Cada día que pasa empeora un poco más la situación de Isabel Díaz Ayuso, a quien cierta información judicial y ciertos audios policiales relacionan con la trama Púnica y la financiación ilegal del PP madrileño en los tiempos de Esperanza Aguirre. Lejos de aclararse el grado de conocimiento que tenía la candidata a la Comunidad de Madrid sobre los negocios turbios que su partido mantenía con la red mafiosa, cada hora se añaden nuevos datos que arrojan más interrogantes.
Mientras la candidata niega que haya tenido nada que ver con los hombres de la Púnica y de su conseguidor, Alejandro de Pedro, los datos judiciales publicados por Vozpópuli ponen en duda su versión. Según las informaciones de este diario digital no solo era ella la que gestionaba los contactos con las empresas implicadas en la causa, sino que además fue una persona de la máxima confianza de Aguirre, puesta por Aguirre y que seguía las órdenes de Aguirre. De hecho, una carta que obra en el sumario del caso Púnica la desmiente sobradamente. Se trata de la misiva firmada por Isabel Gallego –ex directora de medios de comunicación y mano derecha de la expresidenta madrileña−, que revela que la propia Aguirre colocó a Díaz Ayuso en el partido. “Las cuentas [en redes sociales] de Esperanza Aguirre las llevaba desde el PP Isabel Díaz Ayuso, persona que pone en el partido Aguirre”, asegura Gallego en su carta. La que fuera jefa de medios de la Comunidad de Madrid ha enviado su texto al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional (según Vozpópuli) donde esta semana se analiza el sumario de la causa antes de decidir quiénes serán imputados por la presunta financiación irregular del PP madrileño.
Cuesta trabajo creer que alguien como la candidata, que fue supuestamente designada por la máxima responsable del PP de Madrid para llevar a cabo las gestiones con los empresarios hoy implicados en la trama, no supiera nada de lo que allí se amasaba, entre otras cosas que el partido facturaba en negro y con mordidas, que los contratos públicos se adjudicaban a dedo y que la sede de Génova 13 estaba enfangada desde los cimientos hasta la última planta del edificio. El grado de corrupción al que había llegado el partido era tan inmenso que solo una persona ciega, sorda y muda no se hubiera enterado de que entre las cuatro paredes de los despachos populares se estaba cociendo algo raro. De modo que si Díaz Ayuso llegó a estar al corriente de que el PP era una gran tapadera para el crimen organizado su obligación era haberlo denunciado a la Policía.
De momento todo son interrogantes que de una forma o de otra se irán despejando conforme avance la instrucción del sumario. El expediente judicial ya está en manos del juez Eloy Velasco y será la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la que determine el grado de conocimiento de los hechos delictivos al que llegó la joven promesa del PP madrileño. Pero mientras la Justicia se pronuncia, lo que está en juego ahora mismo es la responsabilidad política de la candidata que en unos días subirá al atril de la Asamblea Regional de Madrid para pedir la confianza de la cámara. ¿Cómo puede alguien que pretende formar un nuevo Gobierno que rompa con el pasado presentarse limpia de polvo y paja mientras el vendaval de insinuaciones y sospechas arrecian en los tribunales y en los medios de comunicación? Mala forma de empezar un proyecto político de cuatro años que supuestamente pretendía dejar atrás los años de la corrupción galopante del “aguirrismo”.
Y ahí es donde entra la cuota de responsabilidad que puedan tener los socios en los que Díaz Ayuso planea apoyarse para ser investida presidenta. Ciudadanos y Vox, tras suscribir un pacto con el PP madrileño para formar un Ejecutivo de derechas, tendrán que dar explicaciones a partir de ahora. Sobre todo la formación de Albert Rivera, que llegó a la política española jactándose de que sería el purgante definitivo, el limpiador que iba a adecentar de suciedad la vida pública de nuestro país.
Diario16 ha podido saber que en Ciudadanos existe una “gran preocupación” por la evolución que vayan tomando los acontecimientos. Si la investigación judicial sigue hurgando en los presuntos contactos de Ayuso con la Púnica, los naranjas –inmersos en una profunda crisis con cascada de dimisiones y deserciones– lo tendrán muy difícil para explicar a su electorado por qué siguen apoyando a la candidata popular. “Si hay algún imputado, tendrá que dejar sus cargos”, se ha limitado a asegurar José Manuel Villegas, secretario general de Cs, pasando por alto que la Fiscalía Anticorrupción ya ha solicitado dos imputaciones estelares: la de las dos expresidentas madrileñas, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. Si finalmente recae la imputación sobre ambas exdirigentes, el siguiente paso del juez podría ser llamar a declarar a Díaz Ayuso, aunque solo sea como testigo, para que aporte detalles sobre los supuestos contactos con los empresarios y la financiación irregular del partido. De ahí que Ciudadanos viva con inquietud estas horas decisivas, ya que su futuro se ha ligado a partir de ahora, de forma irremediable, al de un PP madrileño que por lo visto todavía no ha limpiado sus cloacas.
