivo, progresivo y equitativo? Solo hay dos maneras: primero acometiendo una reforma impositiva en profundidad que sitúe a España a la vanguardia de los países europeos; y después haciendo mucha pedagogía, o sea, explicándole al pueblo cómo están los números, exponiéndole con toda crudeza el estado de las cuentas públicas y contándole la verdad por encima de demagogias populistas y propaganda electoral. Al español hay que decirle claramente que, si no paga impuestos, llegada la hora de operarse de algo o de revisarse el epigastrio, no podrá hacerlo si no contrata un costosísimo seguro privado. Entonces, cuando se encuentre tirado en un pasillo de urgencias sin médicos que le atiendan y retorciéndose de dolor, caerá en la cuenta de lo importante que era el buen funcionamiento del Estado de bienestar. Un claro ejemplo de aprendizaje intelectual por la vía de la experiencia.
Llegados a este punto, cabe preguntarse si el Gobierno de coalición va en la buena línea. La cuestión didáctica no parece que la esté afrontando de la forma más eficaz, ya que mientras PP y Vox siguen convenciendo a la opinión pública de que es posible mantener el Estado de bienestar sin pagar impuestos, los barones socialistas se suben alegremente a ese mercadillo vergonzante para ver quién se evade más y cumple menos con el fisco. El paradigma del bochornoso sainete que están dando nuestros dirigentes políticos lo encarna el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, quien tras calificar el espectáculo del mercadeo con los impuestos como “lamentable” ha terminado reconociendo que él también tendrá que sumarse a esa “marea” para no quedarse atrás (para no perder las elecciones, debería haber dicho, siendo sincero, el mediático presidente cántabro). En esa misma línea se ha expresado Felipe González, que pide “afrontar seriamente una reforma fiscal”. Obviamente, al patriarca del PSOE habría que preguntarle por qué se aparca ese ineludible proyecto cada vez que gobiernan los socialistas. Demasiadas presiones de las grandes fortunas y multinacionales, demasiados patriotas de salón que se resisten a contribuir como deben con la prosperidad de su país. Y así llevamos desde 1978. Cada medida que se acomete es un parche, fontanería provisional, maquillaje político electoral.
La batalla de la pedagogía la tiene perdida la izquierda de este país, pero es que además va camino de perder también la batalla de las necesarias y urgentes reformas. El pasado mes de marzo, un grupo de economistas y expertos remitió al Ministerio de Hacienda el ansiado Libro Blanco para una reforma fiscal en España, un documento de vital importancia que debía avanzar en una mejor recaudación y distribución de la riqueza en nuestro país. La susodicha reforma es una de las grandes asignaturas pendientes de nuestra democracia y hasta hoy ningún partido ha tenido el valor suficiente para acometerla en toda su profundidad. El informe, que consta de 700 páginas, recogió una serie de imprescindibles recomendaciones para construir un sistema tributario mucho más moderno, eficiente y justo que evite que cada comunidad autónoma pueda ir por libre, constituyéndose en un intolerable paraíso o dumping fiscal dentro de nuestras fronteras.
En el Libro Blanco se plantean, entre otras muchas, cuestiones como mantener un tipo general del IVA, eliminando los reducidos y superreducidos, lo que permitiría incrementar la recaudación en 27.100 millones; establecer un sistema de compensación para las rentas más bajas; una prestación para trabajadores con bajos salarios y otra por hijos menores de 18 años; gravar severamente el tabaco, el alcohol y las energías contaminantes (impuesto verde); acabar con las deducciones y bonificaciones fraudulentas; e incluso suprimir el “tratamiento privilegiado” para las dietas y asignaciones de los cargos públicos como diputados, senadores, alcaldes y concejales. Todas estas medidas deberían ir acompañadas de un refuerzo en las plantillas de la Inspección de Hacienda para luchar contra el fraude fiscal, que en España ocasiona pérdidas anuales por importe de 60.000 millones de euros en impuestos evadidos más otros 31.000 millones por cuotas defraudadas a la Seguridad Social, según Gestha.
Sin duda, en el Libro Blanco está la clave para avanzar hacia un Estado de bienestar mucho más fuerte, solidario y con servicios públicos de calidad. ¿Qué fue de aquella magnífica idea?, habría que preguntarle al Gobierno. Debe andar en el cajón de algún ministerio, desde luego no dirigido por Podemos, al que se ha apartado de la política fiscal. En el de Calviño, un suponer.