La violencia económica contra las mujeres es una de las formas más sutiles, pero también más extendidas y devastadoras, de violencia de género. A menudo invisibilizada por su carácter no físico y normalizada dentro de los marcos sociales y económicos tradicionales, esta violencia tiene profundas raíces estructurales que deben entenderse desde una perspectiva feminista para ser combatidas eficazmente. Su reconocimiento, aún incipiente en el ámbito legal y político, es una exigencia del movimiento feminista que denuncia desde hace décadas que la dependencia económica no es una elección personal, sino una consecuencia directa de un sistema que margina a las mujeres del poder económico y de la toma de decisiones.
Qué es y cómo opera la violencia económica
La violencia económica se manifiesta cuando una mujer es privada de recursos económicos esenciales, controlada financieramente o explotada con el objetivo de limitar su autonomía y libertad. Puede adoptar diversas formas: impedir el acceso al trabajo remunerado o sabotear oportunidades laborales, retener o controlar el dinero que la mujer gana o recibe, contraer deudas a su nombre sin su consentimiento, negarse a pagar pensiones alimenticias tras una separación, u obligarla a justificar cada gasto, creando un sistema de vigilancia constante.
Estas prácticas refuerzan una relación de poder en la que la mujer depende económicamente del agresor, perpetuando una subordinación que puede extenderse durante toda su vida. La dependencia se vuelve una herramienta de control, un grillete invisible que impide a muchas mujeres abandonar relaciones abusivas y recuperar su libertad.
Una violencia respaldada por la estructura económica
Desde una perspectiva feminista, es imposible entender la violencia económica sin analizar el papel del patriarcado en la construcción de la economía. Históricamente, las mujeres han sido relegadas al ámbito doméstico, desempeñando trabajos no remunerados esenciales para la reproducción social pero invisibilizados dentro del sistema productivo. Esta marginación no es casual: el sistema capitalista patriarcal se ha beneficiado ampliamente de la gratuidad del trabajo de cuidados que tradicionalmente han realizado las mujeres.
La incorporación de las mujeres al mercado laboral no ha venido acompañada de una redistribución del trabajo de cuidados ni de igualdad real de condiciones. La brecha salarial, la feminización de la pobreza, la precariedad laboral, los techos de cristal y los suelos pegajosos son expresiones estructurales de una violencia económica sistémica. Esta violencia no se limita al ámbito privado: también se expresa en las estructuras del mercado, en las políticas públicas, en la fiscalidad regresiva y en la falta de inversión en servicios públicos de cuidados, lo que perpetúa la dependencia económica de las mujeres.
España, avances y retos legislativos
En el contexto español, la violencia económica ha sido durante mucho tiempo una dimensión oculta de la violencia de género. La Ley Orgánica 1/2004 no la recogía de manera explícita, dificultando su reconocimiento legal y su judicialización. Durante años, muchas mujeres han denunciado impagos de pensiones alimenticias, control de recursos y obstáculos laborales sin que estos hechos fueran reconocidos como parte de un patrón de violencia.
No fue hasta la aprobación del nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en 2025, que se incorporó como categoría diferenciada, junto con otras nuevas formas de violencia como la vicaria y la digital. Este avance, impulsado por el activismo feminista y por organizaciones especializadas en violencia de género, supone un paso importante en el reconocimiento institucional de la violencia económica. Sin embargo, su implementación práctica enfrenta resistencias: la falta de formación especializada en el ámbito judicial, la escasa sensibilización institucional, y la carencia de mecanismos eficaces para garantizar el pago de pensiones o la recuperación de la autonomía financiera tras una separación.
Víctimas sin red, consecuencias personales y sociales
Las consecuencias de la violencia económica no se limitan al empobrecimiento material. Esta forma de violencia limita profundamente la capacidad de las mujeres para tomar decisiones sobre su propia vida, perpetúa relaciones abusivas y afecta directamente a su salud mental. La sensación de no poder sostenerse económicamente sin el agresor genera ansiedad, miedo e inmovilidad. Además, tiene un efecto intergeneracional: las hijas e hijos criados en entornos de dependencia económica y control reproducen roles y patrones desiguales, aprendiendo desde la infancia que el poder y el dinero pertenecen a unos y no a otras.
Las mujeres migrantes, las madres solas, las mujeres con discapacidad o en situación de pobreza estructural sufren esta violencia con una intensidad aún mayor. En estos casos, la intersección de desigualdades agrava la situación de vulnerabilidad, dificultando el acceso a recursos, redes de apoyo y sistemas de protección efectivos.
Herramientas de empoderamiento y resistencia
El empoderamiento económico de las mujeres es una de las claves para romper el ciclo de la violencia. Esto requiere políticas públicas integrales, voluntad política sostenida y recursos adecuados. La educación feminista desde edades tempranas debe fomentar la autonomía, el pensamiento crítico y la independencia económica. Las políticas de empleo deben garantizar el acceso a trabajos dignos, estables y bien remunerados, además de promover la corresponsabilidad en los cuidados como principio fundamental.
También es imprescindible fortalecer las reformas legales para sancionar la violencia económica, garantizar el cumplimiento de las pensiones y generar medidas de reparación efectiva para las mujeres que han sido víctimas de control financiero. Los programas de formación en gestión financiera, emprendimiento y cooperativismo feminista representan una vía concreta hacia la independencia económica.
Diversas organizaciones sociales han desarrollado iniciativas pioneras en este ámbito, con resultados muy positivos: acompañamiento legal, redes de apoyo mutuo, formación financiera y espacios seguros para la reconstrucción de la autonomía. Estas estrategias demuestran que la respuesta a la violencia económica no puede ser solo individual: requiere una comunidad activa, consciente y solidaria.
Hacia una justicia económica feminista
Erradicar la violencia económica implica repensar las estructuras mismas de nuestra sociedad. Exige un cambio de paradigma que coloque en el centro la vida digna, la equidad en el acceso a los recursos y el reconocimiento del trabajo que históricamente han sostenido las mujeres. La economía feminista propone un modelo alternativo donde la justicia económica sea inseparable de la justicia social.
Reconocer la violencia económica como una forma específica y estructural de opresión patriarcal es un paso imprescindible para construir una sociedad más justa. Pero el reconocimiento no basta: se necesitan políticas transformadoras, marcos legales efectivos y una sociedad movilizada que comprenda que la independencia económica de las mujeres no es un privilegio, sino un derecho fundamental.