Se llama Guadalupe Sánchez y es la encargada de representar legalmente al rey emérito, Juan Carlos I, en la demanda que ha presentado contra el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, por una presunta vulneración en su honor. Esta abogada es la que lleva, también, las denuncias civiles del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, contra periodistas y políticos que le han llamado “delincuente confeso”, incluido Pedro Sánchez. En total son 495.000 euros que exige a miembros del Partido Socialista y a cinco periodistas, Xabier Fortes, de TVE, Enric Juliana, de La Vanguardia, y los tertulianos Luis Arroyo, Pablo Simón y Alan Barroso. Sánchez fue contratada para estas demandas mientras que Carlos Neira sigue llevando la defensa penal. Dirige el bufete Novalex, un despacho que capitanea a medio camino entre Madrid y Alicante, y es tertuliana y columnista de varios medios de comunicación. Escribe asiduamente en el digital de extrema derecha The Objective como articulista y también en Libertad Digital. Participa en la tertulia del matinal que dirige Carlos Herrera en la Cope, El Cascabel de Trece TV, y en El Toro TV. No hace falta hacer más comentarios sobre su adscripción ideológica.
Al margen de su actividad personal, es interesante analizar su trayectoria como abogada civilista especialista en demandas contra el honor. Ese tipo de demandas son muy rentables para los despachos de abogados, no sólo por los resultados que se pueden obtener para los clientes sino también porque generan ingresos referidos a las costas judiciales. En el supuesto de que se gane la demanda, la condena en costas suele ser elevada. Dependiendo de la instancia oscila entre los 6.000 y los 10.000 euros según la tasación que efectúe el letrado. Lascostas judiciales son los gastos que se deben cubrir durante un proceso. Incluyen honorarios de profesionales, copias y trámites administrativos. Los implicados en un procedimiento son quienes deben abonarlas, aunque es probable que el juez indique la condena mediante la cual el perdedor del juicio está obligado a pagarlas. De ahí el negocio. Aparte, claro está, del porcentaje que se obtiene por la indemnización si es que llega el caso.
González Amador ha demandado a trece políticos del PSOE y Más Madrid, y a cinco periodistas. En total, 18 partes judiciales. De prosperar esas demandas, la abogada podría ganar más de 100.000 euros, independientemente de las tasas del procurador. De ahí su interés además de la publicidad que para su bufete supone este tipo de procedimientos.
No es el primer caso mediático de Guadalupe Sánchez. Entre otros destaca el del cineasta Carlos Vermut, denunciado por varias mujeres por abusos sexuales El director inició acciones legales contra El País, medio que había publicado la noticia en enero de 2024, así como contra su directora Pepa Bueno y los periodistas que firmaron los artículos relacionados con el caso. Donde adquirió cierta notoriedad fue por el robo en su domicilio de un ordenador porque el suceso coincidió con el hecho de que se había hecho cargo de las demandas de González Amador lo que dio lugar a ciertas sospechas. Se mezclaron informaciones que apuntaban a que los autores del hecho no eran delincuentes comunes. Ella misma estableció una posible relación con el caso llevado a cabo: “lo que pasa es que, al comunicarlo, algunos compañeros con los que colaboro en la representación de un cliente muy concreto, que es Alberto González Amador, empezamos a poner información en común. Y resulta que a uno de ellos también le entraron en su vivienda Llamativamente no se llevaron nada, pese a que tenía cosas que a los típicos raterillos les podía interesar”. De ese suceso nunca más se volvió a hablar cuando la policía detuvo en Algeciras a los autores de los robos con el botín sustraído resultando que eran delincuentes comunes que intentaban pasar a Marruecos la mercancía sustraída.
Este tipo de demandas civiles tienen escaso recorrido porque los tribunales ponderan los hechos denunciados con el derecho constitucional a la libertad de expresión. El Tribunal Supremo se ha pronunciado en numerosas sentencias. En una de ellas, 606/2019, de la sala de Lo Civil se dice textualmente que “es verdad que ni la libertad de información ni la libertad de expresión ampara el uso de expresiones inequívocamente injuriosas o vejatorias sin relación con el juicio de valor que se pretende transmitir pero también las expresiones deben analizarse no atendiendo a su estricto significado gramatical aisladamente consideradas, sino en relación con el contexto donde puede perder o ver disminuido su significado ofensivo. En estos casos debe dejarse a un lado una concepción abstracta del lenguaje en beneficio de una concepción pragmática según la cual el lenguaje, como actividad humana de orden práctico, debe considerarse en relación con su contexto”. La sentencia la firma uno de los juristas más prestigiosos de este país, Francisco Marín Castán, y en ella deja clara que cualquier expresión que el demandante pueda considerar ofensiva y contraria al derecho al honor debe ponderarse en el ámbito de la libertad de expresión siempre y cuando se haya manifestado como opinión.
Otra cosa sería si se evalúa como una información, en la cual hay obligación de demostrar las calificaciones que se hayan efectuado. Pero en lo que se refiere a González Amador y don Juan Carlos, las expresiones utilizadas se efectuaron a modo de opiniones. Concretamente, el novio de Díaz Ayuso acusa a los demandados de haberle calificado de “delincuente confeso” cuando la realidad era que su abogado, Carlos Neira, había enviado a la fiscalía de Madrid un correo en el que reconocía haber defraudado cierta cantidad en las declaraciones del Impuesto de Sociedades correspondientes a 2020 y 2021. Es bastante difícil, después de comprobar las reflexiones del magistrado Castán, que las demandas prosperen. Y en el caso de Miguel Ángel Revilla ocurre otro tanto de lo mismo.
Aún así, la abogada Guadalupe Sánchez sigue adelante con las demandas. Es muy sencillo de explicar. En los despachos de abogados siempre dicen a los clientes que el “no” es seguro y siempre cabe la posibilidad del fallo a favor por difícil que sea. De momento tienen ganada una batalla, la mediática. La extrema derecha se ha puesto a trabajar para sacar rendimiento político a un asunto con escaso recorrido jurídico.