La decisión de procesar al fiscal general del Estado ha dejado al descubierto la primera gran grieta dentro de la Sala de Apelación del Supremo. El voto particular de Andrés Palomo es un alegato en defensa de la lógica jurídica y de la presunción de inocencia frente a la línea dura impuesta por el juez Ángel Hurtado, cuya instrucción ha ignorado durante meses los indicios que exoneraban a Álvaro García Ortiz. Lo que Palomo describe en su texto es una instrucción que ha preferido sostener un relato antes que atender a la evidencia.
Un relato construido contra la prueba
Palomo, con más de una década en la Sala de lo Penal, ha desnudado en su voto particular las debilidades de un sumario que se ha sostenido más en conjeturas que en pruebas. Para el magistrado, la pieza central de la acusación —la filtración de un correo sobre el caso de Alberto González Amador— no se corresponde con la realidad de los hechos:
cuando García Ortiz recibió el correo la tarde del 13 de marzo de 2024, el contenido ya circulaba entre periodistas y asesores políticos vinculados al entorno de Isabel Díaz Ayuso.
El voto de Palomo recuerda que el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, fue quien comenzó a difundir esa información, dos horas antes de que llegara al teléfono del fiscal general, y que varios medios, entre ellos El Mundo, ya habían empezado a publicar detalles que hicieron necesaria la nota de prensa de la Fiscalía. Para el juez, lo que Hurtado interpreta como filtración es, en realidad, un desmentido ante una operación política bien orquestada.
La desatención deliberada a los testimonios
Uno de los aspectos más graves que denuncia Palomo es la voluntad del instructor de ignorar los testimonios clave. Media docena de periodistas declararon que conocían el contenido del correo antes de que García Ortiz tuviera acceso a él, pero Hurtado les negó credibilidad por negarse a revelar sus fuentes. Para el magistrado discrepante, este criterio supone un ataque directo al derecho constitucional a proteger las fuentes periodísticas, lo que convierte la instrucción en una amenaza para la libertad de prensa.
La crítica alcanza también a la UCO y al informe pericial elaborado en noviembre de 2024, al que acusa de centrarse exclusivamente en los dos fiscales y pasar por alto a más de veinte personas que habían tenido acceso a la información antes de que la recibiera el fiscal general. Un trabajo parcial que nunca se actualizó y que Hurtado asumió sin contrastar.
El voto de Palomo no solo disiente, también revela una fractura en el Supremo sobre los límites de la instrucción y la necesidad de proteger a las instituciones frente a procesos que se construyen sin pruebas suficientes. Frente a la deriva del juez instructor, el magistrado plantea un recordatorio esencial: el derecho penal no puede convertirse en un instrumento para desgastar a quien incomoda políticamente.