Hay quien asegura que el “caso Negreira” se va a archivar porque la jueza número 13 de Barcelona, Alejandra Gil, no ha comunicado a las partes la prórroga de la instrucción que debió de producirse el pasado 1 de marzo. Por eso es por lo que, según esas fuentes, decidiósuspender las declaraciones de Ana María Rufas, esposa del investigadoJosé María Enríquez Negreira, su hijo,Javier Enríquez Romero, y los directivos del FC Barcelona Sandro Rosell, Josep María Bartomeu, Albert Soler y Óscar Grau. Todos ellos estaban citados para comparecer el próximo mes de junio. Según la Lecrim, (Ley de Enjuiciamiento Criminal), la falta de comunicación o la notificación tardía puede ser entendida como una violación del derecho al debido proceso y a la defensa. Las partes tienen derecho a ser informadas sobre el estado de la instrucción y cualquier decisión relevante que impacte su situación jurídica. Lo que es seguro es que, ante tal circunstancia, las defensas presentarán los oportunos recursos. Y habrá que ver lo que dice la Audiencia de Barcelona al respecto. Aun así, el asunto sigue teniendo una repercusión social de incalculables consecuencias. Una de las acusaciones, el Real Madrid, que se siente perjudicado por las actuaciones del vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, mantiene una propaganda contra la actuación del colectivo que dirige las competiciones futbolísticas en su canal oficial de televisión RMTV que ha hecho peligrar el segundo torneo más importante de este país, la Copa del Rey. Y hay periodistas, que no se sabe bien a qué intereses obedecen, que han pedido que el juzgado “cierre el caso de una vez”
Los periodistas deportivos desconocen el funcionamiento de la justicia de este país. El juez Aguirre, que fue titular del juzgado número 1 de Barcelona, dilató la instrucción y, ahora, la magistrada que se ha hecho cargo de ella, intenta aligerarla lo más posible. Pero todavía quedan muchos flecos por esclarecer. Sobre todo, la actuación de los dos presidentes del Futbol Club Barcelona que, presuntamente, pagaron al imputado. Y no se les ha tomado declaración, ni a Josep María Bartomeu ni a Sandro Rosell. Este último, además, ha iniciado una campaña en la que intenta mezclar la persecución de la que ha sido objeto, - ese es un hecho objetivo y evidente-, por sus inclinaciones independentistas, con su gestión al frente de la entidad deportiva catalana.
Últimamente, los jueces basan sus diligencias en los informes de la Guardia Civil actuando como policía judicial. Pasa en causas tan importantes como la del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, la esposa del presidente, Begoña Gómez, el exasesor del ministerio de Transportes, Koldo García, o el diputado José Luis Ábalos. Por lo tanto, la Audiencia de Barcelona deberá tener en cuenta un concluyente documento sobre el caso Negreira en el que se asegura que el Barça pagó, durante casi dos décadas, al número dos de los árbitros 7,5 millones de euros por asesorías. Un dinero que no ha sido encontrado. Además, aporta una importante novedad: Ana María Rufas ingresó en sus cuentas 3 millones de euros durante el periodo en el que su pareja ocupaba el puesto de vicepresidente del CTA. La UCO subraya que la mujer de Negreiraha llegado a ingresar en cuentas y depósitos bancarios entre 1992 y 2023 la referida cantidad, cuyo principio "está en proceso de estudio en aras de determinar el origen de esos fondos, los cuales, a priori, aparentemente son injustificados por las rentas y rendimientos del trabajo y del capital mobiliario". Un motivo más para prorrogar la actuación judicial.
Si lo que se pretende es aclarar el destino de esos pagos necesariamente hay que tomar declaración a Rufas, y, por supuesto, a los directivos del Barça y más después de que el informe de la Guardia Civil destaque la influencia de Enríquez Negreira en el colectivo: “ejercía funciones relevantes en el seno del Comité Técnico Arbitral como las de comunicar a los árbitros los ascensos y descensos, revisar las puntuaciones de las clasificaciones, acudía a las concentraciones periódicas, perteneció a la Comisión de Disciplina y Méritos, así como a la de Coordinación Internacional". El dirigente arbitral "solía acudir a la sede del CTA varias veces al año para diferentes cometidos". El informe señala, también, que “saqueó” las arcas del comité y de federaciones como la catalana mediante supuestas ventas de material de oficina o asesorías sin acreditación documental. Todo ello gracias a que "era una persona de relevancia en el mundo del arbitraje" y tenía la consideración de figura "influyente no sólo a nivel regional, sino que ejercía su influencia a nivel nacional".
El informe está ahí, y lo mismo que ocurre con los elaborados para otras causas, tiene su relevancia mediática por lo que un archivo de las investigaciones podría ser mal visto en un mundo, el del futbol, bastante más polarizado que el social. La sospecha sobre el colectivo arbitral no va a parar por mucho que la intenten neutralizar desde los estamentos dirigentes deportivos. El asunto está judicializado y, salvo que ocurra lo que ya ha sucedido en otras ocasiones, que un error de procedimiento paralice las actuaciones, el asunto acabará en un tribunal que deberá juzgar no sólo a los imputados, exdirigentes arbitrales, sino también a los directivos que pagaron esas cantidades sin explicar los motivos que les llevaron a ese tipo de actuaciones.
El asunto ha llegado a dividir no sólo al mundo futbolístico sino también al político. La prensa catalanista ha lanzado una ofensiva para exigir el archivo de la causa basándose en el defecto de forma en lo que se refiere a la prórroga de la instrucción. Llegan a decir que el caso Negreira “está condenado al archivo”. El problema es que hay un sector muy influyente que, aunque se decida dar por finalizado el proceso, siempre tendrá presente lo que ellos mismos llaman “corrupción en el mundo del futbol”. Y eso no se olvidará tan fácilmente. Es algo similar a lo que ocurre con esos otros casos de irregularidades públicas o privadas que, al final, se archivan. Que la sombra de la duda siempre queda.