El Partido Popular, la oposición, no hace más que acusar de corrupción al PSOE sin poder probar ninguna de esas acusaciones. Ni el fiscal general del Estado, ni la mujer de Pedro Sánchez ni su hermano, ni Koldo, ni Ábalos. Todavía ningún tribunal ha sentenciado los hechos de los que con tanta alegría habla la derecha que tiene mucho que callar porque con una sola condena ya se les cerraría su bocaza: la de la Gürtel, La sentencia declarando culpable a la organización, que no una persona física, por pagar obras de su sede central con dinero obtenido irregularmente. Por si eso fuera poco ahora ladran por una historia de la que habrá que comprobar cuanto tiene de cierta después del espectáculo montado por un empresario imputado de fraude en el IVA en el caso Hidrocarburos. Los portavoces populares acusan de “fontanera de Ferraz” a una afiliada porque dicen que negociaba componendas extrajudiciales en nombre del partido. Independientemente de la veracidad de esas acusaciones no está de más recordar a la derecha que el mayor “fontanero” de las cloacas de este país es un señor que está acusado judicialmente de ser el responsable de haber creado, o por lo menos haber hecho la vista gorda, en la creación de la llamada “policía patriótica”, ese grupo que se dedicó a generar bulos para desprestigiar a los separatistas catalanes y por uno de los cuales un empresario, Sandro Rosell, pasó injustamente dos años en la cárcel. Nos referimos concretamente a uno que fue ministro de Rajoy, Jorge Fernández Díaz, que tiene que responder ante un tribunal por su presunta participación en la llamada “operación Kitchen”. Eso si reviste gravedad porque Leire Díaz ni siquiera está siendo investigada por un juzgado mientras que Jorge Fernández Díez se va a sentar en el banquillo.
Esta lucha se ha convertido en una guerra de desacreditaciones. Una guerra muy sucia donde vale todo. Lo que se desconoce es quien está detrás de las filtraciones de audios que están alimentando a la caverna mediática. Desde los personales entre Sánchez y Ábalos prácticamente olvidados, hasta las conversaciones de Leire Díez que, supuestamente se han guardado en el pendrive que los servicios jurídicos del PSOE han puesto en manos del fiscal. Eso, por un lado. Por el otro, los audios de Juan Vicente Bonilla, capitán de la Guardia Civil, destinado en la UCO y que se encargó, como responsable de fuentes, de preparar informes para los jueces de los casos Hidrocarburos y Koldo. Ahora ha sido contratado por el gobierno de Díaz Ayuso en la CAM para hacerse cargo de la gerencia de seguridad de Salud Madrid. De las conversaciones con un confidente, un empresario vinculado a una de las tramas que investigaba, se desprende claramente su afinidad política. La misma que la de otro individuo, Víctor de Aldama, que se encuentra imputado por pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, tenencia ilícita de armas y blanqueo de dinero en el Supremo y en dos juzgados de la Audiencia Nacional.
Aldama, que fue excarcelado por el titular número 5 de la AN, Santiago Pedraz a cambio de que facilitase “información relevante” sobre los casos que investigan, no ha aportado nada nuevo. Algunas cuentas bancarias que el fiscal ha rechazado “porque parecen estar manipuladas”. Y lo único relevante que le ha sucedido es el escrache que hizo a la rueda de prensa de Leire Díaz que concluyó con un “a ver si ya de una vez la oposición y el señor Feijóo hacen lo que tienen que hacer y nos sacan a este Gobierno y de este caos en el que estamos". Caos el que generó en el Ayuntamiento de Madrid donde tiene cuentas pendientes al haber hecho negocios redondos, no muy regulares, con el visto bueno del equipo de gobierno de José Luis Almeida. No hace falta decir más. Está clara su filiación política y también la penal.
Así pues, no es de extrañar que en Ferraz se empiece a hablar de una nueva “operación Kitchen”. Durante el gobierno de Mariano Rajoy, en el ministerio de interior un grupo de altos mandos policiales, al frente de los cuales estaba el archiconocido “comisario jubilado”, José Manuel Villarejo, condenado en varias causas judiciales, crearon lo que se llamó “policía patriótica”. Su primer cometido fue sustraer del domicilio del exgerente de Génova, Luis Bárcenas, la documentación de la llamada “caja B” del Partido Popular. Y no conformes con ese tipo de actuaciones delictivas, se dedicaron a confeccionar campañas que colocaron en los medios de comunicación afines desprestigiando a significados militantes y simpatizantes del movimiento soberanista. Incluso fueron más lejos e intentaron implicar al fiscal general de Catalunya, Martín Rodríguez Sol.
En la actualidad el ministerio público investiga las acciones que llevaron a cabo esta “mafia policial”. Las notas internas a las que han tenido acceso varios medios de comunicación demuestran que el ministro, Jorge Fernández Diaz y el secretario de Estado para la Seguridad, Francisco Martínez, estaban al corriente de las actividades delictivas entre las que se encuentran acusaciones al expresident, Artur Mas y al exalcalde de Barcelona, Xavier Trías, de tener dinero en cuentas bancarias suizas. Unas declaraciones en las que el fiscal Rodríguez Sol se mostraba comprensivo con la celebración de consultas sobre el independentismo cumpliendo con la ley motivaron que la cúpula de Interior en el Gobierno de Rajoy iniciase una guerra contra él y que el fiscal general de la época, Eduardo Torres Dulce, le abriese un expediente. En marzo de 2013 Rodríguez Sol presentó su renuncia como fiscal jefe en Cataluña.
Por lo que se va viendo, todas estas actuaciones se parecen, y mucho, a las de ahora. Un fiscal general, esta vez del Estado, imputado por revelación de un secreto que era de dominio público, con un informe de la Guardia Civil en el que se le señala como el autor de la filtración o, al menos, “con una actuación preeminente en ella”, y 73 informes efectuados por la UCO que contienen importantes errores, según ha podido constatar la abogacía del Estado, son suficientes indicios como para sospechar de la existencia de algo en el cuerpo. “UCO patriótica”, puede ser. Pero de lo que nadie duda es de que el PP, la derecha, tiene mucho poder en el tejido de la sociedad civil, y lo está empleando para lograr ese poder que no consiguió en las elecciones de 2023.