El segundo mandato de Donald Trump se ha convertido en un terreno inédito para la política policial y judicial estadounidense. Sus decisiones, que van desde indultos masivos a criminales ultraderechistas hasta una ofensiva migratoria sin precedentes, han puesto en tensión las bases constitucionales del país y encendido las alarmas tanto dentro como fuera de sus fronteras.
Las encuestas en Estados Unidos reflejan un aumento de la preocupación ciudadana sobre el futuro del aparato policial y la integridad del sistema legal. El allanamiento del FBI a la casa de John Bolton, exasesor de seguridad nacional y ahora crítico de Trump, simboliza el giro autoritario que marca esta etapa. Y lo que comenzó como inquietud interna se ha trasladado rápidamente al escenario internacional.
Aliados inquietos
Diplomáticos europeos en Washington reconocen su creciente malestar ante la conducta del Departamento de Justicia y las prioridades de la Casa Blanca en materia de aplicación de la ley. Aunque insisten en que la cooperación con Estados Unidos sigue siendo vital para su seguridad nacional, admiten que las decisiones de Trump han complicado la colaboración en frentes sensibles como el tráfico de drogas, la ciberseguridad y la lucha contra el lavado de dinero.
Formalmente no importa quién sea el presidente de Estados Unidos. Pero lo que se está viendo en este mandato genera serias preocupaciones sobre lo que está ocurriendo y cómo puede afectar a la comunidad jurídica internacional.
Los diplomáticos señalan que Washington está dispuesto a torcer e ignorar compromisos legales básicos, como la protección de los solicitantes de asilo y el respeto al debido proceso en deportaciones. La política migratoria ha sido, de hecho, uno de los puntos de mayor fricción: expulsiones a terceros países sin vínculos con los afectados, restricciones basadas en acusaciones imprecisas de “apoyo al terrorismo” y la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros han generado un choque cultural y jurídico con Europa.
Consecuencias prácticas
La tensión no es meramente retórica. Algunos gobiernos europeos revisan con mayor rigor sus tratados de extradición para garantizar que los acusados no sean sometidos a la pena de muerte ni a condiciones de reclusión consideradas inhumanas. Otros advierten que la designación unilateral de los cárteles de la droga como “organizaciones terroristas extranjeras” podría bloquear futuras extradiciones, al exponer a los detenidos a condenas incompatibles con la legislación europea.
Se trata, por tanto, de un problema práctico y real. La cuestión es que nadie sabe hasta dónde llegarán estas medidas, que ya obligan a repensar la cooperación con Washington.
Politización del Departamento de Justicia
Más allá de las medidas concretas, lo que más preocupa en el cuerpo diplomático europeo es la creciente politización del sistema de justicia estadounidense. La fiscal general Pam Bondi y el director del FBI Kash Patel han adoptado un tono agresivo en materia de inmigración y delitos violentos que, según diplomáticos, erosiona la credibilidad institucional.
Los líderes actuales se comportan de forma distinta a sus predecesores. Eso corre el riesgo de crear un efecto dominó dentro del propio Departamento de Justicia y el FBI, que deberían mantenerse imparciales.
El temor compartido es que esta deriva convierta a la cooperación internacional en un terreno imprevisible, condicionado por prioridades políticas más que por compromisos legales estables.
Más allá de Estados Unidos
El cuestionamiento del Estado de derecho en Estados Unidos tiene implicaciones globales. Europa depende del intercambio de información, extradiciones y asistencia judicial para combatir el crimen organizado, la corrupción y las amenazas cibernéticas. Sin confianza mutua, ese engranaje corre el riesgo de atascarse.
Los principios de justicia compartidos son la base de la coordinación transatlántica. Si eso se erosiona, se corre el riesgo de volver a una ‘época vaquera’, donde la fuerza impere sobre las normas institucionales.
Futuro incierto
Los diplomáticos coinciden en que la dependencia de Europa respecto a Estados Unidos limita su margen de maniobra. Sin embargo, varios subrayan que los cambios en el sistema legal norteamericano alimentan la percepción de que la ley se aplica de manera desigual, tanto dentro como fuera del país.
El mayor temor es que esta dinámica se consolide. Restaurar la confianza en el Estado de derecho no solo beneficia a Estados Unidos. Es vital para la estabilidad global.