Vicente Guilarte, presidente sustituto del sustituto del Consejo General del Poder Judicial que ha anunciado su retirada para el verano, no quiere dejar pasar la ocasión y, antes, ha enviado a las Cortes una propuesta de reforma de la ley orgánica que regula el funcionamiento del organismo rector de los jueces que supone toda una revolución. En cualquier caso, Guilarte no aporta ninguna novedad sobre lo que ya anunció hace unos meses. En su “testamento” asegura que hay que cambiar el método de elección de los vocales del CGPJ, y las modalidades de designación de los jueces del Tribunal Supremo y de los tribunales superiores territoriales. Una idea que podría ser tenida en cuenta de no ser porque a Guilarte no le hace caso nadie. El órgano que preside lleva cinco años y medio caducado, carece de toda credibilidad debido a la politización a que ha sido sometido por la derecha, y va a ser renovado en breve, casi coincidiendo con el abandono del cargo para volver a su cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad de Valladolid.
Guilarte se posiciona del lado de los que quieren que sean los jueces los que elijan a los vocales del CGPJ porque “en el modelo actual, se tienen en cuenta criterios de proximidad afectiva e ideología”. El sistema en vigor pone en manos de los diputados y senadores la elección de los vocales y el presidente del Consejo General del Poder Judicial quien, a su vez, en una situación normal, ejerce como presidente del Tribunal Supremo. La ley data de 1985 y se ajusta a lo dictado en la Constitución cuyo artículo 122.3 dice que “el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión”. Por lo tanto, si se toma en consideración el modelo pretendido por Guilarte, habría que proceder a la reforma de este artículo con las consecuencias políticas que supone una reforma de la Carta Magna en los actuales momentos de bipolarización política.
Además, habría que modificar la ley orgánica 6/1985 del poder judicial que atribuye unas competencias al órgano de gobierno de los jueces que Vicente Guilarte propone reducir. Es cierto que esta reforma se podría llevar a cabo porque sólo requiere de mayoría absoluta. De hecho, su articulado experimentó varios cambios, el último de marzo de 2022 que reduce sus competencias en el supuesto de que el órgano de gobierno de los jueces se encuentre en funciones como es el caso, algo que el jurista no menciona en su propuesta en la que dice que es “imprescindible no tanto sustraer competencias al CGPJ como dar más protagonismo a la carrera judicial en el ejercicio de las tareas gubernativas”. Señala, también, que “no se priva al órgano de competencia para el nombramiento de los altos cargos jurisdiccionales”. Y defiende que el objetivo es “limitar la inevitable discrecionalidad actual” al “reenviar” las designaciones a los principios constitucionales de “mérito y capacidad”.
En los nombramientos efectuados por el Consejo General del Poder Judicial, se han producido numerosas discrecionalidades. Sobre todo, en la última época en la que el exdirector general de Justicia del gobierno de Mariano Rajoy, Carlos Lesmes, abusó de la competencia en materia de nombramientos para introducir, sobre todo en el Tribunal Supremo, a jueces y magistrados afines a la derecha conservadora y que, ahora mismo, son los que llevan a cabo una intensa batalla contra el gobierno progresista de Pedro Sánchez.
Es verdad que no se han tenido en cuenta criterios como son el mérito y la capacidad de los designados por lo que es necesario ese cambio propuesto por Guilarte. Otra cosa es el modelo que propone. Los magistrados del Supremo serían designados por una comisión del CGPJ mediante un concurso de méritos. Cuando el organismo goza de plenas competencias, es la comisión permanente la que lleva a cabo esta función. Y esa comisión permanente estuvo controlada, en la época de la que hablamos, por Lesmes. Por lo tanto, habría que cambiar el modelo de funcionamiento de la comisión permanente para dar entrada a otras sensibilidades, algo que ahora mismo no ocurre. Sólo de esa manera, el concurso de méritos que propone Guilarte sería efectivo a la hora de nombrar los mejores jueces y magistrados del país.
El sistema de elección de los presidentes de las instancias territoriales, tribunales superiores y audiencias provinciales es aceptable desde el punto de vista profesional. Serían los propios jueces los que designarían a sus jefes en cada demarcación. Pero las condiciones que Guilarte impone son complicadas de llevar a cabo porque los candidatos tendrían que presentar un programa de actuación y se podrían determinar exigencias adicionales como la antigüedad o la vinculación con el territorio. Por supuesto, el organismo encargado de gestionar el proceso sería el propio CGPJ por lo que lo único que variaría con respecto a la actual situación es que se daría mayor protagonismo a los magistrados.
La idea es aceptable, pero tiene numerosas lagunas ya que no se cuenta con un colectivo tan importante en la gestión judicial como son los letrados de la administración de justicia que tienen algo que decir a la hora de dar su opinión sobre sus futuros superiores. Tampoco se toma en consideración el parecer del resto de funcionarios.
Lo que ha hecho Guilarte son solo buenas palabras que nadie va a tener en cuenta en los momentos actuales. En cierta manera, el presidente del Consejo General del Poder Judicial lo que pretende es justificar el sueldo que percibe. Demasiado elevado para ser el sustituto del sustituto de un organismo inconstitucional, manipulado políticamente, y que, por eso, carece de credibilidad.
