La sala de Apelaciones del Tribunal Supremo ha aceptado los recursos de los defensores del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscala provincial, Pilar Rodríguez, investigados por revelación de secretos, para que el instructor, Ángel Hurtado, tome declaración alos peritos autores de los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil incorporados al sumario. Esta diligencia fue rechazada por el juez bajo el argumento de que una “ratificación”no aportaría información relevante al informe ya incorporado a la causa. La sala de Apelaciones no piensa de igual manera. Sus miembros creen que es pertinente permitir a las partes realizar preguntas y obtener aclaraciones sobre el informe pericial en la actual fase de la instrucción. Y así como la obligación de tomar declaración al denunciante, Alberto González Amador, es fundamental, no lo es menos la de los guardias civiles que registraron la sede de la fiscalía general y analizaron los soportes digitales de García Ortiz los cuales deberán explicar por qué volcaron datos que no tenían que ver con el objeto de la investigación. Deberán aclararlo delante del magistrado que les ordenó que se limitasen a los correos y llamadas telefónicas inmediatamente anteriores y posteriores al 13 de marzo de 2024, cuando presuntamente se produjo la filtración delictiva. Ellos llegaron a decir que las órdenes del juez era que se volcasen los datos de los diez meses anteriores y posteriores y el juez dice que el nunca dio esa orden.
Las ultimas decisiones de la sala de Apelaciones suponen un vuelco total a la instrucción del juez Hurtado que se basa, principalmente, en los informes de la UCO. Esos informes pueden acabar por ser rechazados en el futuro juicio ya que contienen irregularidades, 37 según la abogacía del Estado. El primero de esos informes ha sido calificado de tendencioso por las defensas. Los agentes no logran probar que Rodríguez y García Ortiz fuesen los autores materiales de la filtración de los datos personales contenidos en el correo del abogado de González Amador, pero les atribuyen “una participación preeminente”. Para la ciudadanía, esta conclusión puede suponer un indicio para tener en cuenta a la hora de juzgar los hechos pero en el ámbito jurídico decir que hubo “una participación preeminente” no supone una condición probatoria por mucho que la derecha mediática se empeñe en lo contrario. Esa será la primera cuestión que las defensas piensan plantear porque los superiores del instructor dejan bien claro que no se trata de “ratificaciones” de los informes sino de “aclaraciones”, algo bien diferente.
Hay un segundo informe, el del registro ordenado por el juez en los despachos de los investigados, principalmente en el de la sede central de la fiscalía que ocupa García Ortiz. La sala de Apelaciones lo ha avalado indicando que “no queda otra alternativa”. Precisa que “si concluyéramos que es un lugar de imposible prospección judicial, por ser una alta institución del Estado, conllevaría la renuncia a la misma investigación y a la consiguiente creación de un ámbito de impunidad que no resulta en ningún apartado de nuestro ordenamiento jurídico, ni de la debida transparencia que debe guiar la actuación de todas las instituciones en un estado de derecho y democrático”. Hasta ahí todo correcto. Pero la sala no entra en una de las claves del registro por la que los defensores de García Ortiz han elevado una queja por “vulneración del derecho fundamental a la intimidad” de García Ortiz, debido a la “inclusión en el informe de comunicaciones privadas que carecen de relevancia para el objeto de la causa” y que se ve agravada por la publicación del informe “ampliamente en los medios de comunicación” lo que “aumenta significativamente el perjuicio causado”.
Según el juez Hurtado, sólo se autorizó la intervención de las comunicaciones correspondientes a los días inmediatamente anteriores y posteriores a la fecha de autos, el 13 de marzo de 2024, que es cuando los medios de comunicación publicaron los datos personales de González Amador incluidos en el correo remitido a la fiscalía anticorrupción. Pero en el sumario se incluyen las comunicaciones correspondientes a diez meses. Un documento Excel en el que figuran datos de personas ajenas a la causa como son fiscales, periodistas, policías, incluso escoltas, con sus números de documentos de identidad, teléfonos, domicilios y direcciones de correo, unos apuntes que, al ser trasladados a las diligencias, han estado a disposición de las acusaciones personadas algunas de las cuales están vinculadas a organizaciones de extrema derecha. Al final, ha tenido que ser el ministerio de Interior el que ha tenido que reforzar la seguridad no sólo de los dos fiscales investigados sino también de algunos de los destinatarios de las comunicaciones.
El juez Hurtado intentó pactar con las partes esa “metedura de pata” pidiendo prudencia a la hora de utilizar los datos, pero no lo logró y la caverna mediática se ha encargado de publicarlos con todas las consecuencias que un gesto de ese tipo supone para esos particulares. Ni la Agencia de Protección de Datos ni el ministerio del Interior han logrado contrarrestar los efectos negativos de su publicación.
En el registro, además, hubo otras circunstancias que han sido denunciadas como la presencia en el mismo del presidente de la APIF, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, Salvador Viadas, que ejerce de acusación particular. Viadas denunció que en el transcurso de las diez horas en las que la Guardia Civil efectuó su trabajo, pudo comprobar cómo Álvaro García Ortiz y su segunda, la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde, “manipulaban un teléfono móvil”, lo que puso en conocimiento del juez sin que, hasta el momento, se haya sabido la decisión del magistrado al respecto.
Muchas cosas deberán explicar los peritos de la Guardia Civil y de su testimonio dependerá el buen fin de los informes que han elaborado. Tan importante será esa comparecencia como la de Alberto González Amador quien deberá explicar cómo es posible que, con anterioridad a la publicación en los medios de comunicación del correo en el que su abogado efectuaba una oferta de conformidad con el fiscal anticorrupción, Julián Salto, reconociendo delitos contra la hacienda pública, decenas de personas, incluyendo un abogado del Estado, tenían en su poder dicho correo. Y es importante porque, de las explicaciones de la pareja de Díaz Ayuso va a depender el cierre del caso porque si de lo que declare se desprenden irregularidades, el juez Hurtado no tendrá más remedio que archivar la causa. Y, si no lo hace, la sala de Lo Penal tiene un grave problema jurídico, todo ello teniendo en cuenta que el presidente Pedro Sánchez, ha dejado claro que si García Ortiz se sienta en el banquillo no lo va a cesar. Y ese el objetivo de la derecha judicial: cargarse a García Ortiz, sí o sí.