Se equivoca el portavoz del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Ángel García Martín, cuando dice, a propósito de la declaración ante el juez Hurtado de la dirigente socialista madrileña, Pilar Sánchez Acera, que sería la primera vez que los periodistas informan a los políticos. Se nota que el consejero no tiene ni idea de cómo se elaboran las informaciones periodísticas. Un buen informador, cuando tiene una noticia, busca contrastarla y habitualmente, acude a “la otra parte” que suele ser un político al que le cuenta lo que sabe y le pide que lo ratifique. Claro que, tal y como está el mundillo informativo, casi se podría decir que son muy pocos los profesionales que acuden a los gabinetes de prensa para contrastar la información que les ha llegado. Es lo que se llama en la profesión “el rigor” que, parece ser, ahora escasamente se tiene en cuenta. Se ve que el consejero García Martín no está acostumbrado a tratar con este tipo de periodistas. Y no nos puede extrañar cuando en su gobierno hay un alto cargo, el jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, que practica ese tipo de filtraciones a los medios afines. Sólo hay que recordar el bulo sobre el acuerdo de conformidad del novio de su jefa, con la apostilla de que el pacto había sido abortado “por instrucciones superiores”.
Aunque los profesionales del periodismo estamos sujetos a la clausula de conciencia, es necesario, para poner las cosas en su sitio y darle una lección al juez del Supremo, Ángel Hurtado, sobre cómo se trabaja en los medios donde existen criterios de profesionalidad, sería conveniente recordarle el sistema de filtración de los autos, providencias y sentencias en los juzgados. En los años noventa del siglo pasado, cuando no existían los servicios de prensa judiciales, ese sistema era rocambolesco. El periodista montaba guardia en los aledaños de la sede donde se celebraban los interrogatorios y juicios, entonces a puerta cerrada. El “decano” del grupo, en mi época, era José Yoldi, periodista del País, que tenía comunicación directa con la fiscalía de la Audiencia Nacional y con el encargado del Supremo de relacionarse con los medios, el aspirante a presidente de la sala segunda, Andrés Martínez Arrieta. Yoldi era el interlocutor encargado de dar las novedades al resto de compañeros. De esta manera pudimos enterarnos de los ingresos en prisión de los directivos de Banesto, Arturo Romaní, bien entrada la noche, y Mario Conde, en vísperas de las navidades.
Para conocer más detalles, los propios fiscales entregaban a uno de los representantes de la prensa una copia del documento judicial, el auto, la providencia o la sentencia. Esa copia se llevaba a una copistería aledaña al complejo donde se encontraban las sedes judiciales. En unos diez minutos cada periodista disponía de su correspondiente copia previo pago del importe correspondiente.
En los juzgados territoriales, el método era parecido. Sólo que ahí la fuente era el propio decanato. Sólo existía un servicio de prensa reconocido como tal, el del Consejo General del Poder Judicial en la sede de Marqués de la Ensenada. Hasta bien entrado el siglo XXI los jueces no se dieron cuenta de que necesitaban poner a su servicio a periodistas experimentados para relacionarse con sus compañeros y ofrecerles la información que entonces obtenían a través de los fiscales o de las partes personadas.
Por lo tanto, en el Supremo no pueden rasgarse las vestiduras. La filtración del famoso correo electrónico con la propuesta de acuerdo de conformidad para Alberto González Amador está muy claro de dónde sale: de la fiscalía. Ahora bien, de ahí a asegurar que fue el superior, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el que dio la orden de difundirlo va un abismo. Se ha dicho hasta la saciedad que al documento tuvieron acceso varios centenares de funcionarios. Cualquiera de ellos pudo sacar una copia y llevársela personalmente al periodista. No sería la primera vez. En tiempos de Miguel Moreiras como titular del juzgado número 3 de la Audiencia Nacional, un funcionario que mantenía estrecha relación con algunos periodistas se encargaba de “dejar” en una fotocopia de los pasillos de la dependencia el documento pedido. Los periodistas sólo tenían que darle a la tecla, y sacar la fotocopia. Puede parecer rocambolesco en plena era digital, pero así es como se hacían las cosas.
Los servicios de prensa de Moncloa no necesitan llevar a cabo maniobras rudimentarias para hacer llegar una filtración. Existen numerosos caminos paralelos para que nunca se pueda relacionar a un funcionario. Pilar Sánchez Acera era asesora de presidencia del Gobierno cuando, según ella, a través de un periodista, le llegó un “pantallazo” del correo electrónico. El mismo que le remitió al entonces secretario general del PSOE madrileño y portavoz en la asamblea regional, Juan Lobato, para que lo utilizara en el debate parlamentario.
Y eso ha sido todo. El juez Hurtado, por mucho que busque, no va a encontrar nada más porque ese es el camino que se ha utilizado en el mundo judicial desde el siglo pasado y se seguirá practicando por mucho que se quiera tipificar penalmente esta práctica como delito de revelación de secretos. Al magistrado que instruye la causa sólo le queda una posibilidad: que los mensajes borrados de García Ortiz, a los cuales Google y WhatsApp dicen poder acceder con sus medios técnicos, sean tan evidentes que le inculpen. Porque si no, el caso estará cerrado. No hay que buscar ni en Moncloa ni en otras instancias la filtración. Y los únicos que pueden desvelar su procedencia, los periodistas, guardan celosamente el secreto profesional y jamás van a revelar las fuentes. Los jueces interesados en persecuciones personales ya lo intentaron en algunas causas sin resultados concretos.