Todos, a derecha e izquierda, han lanzado las campanas al vuelo. Pero todavía queda mucha tela que cortar en torno a los jueces y su órgano de gobierno. Es cierto que, a partir de ahora, las instancias superiores que se encuentran en una situación límite en lo que se refiere a recursos humanos, Tribunal Supremo, y tribunales territoriales, van a recibir un aluvión de nombramientos de magistrados que permitirán aligerar su precaria situación que estaba a punto de convertirse en dramática. Pero todavía queda una importante incógnita que deberá resolver el pleno del nuevo consejo: la reforma de la ley orgánica que “reforzará la independencia del poder judicial”.
Al mismo tiempo, se añade una coletilla en la que poco se ha reparado pero que es de trascendental importancia: en dicha reforma también se incluirá un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la gran batalla que se está dando ahora mismo en el seno del ministerio público donde la conservadora Asociación de Fiscales, mayoritaria en el Consejo Fiscal, quiere acabar, de una vez por todas, la designación de su superior, el fiscal general, por parte del Gobierno, algo que habría que ver si es constitucional. Y, sobre todo, si esa reforma culmina, habrán logrado la victoria por la que han luchado en los últimos meses, la sustitución de Álvaro García Ortiz, considerado la bestia negra de la derecha judicial.
Ya lo habíamos adelantado en Diario16+. También se acuerda un importante nombramiento que acaba, de una vez por todas, con las sospechas en torno al Tribunal Constitucional. El nuevo magistrado, propuesto por el PP, José María Macías, que sustituye a Alfredo Montoya quien renunció por motivos de salud el verano del año pasado, procede del caducado Consejo General del Poder Judicial por lo que, ahora, la derecha judicial deberá mantener la boca cerrada sobre las simpatías políticas de los jueces de la corte de garantías ya que Macías es miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura, y también ha sido un alto cargo de la Generalitat catalana, concretamente director general de asuntos contenciosos.
Pero lo que más destaca del nuevo miembro del TC es que durante su mandato ha sido uno de los vocales mas duros en el seno del sector conservador en el Consejo General del Poder Judicial. Es el inspirador del famoso informe sobre la amnistía cuando todavía no había sido presentada la proposición de ley, y se ha mostrado beligerante contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Lo que ocurre es que su concurrencia no varia la composición de fuerzas que queda establecida en siete progresistas y, ahora, cinco conservadores. Eso sí, habrá que tener en cuenta que algún magistrado puede abstenerse o ser recusado. Es el caso de Juan Carlos Campo, que fue ministro de justicia con Pedro Sánchez, y la derecha judicial le acusa de ser el inspirador jurídico de la ley de amnistía por lo que será recusado.
El nuevo presidente del CGPJ ya no será nombrado por el gobierno, sino que será elegido por mayoría de tres quintos de los vocales, es decir 13 de los veinte designados por el Congreso y el Senado. Lo mismo ocurrirá con la reforma de la ley orgánica del poder judicial en la que se incluirá un nuevo método de elección de los vocales del CGPJ.
Por lo demás, pocas novedades sobre lo que se acordó en otras ocasiones y que, finalmente, nunca llegó a ponerse en marcha. El PP consigue que los socialistas den el visto bueno a una de sus grandes apuestas en materia de “puertas giratorias”: que los jueces que hayan tenido alguna responsabilidad política no puedan ejercer tareas jurisdiccionales hasta dos años después de su cese. El acuerdo también incrementa a 20 años el tiempo que deben haber cumplido los miembros de la carrera judicial para poder ser nombrados magistrados del Tribunal Supremo. En la redacción actual se exigen 15 años de ejercicio en la carrera judicial.
Habrá que conocer, en los próximos días la letra pequeña, si es que hay algún compromiso que no se ha dado a conocer. En cuanto a la personalidad de los candidatos pocas novedades. Se ha buscado un equilibrio entre magistrados, fiscales, abogados, juristas “de reconocido prestigio” y letrados de la administración de justicia, antiguos secretarios judiciales.
Se sabe, también, que Pedro Sánchez les ha pedido que elijan a una mujer como presidenta. Si se hace caso a lo que pide el jefe del ejecutivo, la cosa quedaría entre Esther Erice, afiliada a Juezas y Jueces para la Democracia, Lucía Avilés, fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas de España, Inés Herreros, expresidenta de la Unión Progresista de Fiscales, Argelia Queralt, letrada del Tribunal Constitucional, progresista, y las conservadoras Esther Rojo, portavoz de la omnipresente Asociación Profesional de la Magistratura, Gema Espinosa, exdirectora de la Escuela Judicial, también afiliada a la APM, Pilar Jiménez, fiscal superior de Cantabria y dicen que abiertamente enfrentada a García Ortiz, e Isabel Revuelta, una de las letradas de las Cortes que firmó el famoso manifiesto contra la amnistía cuando todavía ni siquiera se conocía la proposición de ley.
Cuatro mujeres vocales progresistas frente a cuatro conservadoras. De alguna de ellas debería salir la nueva presidenta del CGPJ si se cumple la demanda de Pedro Sánchez. Hay equilibrio entre ambas tendencias, diez para cada una de las posturas ideológicas. Alguno es considerado una leyenda en la sociedad civil como es el caso de Esther Erice, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que se opuso frontalmente a la rebaja de la condena de La Manada, y José María Fernández Seijo que se opuso a los desahucios hasta llevar la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Cuando estos veinte vocales tomen posesión, sus debates van a ser muy divertidos porque nadie duda de que, aunque se haya resuelto una crisis constitucional, la guerra emprendida por la derecha judicial se va a seguir manteniendo. En ambos sectores hay brillantes juristas muy comprometidos socialmente. Eso es algo con lo que se ha salido ganando