El Tribunal Supremo acaba de abrir la caja de pandora. Las responsabilidades penales ya no se circunscriben a un comunicado o una nota de prensa, sino a correos electrónicos que deberían ser protegidos internamente pero que si son filtrados se convierten en actuaciones delictivas. Y no se trata del caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sino de los de José Luis Ábalos, Koldo García o José Manuel Villarejo, entre otros, que han denunciado o se han querellado porque la policía les ha intervenido documentos internos, conversaciones telefónicas, correos o grabaciones que les relacionan con actuaciones al margen de la ley. Hace años los jueces desestimaban este tipo de intervenciones y filtraciones públicas si no mediaba su autorización. Ahora vale todo.
El problema está en que cada miembro de la judicatura las evalúa de diferente manera. Por ejemplo, el integrante del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco José Goyena, rechazó la demanda del periodista Máximo Pradera, contra el titular del juzgado número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, por revelación de secretos, un fallo que le permite seguir filtrando toda clase de documentos del sumario. Y, al mismo tiempo, este magistrado de la alta instancia madrileña fue el que pidió al Supremo que admitiese a trámite la denuncia contra García Ortiz con los argumentos que han permitido la apertura de la investigación. Por cierto, los que han brindado por todo lo alto han sido los abogados del novio de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, y el colegio de abogados de Madrid, una corporación que, como siga manteniendo esta política va a obligar a la prensa a rechazar sus comunicados por manipuladores y tendenciosos.
La libertad de información corre serio peligro en este país. En fiscalía ya han advertido a los periodistas que cubren la actualidad de los tribunales que, a partir de ahora, va a ser difícil utilizar a los miembros del ministerio público como fuente de noticias. Y si eso ocurre, si los fiscales cortan el grifo, se corre el riesgo de que haya que fiarse exclusivamente de las partes personadas en el proceso, que suelen facilitar datos llenos de sesgo, poco neutrales, porque ha de obedecer a los intereses de aquellos a los que representan.
La actividad de los tribunales de justicia es poco transparente. Los jueces, en la mayoría de los casos, no suelen hablar. Es más, hace años, la orden era evitar cualquier filtración bajo amenaza de apertura de expediente. Algunos magistrados que, a finales del siglo pasado, se atrevieron a manifestarse públicamente o a filtrar datos de las instrucciones que llevaban a cabo, se encontraron con expedientes que acabaron en traslados forzosos, incluso en procesamientos por prevaricación. Y si no que se lo pregunten a Javier Gómez de Liaño, Baltasar Garzón o Miguel Moreiras.
Para acabar con ese estado de cosas, las instancias judiciales decidieron la apertura de gabinetes de prensa que, en realidad, sirven de poco, por no decir de nada. Sus notas de prensa se difunden cuando el asunto ya ha sido filtrado, Incluso ya no se guarda el debido respeto a la calificación del secreto de un sumario porque ni siquiera los jueces, caso de Peinado, la respetan.
Fuera del ámbito judicial también cabe señalar que de la Agencia Tributaria han salido datos de contribuyentes que están prohibidos por ley. Y no hablemos ya de las policías judiciales, principalmente la UCO de la Guardia Civil y la UDEF de la Policía Nacional que han filtrado a medios de comunicación averiguaciones sobre las investigaciones que llevan a cabo incluso mucho antes de que lleguen a manos del juzgado correspondiente.
Es cierto que hay un abuso en lo que se refiere a las filtraciones periodísticas. Un abuso que ya traspasa la línea roja de lo tolerable hasta convertirse en bulos. Habría que preguntar al jefe de gabinete de Díaz Ayuso, cómo se atrevió a predecir la imputación de García Ortiz una semana antes. Miguel Ángel Rodríguez muy versado, por cierto, en materia de comunicación, tendría que declarar porque, según se ha dicho por ahí y no lo ha desmentido, fue el autor del bulo que dio origen a la nota aclaratoria de fiscalía. Y también habría que pedir aclaraciones al abogado de González Amador porque los correos por los que se va a investigar al fiscal general del Estado fueron intercambiados con su bufete como también fueron manejados por una treintena de personas. Nadie está libre de haber filtrado esos documentos por mucho que el FGE quiera hacerse el héroe responsabilizándose de un asunto en el que intervinieron mucha gente con dudosos intereses.
Si acaban por prosperar investigaciones judiciales como ésta, el derecho a la información está condenado. Por mucho que Sánchez quiera “regenerar democráticamente” este país, ninguna medida de las que se adopte podrá contrarrestar un hecho claro. El periodista, trabaje para quien trabaje, es responsable exclusivo de lo que publica y tiene la obligación de guardar el secreto profesional por mucho que lo que vaya a publicar beneficie o perjudique a un sector de la sociedad. Ni siquiera el bulo, la “fake news”, es censurable penalmente. Para luchar contra este fenómeno sólo cabe la respuesta rigurosa de otros compañeros, y la educación social para que la ciudadanía sepa distinguir el rigor y la veracidad.
Otra cosa es la utilización torticera de estas filtraciones sin contrastar por parte de grupos con intereses concretos, en el caso de España, el populismo y la extrema derecha. Pero es que los jueces no quieren acabar con esta lacra. La doctrina del Supremo ha quedado en papel mojado. Las denuncias y querellas sustentadas en informaciones periodísticas no contrastadas están a la orden del día y los titulares de los juzgados las admiten a trámite sin darse cuenta del daño que se está haciendo a la sociedad.
Un daño cuya consecuencia es que la libertad de informar y ser informado está en peligro. Y este derecho fundamental, es un pilar básico de la democracia por lo cual la conclusión es que ésta también peligra. No olvidemos lo que pasó hace unos años en algunos países donde un sector judicial metió en la cárcel a compañeros suyos, magistrados del tribunal supremo, mandatarios y jefes de Estado que posteriormente probaron su inocencia. Véase, si no, el caso en Brasil de Luz Inacio Lula da Silva