El juicio de la pieza separada 5 del Caso Gürtel, la de la trama valenciana, está a punto de concluir. Prácticamente no quedan testigos importantes por declarar y, aunque la estrategia de la defensa del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, es la de invalidar los testimonios de Francisco Correa y Álvaro Pérez, alias El Bigotes, por considerar que se hicieron después de llegar a un acuerdo con la fiscala del Caso para rebajar la petición de penas, ha quedado otro del que nadie puede poner objeción, que es el del exsecretario general del PP valenciano, Ricard Costa, quien durante su interrogatorio dejó claro que el jefe de todas las operaciones de financiación era Camps. Que lo sabía todo. Que estaba enterado. Incluso que participaba activamente. El expresidente de la Generalitat valenciana, a pesar de los esfuerzos por calificar el juicio de “farsa”, lo tiene muy difícil.
El momento clave de la declaración de Costa se produjo cuando se le preguntó sobre la conversación telefónica que mantuvo con Álvaro Pérez, el representante de Orange Market, durante el registro de la empresa por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, UDEF. Pérez le dijo a Costa que “tranquilizara al jefe respecto a la financiación del Partido Popular valenciano”. La fiscala preguntó a Costa quien era ese jefe. Y la respuesta no pudo ser más contundente: “el señor Camps”.
A partir de ese momento, Francisco Camps que ha mantenido una actitud irrespetuosa con el tribunal que le juzga y con los otros acusados, calló. Sabe que este testimonio es fundamental y que no puede hacer nada. Su abogado también lo sabe. Todos lo saben. El expresidente de la Generalitat, que, hasta ahora, se había salvado de ser condenado en nueve de las diez causas en las que fue imputado parece ser de ésta no se librará.
Al juicio todavía le queda recorrido. La vista oral debería haber concluido el pasado 23 de mayo. Pero ha habido una decena de suspensiones y aplazamientos. Todavía quedan por tomar declaración a los 64 testigos propuestos por las defensas. Y aunque la sección segunda de la sala de Lo Penal de la Audiencia Nacional, el tribunal que juzga este asunto, ha habilitado sesiones en dos semanas del mes de julio, es casi imposible que se pueda concluir antes de que empiecen las llamadas vacaciones judiciales, es decir el periodo inhábil del mes de agosto.
Habrá que ir, entonces, a septiembre para la conclusión de este juicio en el que ninguno de sus protagonistas se ha salido del guion. Francisco Camps niega conocer a Correa y a El Bigotes. Les acusa de haber llegado a un acuerdo con la fiscala para señalarle como el artífice de las operaciones irregulares de financiación del PP valenciano. Incluso, en un momento de la causa, les insultó y amenazó lo que ha dado lugar a la apertura de una pieza separada que se dilucidará en otra instancia judicial, y descalifica todas las declaraciones efectuadas en la vista oral. Incluso las del que fue su número dos, Ricard Costa, quien detalló las dos vías de financiación del PP valenciano: una mediante las aportaciones de empresarios, y la otra mediante adjudicaciones publicas a la empresa Orange Market cuyo propietario es Francisco Correa, y su delegado en València, Álvaro Pérez, alias “El Bigotes”. Y Costa fue más concreto aún: “es obvio que Valencia Orange Market hacía todos los actos del PP porque lo decidía el presidente”.
El nuevo PP valenciano, lejos de intentar pasar página sobre los hechos examinados por la justicia, empieza, ahora, a rehabilitar a personajes como Camps. Este, incluso, llegó a postularse para presentarse en las elecciones municipales. Y también para las generales del 23 de julio. Camps establece paralelismo de su caso con el del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, quien, estando imputado por la comisión de un delito de prevaricación, su popularidad ha llegado a tal extremo que en las municipales ha obtenido la mayoría absoluta. El expresidente de la Generalitat está convencido de que a él le pasaría lo mismo ya que cree que su aceptación sigue siendo muy elevada entre la ciudadanía valenciana,
No se sabe bien lo que ocurriría si Camps se sometiese al examen popular. Uno de sus argumentos es que todavía no ha habido tribunal capaz de condenarle. Y en ese sentido tiene razón. Y hay que respetarle el principio de presunción de inocencia. Incluso si acaba por ser condenado seguiría declarándose inocente porque le queda el recurso ante el Tribunal Supremo. Y, en cualquier caso, no acabará en la cárcel ya que se pide para el dos años y medio, una condena insuficiente para el ingreso en prisión y si se llegara a ejecutar todo lo más estaría unos seis meses hasta obtener el tercer grado. El problema de Camps no es la cárcel si no el descrédito que supone para alguien que se cree que está por encima del bien y del mal. Y eso es lo grave. Que todavía no ha tenido su baño de realidad.
Cuando se concluya el juicio de la pieza separada número 5 del Caso Gürtel la judicialización de este asunto se dará prácticamente por concluida. Todavía quedan pendientes por resolver algunos flecos en torno a Luis Bárcenas, pero el balance está prácticamente cerrado. La operación Gürtel supuso un gran desgaste para el Partido Popular. Una moción de censura que ganó la izquierda. La primera condena judicial a un partido político como tal organización. Y, lo más importante, el descrédito que a Génova le ha supuesto mucho dinero y esfuerzo para levantar una nueva reputación. Por eso no quieren volver a pasar por una situación como ésta. De ahí su obsesión por controlar el poder judicial.