Cuando Joaquín Almunia tomó posesión de su cargo como ministro de Trabajo del primer gobierno socialista tras la dictadura de Franco, manifestó su preocupación, ante un reducido número de periodistas, por la animadversión del funcionariado que podría convertirse en un problema a la hora de llevar a cabo las reformas pretendidas. Casi cuarenta y tres años después persiste esa animadversión. Se lograron reformas estructurales en los colectivos más proclives a los golpes de Estado, el sector financiero y la milicia principalmente, pero la máxima del poder de los funcionarios permanece. Se creen los propietarios de las herramientas del funcionamiento del aparato del Estado y hacen y deshacen a su antojo. Ahora ha tocado el turno a los inspectores de Hacienda que amenazan con llevar a cabo acciones de protesta y boicots si se materializa la “financiación singular” para Catalunya, el traspaso de competencias de la Agencia Tributaria. Una nueva resistencia activa contra las reformas del gobierno progresista a la que hay que sumar la conspiración que lleva a cabo la derecha judicial tanto en la judicatura como en el ministerio fiscal, y la sospecha de la presunta existencia de supuestas acciones prospectivas que se llevan a cabo en los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, especialmente la UCO de la Guardia Civil.
La Unidad Central Operativa del cuerpo, que actúa como policía judicial, se negó a elaborar el informe técnico pedido por el juzgado del caso Montoro “por no haber sido la unidad actuante en las diligencias de investigación desarrolladas en esta causa, ni tener conocimiento directo o indirecto de las mismas” una excusa que no ha tenido en cuenta en otras causas. Es cierto que las indagaciones fueron llevadas a cabo, en un principio, por la policía autonómica catalana pero cuando el caso sobrepasa el ámbito territorial la obligación del cuerpo es hacerse cargo de las pesquisas. Al final, con cierta desgana, lo ha hecho. Esa apatía no se detectó en las investigaciones ordenadas por el juez del Supremo, Ángel Hurtado, en el caso García Ortiz donde traspasaron los límites dictaminados por el juez quien dejó claro a los agentes que sólo deberían acceder a los datos de los soportes digitales correspondientes a las dos semanas siguientes a la fecha en la que presuntamente se cometió la filtración objeto del delito de revelación de secretos imputado al fiscal general del Estado. No debe de extrañar que el propio García Ortiz decidiese borrar los que obraban en su poder porque o dejaba acceder al Supremo, y por tanto a las acusaciones y a todo el mundo, a sus comunicaciones profesionales y personales, o convertía esa protección de su intimidad profesional y personal y la de todas las personas que se comunican con él, en una prueba en su contra. Eso por no mencionar el juicio de valor que determina la unidad en su informe en el que señala “la actuación preeminente del FGE” en la filtración objeto del presunto delito sin pruebas que permitan hacerlo.
En el sumario sobre la Dana en Valencia, la jueza de Catarroja ha rechazado los argumentos de la UCO en los cuales se acusa a la Confederación Hidrográfica del Júcar de “apagón informativo”. Ese informe ha sido utilizado por la acusación popular, Liberum, para pedir el procesamiento del presidente de la CHJ. Si la magistrada hubiese aceptado la petición basada en las investigaciones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil el asunto habría llegado a afectar al ministerio de Transición Ecológica, es decir al gobierno central, algo que anda buscando el Partido Popular para sortear la responsabilidad de la Generalitat valenciana y en concreto de su presidente, Carlos Mazón.
En el caso Montoro, la fiscala, Carmen García Cerdá, en pleno enfrentamiento con su superior, Alejandro Luzón, enfrentamiento por cierto del que habrá que dar cuenta en su momento, se quejó de que los agentes de la Unidad Central Operativa, a diferencia de la Agencia Tributaria y los Mossos d’Esquadra, mantenían una actitud pasiva. “Los agentes de Balas no quieren hacer nada” escribió García Cerdá a Luzón. A pesar del apoyo oficial del gobierno al jefe de la UCO, lo cierto es que el teniente coronel Antonio Balas se encuentra en el disparadero de la clase política. Se mira con lupa todas las actuaciones que llevan a cabo en el grupo que dirige. Incluso algún medio de la extrema derecha denuncia la intromisión del director adjunto operativo, Manuel Lamas, en las investigaciones del entorno de Pedro Sánchez.
La UCO ha tenido en su seno a agentes vinculados al Partido Popular. Juan Vicente Bonilla, actual jefe de seguridad del Servicio Madrileño de Salud, fue jefe de fuentes de la Unidad Central Operativa en 2021, precisamente la época en que mantuvo una serie de conversaciones a través de WhatsApp con un confidente en las que, entre otras cosas, dice que “a los rojomorados los vamos a matar nosotros”.
Expresiones que revelan el sentido conspiranoico de parte del cuerpo. Así pues, no es de extrañar que Santos Cerdán desmienta las acusaciones contra él que se reflejan en los informes de la UCO entregados al instructor del Supremo Leopoldo Puente. Esos informes se basan en los audios de conversaciones intervenidas. El exdirigente del PSOE asegura “no reconocer su voz en ellas”. Y hay expertos que piden una revisión técnica porque está comprobada la existencia de falsificaciones en ese tipo de pruebas. Lo que pasa es que la justicia española considera presunción de veracidad las pruebas presentadas por la policía. Ya ha ocurrido en otros controvertidos asuntos como el del exdiputado canario, Alberto Rodríguez, inhabilitado y, posteriormente anulada esa condena por el Tribunal Supremo.
El caso es que las actuaciones del departamento de Delincuencia Económica de la UCO son cuestionadas con más frecuencia de lo que debería ser habitual. Lo que pasa es que cuando las críticas salen a la luz inmediatamente los sindicatos del cuerpo, (recordemos que no pueden actuar como tales), vociferan en defensa de sus compañeros. Pero fuentes conocedoras del cuerpo aseguran que existe un núcleo muy influyente que actúa para acorralar al gobierno progresista.
Está claro que el ejecutivo no logra controlar al aparato del Estado. Jueces y fiscales que llevan a cabo investigaciones evidentemente prospectivas similares a las causas generales, que apuntan al corazón de la democracia como es la fiscalía general del Estado. Policías que manipulan los informes que les encargan los instructores de causas penales, sobre todo si estas tienen que ver con los políticos. Funcionarios dispuestos a boicotear de la manera que puedan todas las iniciativas. Y, ahora, salen los inspectores de Hacienda que dicen estar dispuestos a oponerse con todas las herramientas a su alcance contra un hipotético traspaso de la gestión fiscal a Catalunya. La frase de José María Aznar, “el que pueda hacer que haga” parece que la están tomando al pie de la letra todos los colectivos de funcionarios públicos de este país.