Seguimos recordando y desenredando la misma madeja: la del favoritismo institucionalizado que une la administración pública gallega con los intereses privados de los familiares del Partido Popular. Hoy, el foco se centra en Eloína Núñez Masid, prima de Alberto y Micaela Núñez Feijóo, y hasta hace poco directora de hospitales públicos en Galicia, con una carrera larga dentro del Servizo Galego de Saúde (Sergas). Su paso por la administración no fue irrelevante: coincidió con la adjudicación de contratos millonarios a la empresa donde su prima Micaela ocupa un puesto directivo, el grupo Eulen.
Durante su etapa como gerente del área sanitaria de Santiago, Eloína Núñez gestionó al menos dos licitaciones a favor de Eulen por cerca de cuatro millones de euros. Las adjudicaciones se hicieron bajo fórmulas de contratación de emergencia, un mecanismo extraordinario que permite evitar concursos públicos abiertos y que, en manos poco escrupulosas, se convierte en una puerta trasera para beneficiar a los de siempre.
Lo llamativo no es solo la coincidencia familiar, sino la secuencia de los hechos: contratos millonarios asignados a Eulen bajo su gestión directa, y su posterior salida del cargo sin explicaciones claras. Una vez más, todo queda en casa. Y, como siempre, fuera del alcance de la competencia empresarial justa. Sumados a los contratos menores que ya tratamos en la primera entrega, estos contratos de emergencia elevan la facturación pública de Eulen con la Xunta en los últimos dos años a más de 17 millones de euros, a los que habría que añadir los más de 37 millones que recibió durante los gobiernos de Feijóo. Demasiado dinero repartido a una sola empresa con vínculos familiares tan evidentes.
¿Quién fiscaliza estos procesos? ¿Quién pone límites a las puertas giratorias dentro del propio árbol genealógico del partido en el poder? ¿Hasta cuándo se va a normalizar este modelo de gobernanza basado en la afinidad genética y política?
Porque más allá del caso personal de Eloína Núñez, lo preocupante es el sistema: el abuso del contrato de emergencia, pensado para catástrofes, no para rutinas administrativas, como vía para blindar a ciertos proveedores. Y ese abuso, como el resto de prácticas que estamos documentando en esta serie, no es una anécdota ni un error puntual. Es política sistemática.
La red no empieza ni acaba con Eloína. Es solo una pieza más del engranaje. Alberto Núñez Feijóo, durante más de una década al frente de la Xunta, consolidó una cultura política basada en el control férreo de la administración y la adjudicación de recursos públicos a empresas amigas, cuando no directamente vinculadas a su círculo familiar. Ahora, ya en la oposición nacional, pretende erigirse en alternativa de gobierno mientras el legado que deja en Galicia huele a nepotismo institucionalizado. Su sucesor, Alfonso Rueda, ha demostrado no ser más que un gestor de esa herencia, sin voluntad ni valentía para desmontar la estructura corrupta que lo sostiene.
Rueda no ha corregido nada. Ni ha abierto las ventanas, ni ha aclarado los procedimientos, ni ha sancionado a quienes transformaron la Xunta en un feudo de intereses privados. En su mandato, los contratos de emergencia siguen siendo la norma, los mismos nombres siguen apareciendo en los boletines de adjudicación, y el presupuesto público sigue engordando a los de siempre. Su silencio no es neutralidad, es complicidad.
Lo que Galicia sufre no es solo una deriva ética, sino un modelo de captura del Estado por una casta político-empresarial que ha sustituido el mérito por la cercanía, y la competencia por la consanguinidad. Una democracia degradada en la que los recursos de todos se reparten entre unos pocos, con total impunidad. El clientelismo no es un efecto colateral; es el método. Y mientras no se asuma esto con la contundencia que merece, la regeneración seguirá siendo un eslogan vacío.