El interrogatorio de Alberto González Amador ante el juez del Supremo, Ángel Hurtado, que instruye su denuncia por revelación del secretos contra el fiscal general del Estado, puede acabar por esclarecer muchísimas más cosas de las que constan en el sumario. Porque el abogado del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid ha reconocido que el famoso mensaje en el que figuraban los datos fiscales objeto de la querella fue enviado a varias instancias con anterioridad a la fecha en la que, supuestamente, Álvaro García Ortiz lo filtró a la prensa. Últimamente se ha sabido que acabó en el ordenador de un abogado del Estado el cual acusa recibo, pero niega haberlo puesto en conocimiento público. De las investigaciones que lleva a cabo la jueza número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, se desprende que el abogado de la pareja de Ayuso, Carlos Neira, envió el correo en el que efectuaba al fiscal, Julián Salto, una oferta de acuerdo en donde figuraban esos datos personales a varias personas. Cualquiera de ellas pudo filtrar el contenido y tuvo que ser necesariamente antes del día en que se publicó en los medios.
La comparecencia de Alberto González Amador ante el juez no estaba prevista. La había solicitado García Ortiz, pero fue rechazada por Ángel Hurtado que insiste una y otra vez en que ya tiene suficientes indicios como para mandar a la sala de Lo Penal el sumario para la correspondiente apertura de juicio oral. Pero la sala de Apelaciones le ha corregido. Le ha dicho claramente que no. Que tiene que interrogar al novio de Díaz Ayuso que es, también, el que interpuso la denuncia: “siendo la propia defensa quien solicita la declaración del querellante, no vemos motivo para su denegación, pues será el afectado por la presunta divulgación quien ofrecerá los contornos de su actuación. Tan a disposición de la instrucción se encuentra el querellado como el querellante, por lo que accederemos a su toma de declaración, en los términos expuestos, es decir, para averiguar todos los contornos de la supuesta difusión de datos”.
El magistrado Hurtado había rechazado citar a González Amador entendiendo que su posición ya se plasma en su querella y por la actuación de su abogado a lo largo del procedimiento. El juez, además, dice una cosa que es la que piensan los expertos. Que la declaración “puede resultar perjudicial”. ¿Para quién? Ángel Hurtado cita expresamente “al acusado” (curioso ya que solo está en condición de investigado, y todavía no ha sido acusado formalmente. Grave desliz). Pero los juristas experimentados en este tipo de actuaciones señalan que González Amador puede incurrir en contradicciones.
Es verdad que se ha rechazado el volcado del teléfono móvil del jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, autor del bulo que dio origen a la respuesta de la fiscalía. Pero seguramente los letrados que representan a Pilar Rodríguez y Álvaro García Ortiz, los investigados en la causa, buscarán acorralar a González Amador en este punto, la intervención del alto cargo de la Comunidad de Madrid con anterioridad a la fecha de la filtración. Todo dependerá de la habilidad de los defensores ya que probablemente el novio de Díaz Ayuso se llevará muy bien aprendida la lección y su respuesta será siempre la misma: “no sabe”, “eso era cosa de mi abogado”, y argumentos por el estilo. Pero a poco que los letrados de las defensas se empleen a fondo podrán sacar un testimonio fundamental. Que el escrito de Carlos Neira en el que reconocía que su defendido, González Amador, había defraudado 350.000 euros a la hacienda pública en sus declaraciones del impuesto de sociedades correspondientes a 2020 y 2021, era conocido por numerosas personas antes del 13 de marzo de 2024, la fecha en la que el juez sitúa la publicación en la prensa.
Los representantes de los medios que fueron interrogados por el juez insistieron en que ya tenían el documento antes del 13 de marzo de 2024 pero el magistrado no ha tenido en cuenta esos testimonios porque cuando les preguntó por el cauce a través del cual lo habían obtenido, los periodistas se acogieron al derecho constitucional de no revelar las fuentes. Y, por tal motivo, Ángel Hurtado no ha dado validez a esas declaraciones centrándose en el famoso informe de la UCO de la Guardia Civil en el que se señala que los investigados, Rodríguez y García Ortiz, tuvieron “una actuación preeminente” a la hora de filtrar el correo.
Al juez Huerta no le ha debido sentar muy bien esta resolución de la sala de Apelaciones. Ahora le toca tirar de agenda, establecer la fecha para citar a González Amador, y ver cómo se desarrolla el interrogatorio. El magistrado cree que la instrucción ya no da más de si y que lo más práctico es remitir a la sala de Lo Penal sus actuaciones con una conclusión final: fueron Pilar Rodríguez y Álvaro García Ortiz los autores de la filtración objeto del delito de revelación de secretos. Y se basará en los informes de la Guardia Civil nada más. Lo que sí va a intentar es rebatir la tesis de sus compañeros de que la nota de prensa que emitió la fiscalía general del Estado desmintiendo el bulo de Miguel Ángel Rodríguez de que se había llegado a un acuerdo de conformidad con el fiscal Salto pero que este había sido vetado “por órdenes de arriba”, sí que contiene elementos constitutivos del delito que está siendo investigado.
Y nada más. Ángel Hurtado quiere cerrar la causa cuanto antes pero ahora se ha encontrado con un inconveniente, el interrogatorio al denunciante, González Amador, y se teme que, si éste se complica, puede acabar por desvelar algo que ha desechado: que la famosa oferta del abogado Neira era conocida hasta por los niños de la ESO de los colegios públicos. Entonces poco se sostendría la acusación por revelación de secretos en el tribunal. La instrucción del juez habría sido un fracaso. Un juez con relaciones políticas un tanto sospechosas sobre todo a raíz de su actuación en el caso Gürtel cuando fue miembro de la sala de Lo Penal de la Audiencia Nacional.