La Guardia Civil analiza los soportes informáticos intervenidos en los despachos del fiscal general del Estado y la fiscala superior de Madrid. El juez Hurtado ha echado marcha atrás y les ha ordenado que sólo estudien la información incautada correspondiente a la semana del 8 al 14 de marzo, el periodo donde se supone que se ordenó la filtración de las conversaciones mantenidas por el fiscal anticorrupción de Madrid, Julián Salto, con el abogado defensor de González Amador. De esta manera el magistrado rectifica porque el periodo de siete meses establecido en un principio no puede aportar datos relevantes a la instrucción. Como Ángel Hurtado ha decretado el secreto del sumario, no está trascendiendo nada de lo que han encontrado los investigadores. Pero sí se ha podido saber que, en los correos intercambiados, García Ortiz dice ser consciente de que les han tendido una trampa. Y, aunque no aparecen nombres concretos sí insinúa que el famoso bulo que quería desmentir, el de que la fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador, procede de la Puerta del Sol, del entorno de la presidenta de la CAM, Isabel Díaz Ayuso. El fiscal cayó en la trampa que le tendió el que, dicen, elaboró ese bulo, el jefe del gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, que es bien conocido por su ingenio a la hora de diseñar maniobras para neutralizar a sus enemigos.
Esta vez fue muy fácil. La falsa información fue la manera de neutralizar al fiscal anticorrupción de Madrid, Julián Salto, el cual ya tenía preparada la acusación por los delitos de fraude a la Hacienda pública y falsedad documental contra Alberto González Amador, el novio de Díaz Ayuso. La Agencia Tributaria había descubierto un agujero de más de 300.000 euros en dos declaraciones del impuesto de sociedades. La cantidad defraudada supera el límite de sanción administrativa y pasa a convertirse en delito. Y eso puso muy nerviosa a la presidenta de la CAM que, incluso, llegó a tergiversar la acusación señalando, entre otras cosas, que era Hacienda la que debía dinero a su pareja.
Entonces intervino Miguel Ángel Rodríguez quien supuestamente pudo idear un plan consistente en filtrar a los medios de comunicación afines la existencia de una oferta por parte del fiscal para reducir la petición de pena de prisión a ocho meses de tal manera que no tendría que entrar en la cárcel si abonaba 500.000 euros en concepto de liquidación de la cantidad defraudada y multa. Esos días, el jefe de gabinete de Diaz Ayuso se había dirigido a una redactora de elDiario.es, el medio que estaba publicando los detalles sobre la actuación delictiva de González Amador, llegando a amenazar “con cerrarles”. No es la primera vez que Rodríguez lanza este tipo de “advertencias” a medios de comunicación “hostiles”. Lo hizo cuando era secretario de Estado de Comunicación con el primer gobierno de Aznar. Entonces manejaba la partida presupuestaria dedicada a ayudas a la prensa. Lo que extraña es que, ahora, esas ayudas de la CAM son inferiores y sin capacidad de influencia financiera en el sector. Hubo medios que se prestaron al juego del jefe del gabinete de Díaz Ayuso, y dos de ellos, El Mundo y El Confidencial, tienen gran difusión. Por lo tanto, el bulo iba a tener repercusión.
Lo que realmente buscaba MAR era la reacción del fiscal general del Estado. Conocedor como pocos de los mecanismos de poder, sabía que García Ortiz no se quedaría de brazos cruzados y más cuando en la falsa información se decía que el acuerdo había sido abortado “por órdenes de arriba”. Había puesto un cebo lo suficientemente goloso como para picar en el anzuelo. Se acusaba a las claras de interferencia de Moncloa en este asunto cuestionando la autonomía del ministerio público algo que está fuera de toda duda en la institución.
Y Álvaro García Ortiz cayó en la trampa. Ordenó la publicación de una nota desmintiendo la oferta a González Amador. En el fondo, el argumento utilizado tiene su lógica. El fiscal no puede efectuar una oferta de pacto de conformidad mientras no haya apertura de juicio oral. Y esta causa acababa de ser admitida a trámite por un juzgado de Madrid. Es de lógica jurídica. No había necesidad de dar más explicaciones.
Pero Miguel Ángel Rodríguez, porque tiene muy buenas fuentes en la carrera fiscal, sabía que García Ortiz iría más lejos. Estaba en juego el prestigio de la carrera fiscal, por una parte, y por otra, la posibilidad de una acusación de delito de prevaricación al subordinado que llevaba el asunto, Julián Salto.
En fuentes jurídicas se ha dicho que esos días intervinieron fiscales que se oponen activamente a García Ortiz. Miembros de la Asociación de Fiscales y de la Unión Progresista de Fiscales presionaron a Salto para que acusara públicamente a su superior de haberle presionado para anular ese acuerdo de conformidad. Ahí, también, hay que buscar en el gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Rodríguez movió sus hilos en esas asociaciones, de corte conservador, y utilizó a una fiscala, cuyo nombre no ha sido revelado, para instigar un conato de rebelión en el seno de los miembros que ejercen sus funciones en la demarcación. Esa misma fiscala sería, según señalan esas mismas fuentes, la que filtró a un medio de comunicación afín a la derecha el correo electrónico donde figuran datos fiscales de González Amador. Ese correo no llegó a ser visto por la fiscala superior de Madrid, y el fiscal general del Estado, hasta un día después de ser publicado en la prensa.
La trampa funcionó a la perfección y Álvaro García Ortiz cayó en ella ingenuamente sabiendo, como sabe, lo peligroso que es Miguel Ángel Rodríguez. Por eso no es de extrañar que éste se sienta el ganador de la jugada. Ha conseguido desviar la atención de la acusación contra el novio de su “protegida. Y encima ha servido a la derecha judicial la cabeza de uno de sus grandes enemigos, García Ortiz. El jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad Autónoma Madrileña sabe que el FGE no irá a la cárcel, pero es consciente de que está quemado políticamente y acabará por dimitir. Y eso es lo que quiere decir cuando señala eso de que va a ir “p’alante”.