El cambio climático no es solo una amenaza para nuestro medio ambiente, sino también una crisis de derechos humanos que afecta principalmente a las poblaciones más vulnerables del mundo. A medida que la cumbre del clima COP28 se aproxima, la presión sobre las negociaciones internacionales para finalizar un fondo de pérdidas y daños centrado en los derechos humanos es intensa y urgente. Ann Harrison, asesora de política sobre cambio climático de Amnistía Internacional, destaca la importancia crítica de un fondo que pueda mitigar los sufrimientos directamente relacionados con los desastres climáticos.
La necesidad de un fondo efectivo
Un fondo bien estructurado y eficiente para abordar las pérdidas y los daños es una necesidad imperante. Las comunidades de todo el mundo, especialmente en los países en desarrollo, se están desmoronando bajo el peso de sequías, inundaciones, ascenso del nivel del mar y la destrucción de medios de vida. Para ellas, este fondo representa una línea vital, no solo en términos económicos sino como un salvavidas para su existencia misma.
El desafío del consenso
Desde que las partes acordaron la creación del fondo en la última COP celebrada en Egipto, el progreso ha sido decepcionantemente lento. Con las negociaciones al borde del fracaso, es alarmante que aún no se haya llegado a un consenso sobre cómo financiar y operar dicho fondo. La reunión programada para el 3 y 4 de noviembre en Abu Dhabi ofrece una última oportunidad para que las partes involucradas lleguen a un acuerdo antes de la crucial cumbre en Dubái.
Derechos humanos
Amnistía Internacional hace un llamamiento a que los derechos humanos se coloquen en el núcleo del fondo. Esto significa que el fondo no solo debe ser reactivo, sino que también debe ofrecer soluciones que aborden los daños de manera completa y eficaz, priorizando a aquellos grupos que históricamente han sido marginados.
La responsabilidad de los emisores históricos
El principio de «quien contamina paga» debe ser una piedra angular en la estructura financiera del fondo. Los países que han contribuido desproporcionadamente a las emisiones de gases de efecto invernadero tienen la mayor responsabilidad de apoyar económicamente. Además, es fundamental que el fondo provea subvenciones, no préstamos, para no agravar el ya pesado endeudamiento de los países en desarrollo.
Una propuesta firme es que el fondo no debe estar bajo la gestión del Banco Mundial. Esto garantizará que el acceso a la financiación sea equitativo y que el apoyo llegue a todos los países en desarrollo que lo necesiten sin condiciones restrictivas.
La COP28 como horizonte
Toda propuesta acordada para el fondo debe ser ratificada en la próxima COP28, que será un foro global para abordar la amenaza del cambio climático. Con 198 partes reunidas, la oportunidad de sellar un compromiso es inminente. La presencia de la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, del 1 al 6 de diciembre, subraya la gravedad y la seriedad con la que la comunidad internacional debe tomar las negociaciones.
La creación de un fondo de pérdidas y daños que se centre en los derechos humanos es más que una cuestión de política ambiental; es una medida de justicia social y equidad global. A medida que los efectos del cambio climático se intensifican, el fondo no es solo vital, sino una deuda ética de los países desarrollados hacia aquellos que menos han contribuido al problema y sin embargo, son los más afectados.
