Al titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre,“se le pierden” los autos. Al menos en los argumentos que se refieren a la prórroga de la instrucción, una prórroga de seis meses que el abogado de uno de los investigados, Josep Lluís Alay, ha recurrido porque entiende que las diligencias previas concluyeron en abril del año pasado porque así lo decretó el juez en un auto que ahora ha desaparecido.
A raíz del escrito de la defensa de Alay, que ejerce el penalista Gonzalo Boye, el juzgado que dirige Aguirre empezó a buscar el auto que, según el asesor de Puigdemont, le fue notificado en abril de 2023. La respuesta ha llegado este lunes en forma de sendas resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia y del instructor. Según el LAJ, “no se ha localizado el documento original” del auto de conversión en procedimiento abreviado que dejaba a Alay y a un Mosso d`Escuadra a un paso del juicio.
Esta pérdida del documento fundamental para la conversión de una de las piezas separadas del Caso Volho en procedimiento abreviado, obliga al juez a “regenerar” el dichoso auto perdido para poder continuar el proceso y abrir juicio oral. El inconveniente que tiene este asunto, jurídicamente hablando, es que, durante el plazo en que se debía de haber efectuado el trámite de conversión a procedimiento abreviado, se decretó una prórroga presuntamente irregular desde el punto de vista procedimental. A eso se agarrará el defensor, Gonzalo Boyé, para pedir la nulidad de las actuaciones por mucho que el fiscal proceda, ahora, a elaborar un escrito de conclusiones provisionales. Es casi seguro que la Audiencia de Barcelona resolverá decretando la nulidad de las actuaciones por lo que esta pieza separada, se tendrá que archivar.
La Justicia tiene puesto su punto de mira en Alay, jefe de gabinete de Carles Puigdemont, desde hace años. En su etapa al frente de la oficina del expresident, Alay fue imputado cinco veces en varias causas. Exculpado de acompañar a Puigdemont en su detención en Alemania, deberá someterse a juicio porque la Fiscalía lo acusa de pagar con dinero público un viaje oficial a Nueva Caledonia que la intervención de la Generalitat no autorizó.
Ahora, en el sumario del caso Voloh se le acusa de haber utilizado información reservada. El 17 de julio de 2020, mantuvo una conversación con un mosso, también acusado en el sumario, en la que, antes de hacer un viaje que tenía programado, le pidió que comprobara si se mantenía efectivo el control específico que había contra él, tras su detención e imputación en el caso Voloh, en octubre de 2020. Este sumario, en el supuesto de que siga adelante, algo improbable, no se podrá acoger a la amnistía porque la revelación de secretos a la que hace referencia el Código Penal en este supuesto poco o nada tiene que ver con las actuaciones cometidas por el independentismo.
Es un caso que tiene cierto paralelismo con el de Laura Borrás la presidenta de Junts Per Catalunya, quien está condenada por trocear un contrato para podérselo adjudicar a un amigo cuando era directora general de la Institución de las Letras Catalanas. Es bastante probable que, aunque no entre dentro de la ley de amnistía, a Alay se le indultará porque, como dice su abogado, “no parece que este sea un caso de revelación de secretos, el conocer la situación penal de un ciudadano para poder ejercer su labor profesional o personal”.
Aunque por cuestiones de procedimiento, el juicio penal contra Alay se anule, todavía quedan otras piezas en las que está inculpado el colaborador de Puigdemont que parece haberse convertido en el objetivo de los jueces en una investigación que empieza a ser calificada de “prospectiva” en medios jurídicos. No parece que haya indicios suficientes como para desentramar la “trama rusa” del procés, según se desprende de las pruebas que obran en poder del magistrado. Todas ellas no dejan de ser mas que grabaciones de un personaje como es Víctor Terradellas cuya vinculación con el independentismo catalán ha sido negada por los principales líderes del procès. Y sus revelaciones de que el Kremlin quería poner “diez mil soldados a disposición de las autoridades catalanas” para defender su Declaración Unilateral de Independencia no deja de ser más que una fantasía que ha sido desmentida, incluso, por la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova. De todas maneras, quedan por esclarecer si existieron esas reuniones entre Carles Puigdemont, y su entorno más cercano, con el diplomático del Kremlin Nikolai Sadovnikov, muy cercano a Putin y al ministro de exteriores ruso Serguéi Lavrov.
Precisamente son esas informaciones de medios de comunicación afines a la derecha conservadora las que han llevado a una “comisión” del parlamento europeo, con los votos del PPE y sus afines de la extrema derecha, a pedir a las autoridades judiciales españolas que sigan investigando ese posible apoyo del Kremlin al independentismo catalán con el objetivo de desestabilizar los regímenes democráticos de la Unión Europea.
Una significativa fórmula de mezclar churras con merinas. Aprovechando la situación geopolítica que se vive en el viejo continente, la derecha pone en un compromiso a la judicatura española. Al juez Aguirre no le queda mas remedio que seguir adelante aún sabiendo que le queda poco recorrido en esta causa. No hay pruebas consistentes. Ni siquiera los indicios conducen a algo concreto salvo a lo que se refiere a “conversaciones financieras”. En otras palabras, lograr un apoyo económico que, además, de haberse producido, se tendría que haber canalizado de forma paralela al que se puede producir de forma oficial puesto que no había reconocimiento concreto de una causa independentista.
El magistrado Joaquín Aguirre, que sólo piensa en modo jurídico, sabe que no va a poder terminar la causa con una imputación por alta traición tal y como quiere la derecha europea. Pero la decisión de prorrogar el sumario le ha conducido a un callejón sin salida. Sólo puede hacer una cosa: dejar pasar estos seis meses y decretar el archivo de una causa que le está produciendo quebraderos de cabeza en su juzgado, ya de por sí repleto de causa mediáticas.