En su lucha por judicializar la política, Vox ya no puede acudir al Tribunal Constitucional porque no cuenta con el número suficiente de diputados que señala la ley. Inasequibles al desaliento, los dirigentes del partido de Santiago Abascal han encontrado otra vía, la presentación de querellas y denuncias en el Tribunal Supremo.
Si en la Corte de Garantías que preside Conde Pumpido respiran porque su carga de trabajo se ha visto disminuida al no tener que resolver los recursos, peticiones de amparo, y cuestiones de inconstitucionalidad del partido ultraderechista, en el Supremo tiemblan.
El número de denuncias y querellas se ha visto incrementado en este último año en un momento, además, en el que los medios son precarios ya que no se pueden cubrir las 17 vacantes producidas por las bajas, jubilaciones y fallecimientos de sus miembros debido a que quien tiene que provisionar esas vacantes, el Consejo General del Poder Judicial, no lo puede hacer por las limitaciones de sus competencias al ser un organismo en funciones desde hace cinco años.
La ventaja es que la sala de Lo Penal, que es la que entiende de las denuncias y querellas de Vox, cuenta con los efectivos suficientes. Aún así, en la plaza de la Villa de París reconocen que el aluvión de demandas presentadas por los ultraderechistas les está generando quebraderos de cabeza. Por eso ha sido la propia sala de Lo Penal, en su último auto respondiendo a una denuncia de Vox, donde les ha llamado la atención por haber impulsado una denuncia igual a la que elaboraron hace un año y que fue rechazada por ese mismo tribunal. “La denuncia se funda básicamente en idénticos hechos”, dicen los jueces remitiéndose a su auto del pasado mes de febrero. Los abogados reconocen que la denuncia presentada el 16 de octubre es idéntica a la del año pasado pero que “hay cosas nuevas qué investigar” y citan las reuniones del PSOE con Bildu, las de Yolanda Díaz con los independentistas catalanes, y el “compromiso del PSOE de sacar adelante una ley de amnistía para los encausados del procés independentista catalán”.
El Supremo ha rechazado en su totalidad los argumentos de Vox para acusar a Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, Félix Bolaños, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Arnaldo Otegi y los integrantes de la Mesa de Diálogo de Catalunya, de delitos de conspiración para la rebelión, prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos por “buscar la subversión del orden constitucional” y “asegurar la impunidad absoluta en caso de ejecutar la separación de Cataluña del resto de España”.
Las demandas de Vox ante el Supremo no son gratuitas. Sabe que, a falta de la repercusión mediática que tenían sus recursos ante el Constitucional, la mejor manera de seguir manteniendo lo que ellos llaman “la tensión judicial” es en el Supremo. Por eso sus denuncias y querellas van dirigidas siempre contra aforados, en concreto hacia Pedro Sánchez en calidad de presidente del Gobierno o alguno de sus ministros por lo que la competencia del procedimiento recae en el alto tribunal. La última querella fue presentada un mes después de la denuncia rechazada, el 14 de noviembre. Todavía no ha sido admitida a trámite, pero sí se resolvió la petición de medidas cautelarisimas para que se suspendiese el pleno de investidura que la sala rechazó tajantemente.
Pero volvamos al auto anterior, el referido a la denuncia del 16 de octubre. Los jueces acusan a Vox de plantear un delito de conspiración y rebelión contra Pedro Sánchez “basándose en conjeturas y tratando de combatir por la vía penal la política gubernamental”. “No existe base alguna mínimamente sólida”, concluye la sala de Lo Penal. Los reproches de los jueces no hacen mella en los dirigentes del partido de extrema derecha que están dispuestos a seguir instrumentalizando la justicia para dirimir sus diferencias políticas a sabiendas de que los procesos que pretenden van a ser rechazados. Porque los magistrados del Supremo serán conservadores, pero no tienen un pelo de tontos. A pesar de que algunos de ellos están próximos a los postulados del partido de extrema derecha, y sienten la tentación de admitir estas demandas, tienen mucho miedo a prevaricar.
Tampoco los dirigentes del partido de Abascal. Son conscientes de los réditos electorales que pueden obtener a través de esta estrategia. Lo que ocurre es que luego no pueden rasgarse las vestiduras por la marcha de la justicia en este país. La lentitud la provocan este tipo de denuncias. Y menos mal que las querellas obligan al depósito de una fianza económica, lo que limita este tipo de acción judicial. Si no fuese así, el caos sería mucho mayor. Recordemos que ha habido individuos, como José María Ruiz Mateos, que abusó de las demandas judiciales para dirimir la lucha que mantuvo con los políticos desde que le expropiaron Rumasa. O el más reciente caso del seudosindicato Manos Limpias, que, durante muchos años, utilizó, y todavía sigue utilizando, los juzgados para presentar demandas con las que chantajear. Y no lo decimos nosotros. El mejor ejemplo es la investigación del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, en la llamada “operación Nelson” en cuyo juicio quedó demostrado que Miguel Bernard, secretario general de Manos Limpias, junto a su “socio” Luis Pineda, de Ausbanc, chantajeaban en las causas judiciales que llevaban a cabo contra políticos y banqueros principalmente.
No es el propósito de Vox llegar a esos extremos, pero el partido de Abascal utiliza este sistema con la intención de obtener réditos electorales. Lo que les ocurre es que esta “lucha penal” que llevan a cabo está siendo un fracaso. Vox acumula una serie de sonoras derrotas en su intento de trasladar contiendas políticas al terreno penal. Antes acudían al Constitucional, pero, una vez cerrada esta vía, les queda el recurso de los tribunales ordinarios. Y si se puede llegar al Supremo mejor que mejor, aunque luego los magistrados les reprendan por el abuso de este recurso.