Será el próximo 12 de julio coincidiendo con el “día de la justicia gratuita”. Si antes no se remedia, ese día no habrá servicio del turno de oficio en la justicia española. El sindicato de abogados Venia, la organización que ha llevado la voz cantante en las últimas movilizaciones del colectivo, ha convocado un paro de 24 horas. Se pactarán con las administraciones los servicios mínimos y esperan que no haya represalias. “
Somos trabajadores de la Administración, que nos indica los clientes, los horarios laborales y los emolumentos, y somos operadores jurídicos del mismo rango que los jueces, los letrados de la Administración de Justicia y los funcionarios, que han iniciado o han amenazado con huelgas. Será la Administración la que considere si somos trabajadores de segunda y no tenemos derechos laborales”, indica la portavoz del sindicato, Rosa Lozano. No cree que pueda existir impedimento alguno para sacar adelante la huelga, aunque espera que antes de esa fecha se logre un acercamiento con las autoridades que pueda llevar a la desconvocatoria.
De todas maneras, en el ministerio de Justicia se insiste en que puede haber motivos suficientes para declarar ilegal el paro ya que se considera el turno de oficio como “un servicio público esencial”. Represalias puede haberlas, y muy graves. Ahora habrá que esperar a ver cual es la reacción de los colegios de abogados y la protección de estas corporaciones a sus afiliados que secunden la movilización. Hasta ahora, los colegios mas importantes se han manifestado dispuestos a apoyar activamente la convocatoria de huelga. Todos salvo el Consejo General de la Abogacía de España que se muestra muy tibio a la hora de hablar de apoyos a los letrados que se dedican a la asistencia en la justicia gratuita.
En nuestro país hay del orden de 145.000 abogados ejercientes según los datos de afiliación recogidos por los colegios profesionales. De ellos, 43.696 están adscritos al turno de oficio, casi una tercera parte. Si hacemos caso a este porcentaje se podría decir que el turno de oficio es una actividad rentable para la abogacía. No es así. En 2021, el ejercicio del que se dispone de datos, los abogados de oficio atendieron casi dos millones de diligencias. España es el país europeo con más asuntos de justicia gratuita, 3.379 casos por cada 100.000 habitantes. La media europea está en 734 por cada 100.000 habitantes. Y es donde menos dinero se percibe. 178 euros por caso, mientras que en Europa la media es de 462 euros por asunto.
Los abogados se quejan de que no cobran los recursos que tienen que presentar. Así lo dice el artículo 30 de la ley de justicia gratuita de 1996 cuya reforma exigen las asociaciones. No se abonan las peticiones de ejecución de las sentencias, donde, a veces, está en juego las cantidades en concepto de costas judiciales. Tampoco perciben remuneraciones si la asistencia es para una persona jurídica, una sociedad o una empresa. Los desplazamientos para asistencia en comisarías o en juzgados corren por cuenta del letrado. Exigen que se les trate como autoridad en el ejercicio de sus funciones para evitar, así, las múltiples agresiones, amenazas y coacciones por parte de sus clientes
Y luego están las reivindicaciones de tipo laboral: el derecho a bajas por enfermedad y por maternidad, el abono por parte de las administraciones de las cotizaciones laborales, la conciliación familiar, el incremento de las remuneraciones, el reconocimiento de todas sus actuaciones, y el abono de guardias.
Las asociaciones que dicen representar a estos letrados se han reunido con los grupos parlamentarios. Se les escuchó, pero nada más. Los colegios de abogados apoyan sus exigencias, pero tampoco van más allá. Hace unas semanas el decano del ICAM planteó la posibilidad de unirse a la protesta mediante una fórmula que está en el límite de la legalidad. Negarse a facilitar a las administraciones la relación de los letrados que diariamente deben asistir a los beneficiarios de la justicia gratuita en juzgados y comisarías. Es a lo más que se ha llegado. Los demás dirigentes colegiales no se han pronunciado sobre esta propuesta. Y menos el Consejo General de la Abogacía que no pasa de las declaraciones de apoyo sin aportar soluciones concretas.
Está claro que las reivindicaciones de los letrados del turno de oficio son justas. Sus condiciones de trabajo son precarias por tratarlas de una forma benévola. Lo han intentado solucionar de todas las maneras posibles. A través del diálogo, y después mediante manifestaciones, una de las cuales frente al Congreso de los Diputados reunió a varios miles de profesionales. También se han manifestado en las ciudades donde ejercen y han celebrado asambleas donde han llegado a una conclusión: la única posibilidad de lograr algo concreto es la huelga. De momento, la convocatoria se limita a 24 horas, pero si no se avanza en el diálogo no descartan parar indefinidamente.
Los abogados están bastante quemados. Y más después de todo lo que han tenido que sufrir como consecuencia de las huelgas de los letrados de la administración de justicia y ahora de los funcionarios. El compromiso de que se les iba a adelantar los juicios suspendidos por estas protestas no se han complido y al final se ven en la puerta de las salas de los juzgados con una notificación de suspensión de la vista oral el mismo día en que estaba señalada. Perjuicios para ellos y perjuicios para sus clientes. Además, un aplazamiento supone el retraso en la resolución judicial y, por lo tanto, del cobro de honorarios.
Así las cosas, no es de extrañar que quieran ir a la huelga. Y como sigan así las cosas irán todavía más lejos. Es lo único que le falta a una administración judicial la de este país que se encuentra bajo mínimos, colapsada y sin solución de continuidad.