Isabel Perelló, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, ha convocado un pleno extraordinario del organismo para el miércoles de la semana que viene, un día antes de que deba enviar a las Cortes el informe sobre un nuevo modelo de elección de los vocales. Y es consciente de que el acuerdo es imposible. La comisión que se ha encargado de consensuar un informe, formada por dos miembros de los bloques conservador y progresista, mantiene posiciones opuestas. Unos quieren que el sistema de los doce vocales de extracción judicial sea mediante elección directa de los miembros de la carrera judicial y los otros quieren que se mantenga el actual sistema: elección por el Congreso y el Senado de doce de los integrantes de una lista propuesta por los jueces. Y, así las cosas, Bruselas ha vuelto a dar un toque de atención a las autoridades españolas recordando el compromiso de adaptar a los estándares europeos la modalidad de designación del órgano de gobierno de los jueces contraído en el acuerdo del verano pasado. De ahí las prisas. Ahora habrá que buscar una solución de compromiso.
Lo más probable es que, después de constatar las diferencias entre ambos bloques, Perelló proponga una salida intermedia. Y para ello tiene un as en la manga. El Tribunal Supremo, del que forma parte, ha elaborado, por su cuenta, un informe en el que reconoce la división existente en el seno del Consejo y para superarla plantea un modelo que defienden “amplios sectores de la carrera judicial, incluidas la mayoría de las asociaciones judiciales”, el de la elección directa por parte de los jueces, pero admitiendo, también, que se podrían introducir mecanismos para reflejar el “pluralismo”, como un sistema de listas abiertas o la inclusión de “criterios de proporcionalidad”. Eso en lo que se refiere a los 12 vocales del turno judicial. El nombramiento de los ocho restantes seguirían siendo competencia exclusiva del Parlamento.
Ahora toca convencer a los vocales progresistas de que la única salida es aceptar la elección directa de los doce miembros del consejo “de extracción judicial”. Algún vocal de este bloque ha mostrado su disposición a votar a favor de esta alternativa similar a la de los países europeos. Ahora bien, el problema consiste en la fórmula para la elección. Está claro que el derecho a voto lo tendrían los 5.400 jueces y magistrados en activo. Todos podrían presentarse porque las listas serían abiertas. Es una de las condiciones que imponen las asociaciones profesionales “minoritarias”, Juezas y Jueces para la Democracia, Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente que, además, exigen mecanismos correctores que garanticen la proporcionalidad y el respeto a las minorías.
Estas asociaciones temen que se opte por una fórmula de elección que beneficiaria a la mayoritaria, la Asociación Profesional de la Magistratura, que se haría con la práctica totalidad de los doce vocales del turno. La APM tiene mucho poder entre los jueces. Con datos de septiembre de 2022 cuenta con 1.355 afiliados. Los actualizados indican que ha perdido algunos, pero esta pérdida es inapreciable. La segunda en número de afiliaciones es la Francisco de Vitoria, con 839, seguida de JJ p D con 436. El Foro Judicial Independiente es el que ha incrementado su afiliación en 2023 según los últimos resultados conocidos. Pero no todavía no alcanza a la asociación progresista. En cualquier caso, las asociaciones conservadoras quintuplican el número de afiliados, fieles votantes, a la progresista Juezas y Jueces para la Democracia. En unas hipotéticas elecciones arrasarían, aunque hay que tener en cuenta el bajo porcentaje de afiliados, el 55% del total de jueces en activo, y habría que ver cómo se posiciona ese 45% restante que no se inclina por ninguna de las asociaciones.
De ahí las cautelas de los progresistas que insisten en que unas elecciones directas no reflejarían la realidad social del país en un órgano político, se quiera o no, como es el poder judicial. Ahora le toca a Perelló convencerles de que es la única salida posible. En cualquier caso, al órgano de la soberanía nacional, el Parlamento, le quedaría la designación de los ocho vocales “de extracción entre expertos y juristas de reconocido prestigio”, según la ley orgánica del Poder Judicial.
Para que la propuesta salga adelante, se requiere el voto de 13 miembros del pleno. Los bloques conservador y progresista se reparten las vocalías a partes iguales, diez para cada uno. El problema es que con el clima de crispación política y la situación actual en el seno de la administración de justicia con una buena cantidad de magistrados cuestionados socialmente, llegar a un compromiso es bastante complicado. Los socialistas están acusando abiertamente al PP de “concomitancias” con la judicatura, y la derecha les acusa de querer acabar con el principio de separación de poderes. La Justicia es, probablemente, el asunto más espinoso en la política de este país sobre todo después de que hayan saltado los numerosos casos que salpican a la izquierda en los tribunales y su utilización por parte de la derecha para la que el gobierno progresista “ha sido abandonado por sus socios parlamentarios y se encuentra acorralado por numerosos casos de corrupción en los tribunales”
Por lo tanto, la instrumentalización política de la justicia está a la orden del día y así es muy difícil convencer a los representantes progresistas de que asuman una propuesta que, tal y como están las cosas en los colectivos de jueces y fiscales, significaría dejar en manos de los conservadores sus órganos de decisión.
No obstante, en ese mundo del que forman parte los jueces y magistrados, cualquier sorpresa se puede producir en un momento determinado. Esa es la esperanza de Isabel Perelló, que, a cambio de que los progresistas acepten el nuevo modelo de designación de vocales, estaría dispuesta a apoyar los nombramientos de Ana Ferrer, como presidenta de la sala de Lo Penal, y Pilar Teso, en la de Lo Contencioso Administrativo. Sería una contrapartida aceptable, pero, de momento, sólo es eso, una contrapartida que no ha sido aceptada por los conservadores. Las próximas horas van a ser determinantes para lograr esa reforma del poder judicial que los negociadores del PP y el PSOE dejaron en manos de unos vocales que, ahora mismo, se encuentran atrapados. No se pactó bien y ahora se están viendo las consecuencias.