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Denuncian la pérdida de vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental de la Mina de Aguablanca en Badajoz

Ecologistas en Acción-Extremadura considera que mientras la mina ha estado inactiva, desde 2015 hasta nuestros días, se han producido cambios de propietarios y proyectos que muestran "un uso especulativo incompatible con prácticas de minería responsable"

Juan Carlos Ruiz
Juan Carlos Ruiz
Periodista y Licenciado en Ciencias de la Información
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análisis

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En el escrito registrado por la organización Ecologistas en Acción-Extremadura se denuncia la «pérdida de vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la explotación subterránea de la mina de Aguablanca en Monesterio, Badajoz», en base al  artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación ambiental, que señala que la DIA del proyecto «perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado (fue publicada el 4 de agosto de 2017) o diario oficial correspondiente, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años. En tales casos el promotor deberá iniciar nuevamente el trámite de evaluación de impacto ambiental del proyecto, salvo que se acuerde la prórroga de la vigencia».  El mismo artículo señala que: «En defecto de regulación específica, se entenderá por inicio de la ejecución del proyecto cuando, una vez obtenidas todas las autorizaciones que sean exigibles, hayan comenzado materialmente las obras o el montaje de las instalaciones necesarias para la ejecución del proceso o actividad y así conste a la Administración».

Según Ecologistas en Acción-Extremadura, Aguablanca operó a cielo abierto extrayendo níquel y cobre entre 2005 y 2013. La mina recibió más 6,6 millones de euros de los fondos de incentivos regionales de Extremadura (FEDER) al inicio de sus operaciones. El cierre de la explotación y el desempleo generado en la comarca llevó a la adopción de un Plan de Regeneración Económica y del Empleo en la zona minera de Aguablanca dotado con 3,6 millones de euros y sufragado por la Junta de Extremadura y la Diputación Provincial de Badajoz.

«En 2013 la empresa inició ilegalmente la explotación subterránea del yacimiento, algo que no estaba contemplado en el proyecto de explotación aprobado ni en los permisos ambientales. Este cambio en el método de explotación sólo se mencionó en el plan anual de labores de diciembre 2014, meses antes del cierre. La explotación se paralizó en julio de 2015 como consecuencia de la contaminación asociada a las aguas subterráneas y el colapso de la mina. Aguablanca ya había generado un enorme depósito de residuos y seguía contaminando el Dominio Público Hidráulico. La declaración de impacto ambiental formulada en 2017 puso en evidencia los continuos impactos de la mina y, por ello, se establecieron condiciones muy restrictivas para que las operaciones pudieran continuar».

Empresas pantalla y subvenciones para la minería aportando datos y declaraciones falsas en convocatorias nacionales o de fondos europeos

La organización explica también que «la propiedad de los derechos mineros, a través de Río Narcea Recursos, ha estado sujeta a varios cambios de empresas relacionadas con otros proyectos del negocio de la minería: Sacyr, Valoriza Minería, Lundin Mining, Claudenia Participaciones, Geológica Monesteriense y ahora Denarius».  Aunque dicen que, desde 2015 hasta hoy, en Aguablanca no ha habido actividad extractiva, «no ha dejado de haber actividad financiera y de imagen: creación de empresas pantalla, solicitud de subvenciones para la minería, que se han obtenido, con frecuencia, aportando datos y declaraciones falsas en las solicitudes, sea en convocatorias nacionales o de fondos europeos. Las apariciones de estas empresas en los medios tienden a ofrecer una imagen sobrevalorada de sus proyectos, restando valor a las afecciones que pueden producir».

Sacyr entra en Aguablanca en 2015, a través de un acuerdo con la canadiense Lundin Mining y Rio Narcea Recursos; que le permitía participar en 24 permisos de prospección en Ossa Morena en la comarca de Olivenza y en la mina de Monesterio. En 2016, Lundin Mining vendió sus participaciones a Sacyr-Valoriza, por 15 millones de euros.

En 2018, Valoriza y Sacyr recibieron fondos públicos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de una subvención de 6,4 millones de euros del CDTI que les permitió seguir operando en la mina de San Finx en La Coruña, la cual ha sido sancionada en febrero de 2024 por vertidos de metales pesados a la ría de Muros. Algo que los ecologistas habían denunciado desde 2016. Valoriza también obtuvo fondos del EIT Raw Materials por un proyecto para definir «nuevos enfoques para obtener licencia social para la minería». Sacyr también obtuvo financiación del programa EU Life para un proyecto de tratamiento ecológico de drenajes ácidos en el rio Odiel en Huelva.

En 2019, Río Narcea Recursos, (participada de Sacyr-Valoriza) presenta una actualización del Plan de Restauración y Cierre de la explotación, con arreglo al RD 975/2009, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por las actividades mineras, que fue aprobado por resolución de septiembre de 2022, pero nunca iniciado.

En marzo de 2021, Valoriza Minería S.L. vende Río Narcea Recursos a Claudenia Participaciones Empresariales S.L. (representada por Iñigo Resusta Covarrubias, CEO de Lithiun Iberia) y a Geológica Monesteriense S.L. (representada por Alejandro Francisco Ayala). Los nuevos propietarios solicitan prorrogar la vigencia de la DIA.

El 31 enero de 2023, se publica en BOE, anuncio de información pública del «Plan de Restauración de la actualización del proyecto de explotación subterránea de Aguablanca».

En ese momento, Ecologistas en Acción de Extremadura presentó alegaciones para que no se autorizase el proyecto de explotación subterránea, considerando los riesgos de afecciones al Dominio Público Hidráulico, con daños a los embalses de abastecimiento aguas abajo y pérdida de biodiversidad en la fauna fluvial. Además de las producidas en la localidad de El Real de la Jara: contaminación por polvo en suspensión, ruido, grietas en las viviendas, daños viarios por tráfico pesado, etc.

En diciembre de 2023, Denarius compra el 50% de Río Narcea Recursos por 25 millones de euros.  Desde la organización, afirman que «en varios medios nacionales e internacionales aparecen noticias que relacionan a Denarius con graves delitos y atentados contra los derechos humanos, laborales o ambientales; como usurpación de tierras, ocultación de contaminación de aguas públicas, etc…» Asimismo, explica que «en la visita al yacimiento de Aguablanca representantes de Río Narcea Recursos, declararon que la visita suponía oficialmente el inicio de los trabajos para la reapertura de la mina de Aguablanca, lo que choca frontalmente con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental.  Además, en la prensa están planteando un plan de trabajo diferente al expuesto en el proyecto presentado a información pública, como es traer mineral de Lomero-Poyatos, en Huelva, para tratarlo en Aguablanca».

Atendiendo a que Sacyr y Valoriza, empresas veteranas en el sector y receptoras de subvenciones por minería responsable, cejaron en su intento de retomar la explotación subterránea de Aguablanca, debido a los riesgos que comportaba y que, de hecho, habían presentado un Plan de Restauración y Cierre de la explotación, aprobado en septiembre de 2022 y considerando que los antecedentes de los nuevos propietarios no reflejan valores de minería responsable como para cumplir los condicionantes y prescripciones ambientales y sociales que necesitaría la nueva puesta en marcha de Aguablanca,  Ecologistas en Acción ha solicitado que se impida cualquier actuación basada en esa Declaración de Impacto Ambiental sin vigencia, y por ende, que se impida cualquier actuación de explotación en la Mina de Aguablanca, ya que en cumplimiento del referido artículo 43 de la Ley 21/2013, para ello deben iniciar nuevamente el trámite de Evaluación de Impacto Ambiental, informando igualmente de ello a todas las partes interesadas, con el legalmente establecido nuevo proceso de información y participación pública, en el que podamos participar con más conocimiento del proyecto minero de estas empresas y de las potenciales afecciones al medio ambiente y a la salud.

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