Pequeño apunte sobre la Asamblea de la OMS
Mientras escribimos estas líneas, está teniendo lugar la clausura de la septuagésima séptima Asamblea General de la OMS. Como a estas alturas los lectores sabrán, se ha procedido a votar el Tratado de Pandemias, que finalmente no va a salir adelante, aunque la OMS ya ha anunciado que harán todos los esfuerzos a su alcance para intentar aprobarlo en el futuro cercano. Sin embargo, ya adelantábamos en nuestro anterior capítulo de esta serie que, al tiempo que se pretende aprobar una tratado, está previsto aprobar un nuevo reglamento, reforzado con más de 300 enmiendas, en el que muchas de las cuestiones que han resultado problemáticas a la hora de negociar el Tratado han pasado a conformar el corpus de enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional (RSI). Poco o nada sabemos de la posición concreta de España con respecto de ambos textos legislativos, más allá del cerrado apoyo que ha expresado nuestra ínclita Ministra de Sanidad. Aprovechaba la ministra sus escasos minutos de intervención en la Asamblea para expresar que «España hará todo lo que esté en su mano para alcanzar cuanto antes un Acuerdo de Pandemias basado en el consenso, un Tratado que complemente un Reglamento Sanitario reforzado”. Esta es la primera noticia que hemos podido conocer sobre la posición de España, y gracias a esta intervención conocimos por fin quién conforma el equipo negociador. Junto con la Ministra, observamos a un sonriente Fernando Simón, encantado de la oportunidad que se le concede. Como vemos, la infamia pandémica ha supuesto para algunos una interesante manera de promoción personal. A Fernando Simón no se le puede conceder ningún mérito durante la gestión pandémica. En principio minimizó el riesgo, con la célebre frase “serán dos o tres casos”. Una vez desatada la histeria, abandonó su posición de “prudencia” para abrazar exactamente la posición contraria, llegando a afirmar en cualquiera de sus millones ruedas de prensa que la letalidad del virus era del 10%. Éste, como otros tantos ejemplos de la infamia pandémica, lo abordaremos en una próxima entrega de esta serie en la que trataremos “la gran narrativa pandémica” y los personajes sobre los que se sostuvo, entre ellos, Fernando Simón.
Ausencia total de debate público
Antes de entrar en el objeto de nuestro análisis, no queremos pasar por alto alguna cuestión importante de la vergonzante intervención de nuestra Ministra en la Asamblea de la OMS. Se vanagloriaba nuestra ministra del “interés con que la sociedad civil había seguido el proceso en todas sus fases”. A nuestro juicio, que un cargo electo mienta de manera tan descarada en un foro como la Asamblea General de la OMS, debería ser susceptible de reproche penal. No es de recibo que una ministra falte de manera tan evidente a la verdad en representación de todos. No ha habido ningún «seguimiento de la sociedad civil», ni nada que remotamente se parezca, y la ministra lo sabe, porque ha sido la responsable última del apagón informativo al respecto. Y debate, lo que se dice debate, no ha habido ninguno, al margen de la honrosa excepción que supone el debate publicado el pasado jueves 23 de mayo por La Clave Cultural, el magnífico programa conducido de manera independiente por Federico Ruíz de Lobera, emulando el espíritu del icónico programa de José Luís Balbín, en el que nuestra compañera Bea Talegón, junto con la histórica comunista Ángeles Maestro, enfrentaron con gran rigor y firmeza las posiciones del oficialismo, encarnadas en Federico de Montalvo y Ángel Gil, a la sazón miembros del famoso Comité de Expertos el primero, y del Consejo Asesor de Vacunas el segundo. Un debate del que podemos inferir algunas cuestiones.
En primer lugar, los representantes del oficialismo demostraron nulo compromiso con sus propias posiciones. Ni conocían el texto del tratado, ni conocían las enmiendas al Reglamento, nunca habían escuchado hablar de la ganancia de función ni de los experimentos financiados por EEUU en Wuhan. A mayor abundamiento, es que ni siquiera eran conscientes del proceso de investigación que se está llevando a término en la Subcomisión del Congreso de EEUU al hilo de estos experimentos y su investigación. Se limitaron a negar su mera existencia. Decía Hannah Arendt que si no existe un consenso mínimo sobre los hechos, difícilmente se podrá conformar una opinión pública propiamente dicha. Quizás cabría esperar algo más de todo un Presidente del Comité de Bioética, que es el cargo que ostentó Federico de Montalvo durante la pandemia. Sería deseable conocer una posición sobre la ganancia de función. Hay argumentos a favor de la ganancia de función, que yo desde luego no comparto, pero son argumentos al fin y al cabo, y cabría haber esperado que de Montalvo esgrimiese alguno. ¿Cómo se debate con alguien que directamente niega hechos ciertos y constatables? ¿Cómo se debate con alguien que etiqueta de “terraplanista” a quien sólo señala hechos probados? Un escenario al que nos hemos visto forzados como sociedad, que no merece el calificativo de debate público, entendiendo éste como un diálogo de contraposición de ideas y opiniones en virtud de hechos. Es ciertamente frustrante, y lo peor de todo es que ni siquiera cabe desear nada mejor. Este es el nivel, y esperar otra cosa no puede conducir más que a una misantropía melancólica de difícil salida. Por tanto, no, no ha habido “seguimiento de la sociedad civil”, ni nada remotamente parecido. Muy al contrario, lo que ha reinado sobre cualquier otra premisa es la opacidad, la ocultación, y por supuesto, como ya viene siendo habitual, la política de hechos consumados tan propia de estos tiempos que corren, en que se firman tratados sin mediar debate o se desvían miles de millones de dinero público por mera volición presidencial, para mayor gloria de dictadorzuelos liberticidas como Zelensky. Es el signo de los tiempos.
La cúspide de la pirámide: Conflicto de interés en la OMS
También permanece ajeno a la opinión pública el hecho que es objeto de este análisis. Es probable que la mayoría de los lectores quizás puedan considerar que la OMS es un organismo internacional de naturaleza pública dependiente de Naciones Unidas. Y sobre el papel se supone que así es. Pero como veremos a lo largo de este análisis, bajo ningún concepto se puede considerar semejante cosa. Ya saben los lectores que pertenece al libro de estilo de la casa comenzar los análisis con una metáfora, una analogía literaria o figura semejante que sirva de hilo propiciatorio para toda la narración de hechos. La elección para la ocasión es la metáfora de la pirámide de copas, tan usada en la teoría económica del «derrame». Imagine el lector una pirámide de copas sobre la que se derrama champán, empezando en la cúspide, que al colmarse, deja fluir el líquido hacia capas inferiores. Esta teoría del «derrame» se suele usar para justificar que una reducción de tributos a las grandes fortunas, acaba por «derramar» mayores ingresos a las capas más bajas de una sociedad concreta. Por analogía, podemos observar que este es precisamente el funcionamiento del sistema de salud pública global, en el que las farmacéuticas y el capitalismo filantrópico son los encargados de servir el champán que poco a poco va colmando las copas de los diferentes niveles en esta pirámide de salud pública, conformándose un modelo de conflicto de interés colosal . Y en la cúspide de la pirámide se encuentra la OMS, como brazo político de la plutocracia globalista.
Si bien, la Constitución de la OMS señala a los Estados como los sujetos de derecho encargados de ratificar con su voto las actividades de la organización, lo cierto es que, en la práctica, hoy día este pretendido modo de funcionamiento ya no es más que una ilusión. Y ello deriva fundamentalmente de su modelo de financiación. El propio Tedros Adhanom, Director General de la OMS, reconocía en esta 77ª Asamblea Mundial que el modelo de financiación se había revertido desde los años 80, en el que las donaciones “voluntarias” no representaban más que el 20%, siendo entonces el grueso de la financiación puramente dependiente de las aportaciones directas de los Estados Miembros. Hoy día, como señalaba Tedros, la situación es diametralmente opuesta. Según los datos de la propia OMS, en el bienio 2020/2021, las contribuciones voluntarias representaban el 86% de los ingresos totales de la OMS. El mayor donante privado era la Fundación Bill y Melinda Gates (592 millones de dólares), seguida por GAVI, también coordinada por Gates (413 millones de dólares). Las aportaciones de estas dos organizaciones suponían algo más del 16% del total de las aportaciones. Un pequeño apunte sobre GAVI que es importante no perder de vista. Es relativamente poco conocido el hecho de que GAVI no aporta en realidad fondos propios, sino dinero que recaba de los Estados, manteniendo para sí la capacidad de decisión sobre el destino de esos fondos, en lo que supone un claro desvío de dinero público a intereses privados. Siguiendo con el análisis de la financiación de la OMS, la Open Society Foundation de George Soros aportaba en este periodo 265 millones de dólares. Entre la lista de donantes se puede encontrar un nutrido grupo de las farmacéuticas más importantes. A efectos de economía no procederemos a una tediosa enumeración de todas ellas, aunque sirvan a modo de ejemplo los casi 200 millones que aportaron entre GSK, Roche, Sanofi, Seqitur y Novartis.
En el bienio 2021/2022, esta tendencia no sólo no se frenó, sino que se agudizó. Las contribuciones voluntarias se situaron en el entorno del 88%. Entre Bill Gates y Gavi aportaron algo más del 20% del total de las aportaciones. La Fundación Gates aportó en este periodo 829 millones de dólares. La Alianza Gavi aportó el 7,39%, en torno a 480 millones. La Open Society Foundation aportó unos 171 millones de dólares. La aportación de las cinco farmacéuticas anteriormente citadas alcanzó el entorno de los 250 millones de euros. De nuevo, esta lista no pretende ser exhaustiva, y se quedan muchas organizaciones en el tintero, organizaciones algunas de ellas con un papel central en la implantación de medidas draconianas de salud pública durante la pandemia. Tal es el caso del Wellcome Trust, dirigido entonces por el ya mencionado en anteriores entregas, Jeremy Farrar, al que dedicaremos un amplio análisis en el capítulo dedicado a desmontar la narrativa de terror de la pandemia. En el documental “Trust Who”, en el que se analiza la relación de la OMS con la industria farmacéutica, Germán Velásquez, ex alto cargo de la organización, denunciaba reuniones a puerta cerrada de las farmacéuticas con otros directivos de la OMS elegidos por las propias farmacéuticas durante el transcurso de las reuniones de la OMS. Sorprendentemente, ese documental tan crítico, emitido en el programa Documentos TV de TVE, desapareció del catálogo en septiembre de 2020. El señor Velásquez ha reiterado su denuncia en diversas apariciones radiofónicas y en otros medios de comunicación, en las que advertía del peligro que entraña la creciente influencia de las farmacéuticas o de las fundaciones filantrópicas como la Fundación Bill y Melinda Gates sobre la OMS. También, en una entrevista que realizamos a ex alto cargo de la OMS en el área de epidemiología y prevención de pandemias, Christian Perronne, para el programa Grupo de Control , nos hablaba en los mismos términos de la estrecha relación existente entre la industria, la Fundación Bill y Melinda Gates y la OMS. Una relación basada en el conflicto de interés que tampoco nos debería de sorprender, ya que en 2009, la OMS ocultó la relación de varios de sus expertos asesores durante la pandemia de la gripe A con las farmacéuticas Roche y GSK, a la sazón fabricantes de los antivirales Tamiflu y Relenza contra el H1N1, favoreciendo que los Estados gastasen ingentes cantidades de dinero en medicamentos que finalmente no se usaron. Es evidente que, en el caso de la Gripe A, se magnificó la amenaza de pandemia con objeto de generar suculentos beneficios para las farmacéuticas. Y lamentablemente, parece que este no es el único caso en el que algo semejante ha ocurrido.
A priori, podría valorarse como algo positivo que tantas organizaciones privadas se muestren dispuestas a donar estas fastuosas cantidades en beneficio de la salud pública global. Pero el diablo, como suele decirse, se encuentra en los detalles. La cara B de las aportaciones voluntarias es que los donantes tienen la capacidad de decisión sobre el uso para el que se destinan los fondos. Y es que, a poco que se indague sobre el interés del capitalismo filantrópico y la plutocracia global en África, acaba uno topándose con una extensa pléyade de proyectos de ingeniería genética, desarrollo de fármacos e investigación en cultivos transgénicos. Ya saben los lectores, One Health. La cantidad de ejemplos similares resulta inabarcable. A título meramente ilustrativo, véase esta inversión de 40 millones de euros de la Fundación de Gates para investigación en vacunas ARNm en varios países de África. Por ello, son muchos los autores que consideran que África se ha convertido en un laboratorio de dimensiones gigantescas, en el que la industria farmacéutica prueba sus productos en humanos. Quizás recuerde el lector aquella magistral película de título “El Jardinero Fiel”, protagonizada por Ralph Fiennes y Rachel Weisz, en que se narraba la historia de una activista por los derechos humanos que era asesinada por una compañía farmacéutica, cuando investigaba la administración ilegal de fármacos experimentales en niños nigerianos. Aquella historia de pretendida ficción en realidad se hacía eco de un caso real, un escándalo que trascendió a la opinión pública, por el que la empresa Pfizer fue condenada por provocar la muerte de 11 niños y dejar a varias decenas discapacitados, debido a los ensayos de su medicamento contra la meningitis Trovan. El gobierno nigeriano demandó a Pfizer, reclamando 2000 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios, aunque finalmente se llegó a un acuerdo extrajudicial por la suma de 75 millones de euros. Ya ven ustedes, peccata minuta. Un escándalo que muy probablemente no sea más que la punta del iceberg. Por ello, quizás resulte comprensible que varias naciones de África se hayan mostrado contrarios a la aprobación del Tratado de Pandemias propuesto por la OMS.
Reguladores farmacéuticos: Ser o no Ser
El siguiente nivel de la pirámide de copas es el de los reguladores farmacéuticos, encargados teóricamente de velar por la seguridad de los fármacos que se comercializan. La opinión pública tiene, en líneas generales, la percepción ciertamente errónea de que los reguladores realizan una ardua tarea de fiscalización de los productos y que nada sale al mercado sin que haya sido exhaustivamente probado. Pero ya hemos visto que eso no es realmente así. Ensayos clínicos terminados antes de tiempo, datos indeseados que se eliminan deliberadamente para presentar resultados positivos, efectos secundarios que se ocultan, funcionarios de los reguladores a los que se soborna, etc… En la aprobación de algunos fármacos por parte de los reguladores, se dan todos los elementos aquí citados. Tal es el caso del Vioxx, por poner un ejemplo más o menos conocido, en el que la terminación acelerada del ensayo clínico con objeto de ocultar daños cardiovasculares pasó desapercibida para los reguladores, que varios años después acabaron retirando el medicamento del mercado. Este caso, y varias decenas de casos similares, se encuentran profusamente documentados en el libro del experto en farmacovigilancia, Peter Götzsche, de título “Medicamentos que Matan y Crimen Organizado”.
Para que este tipo de hechos luctuosos tengan opción de ocurrir, se precisa que varias circunstancias concurran al mismo tiempo. En primer lugar es importante que los reguladores omitan su deber de vigilancia. Ello no se produce por pura maldad de los empleados de los reguladores, como es natural, sino por varios factores combinados, entre los que destaca sin lugar a dudas el fenómeno que se ha dado en llamar de puertas giratorias, que puede suponer un menoscabo en el buen funcionamiento en la labor del propio regulador si sus empleados albergan la tentación de mostrarse más benévolos a la hora de fiscalizar a una determinada empresa, a la vista de la posibilidad cierta de trabajar en ella algún día y así ver multiplicarse por cinco su salario. Es cierto que el regulador estadounidense (FDA) parece más propenso a que sus miembros pasen en corto espacio de tiempo a figurar entre los miembros de los consejos de administración de grandes farmacéuticas, o como directivos de divisiones relacionadas con su ámbito de conocimiento, pero ello no es del todo cierto. La Agencia Europea del Medicamento también sufre el mismo problema. Es una tónica general en los organismos europeos, como señalaba en este informe la Defensora del Pueblo Europeo, y es un hecho bastante preocupante en términos democráticos. También, en este artículo publicado por Peter Doshi, editor jefe del British Medical Journal, se describe y documenta con extraordinaria precisión este fenómeno de «puertas giratorias» en el regulador estadounidense.
Otra cuestión de relevancia capital que propicia el descontrol regulatorio en la comercialización de fármacos es el de la propia financiación de los reguladores. Según un estudio recientemente publicado por el British Medical Journal, el modelo de financiación de los reguladores dista mucho de ser óptimo para la función que se le supone a estos organismos de apariencia pública. La naturaleza de los reguladores farmacéuticos ha de ser la de fiscalizar los estudios que presentan las farmacéuticas en orden a obtener la aprobación para uso comercial de sus fármacos. A la luz de los datos publicados en BMJ, la diligencia debida por los reguladores queda seriamente en entredicho, toda vez que no permiten suponer que puedan realizarse con independencia y rigor. La Agencia Europea del Medicamento (EMA) recibe el 89% de su presupuesto directamente de la industria. El caso del regulador australiano (TGA) es todavía peor, siendo su presupuesto dependiente de la industria en un 96%, y tanto el regulador británico como el japonés dependen en un 86% de las farmacéuticas. Paradójicamente, el regulador menos dependiente de la industria es el estadounidense, cuyo presupuesto depende en un 65% de la industria. Los datos son suficientemente elocuentes, y no es necesario hacer ningún esfuerzo valorativo extraordinario para afirmar que los reguladores, entendidos éstos como organismos públicos cuya función sea la de fiscalizar la actividad de la industria, no existen como tal. Lo que tenemos, o mejor dicho, padecemos en su lugar es un engendro de apariencia pública que convierte a la industria en juez de sus propios actos. Los reguladores no regulan nada, y la farmacovigilancia como tal no existe, ya que los ensayos son dirigidos por empresas subcontratadas por las farmacéuticas. Son las llamadas Organización de Investigación por Contrato, conocidas por su acrónimo CRO,por sus siglas en inglés. Este modelo de empresas bien daría para un capítulo propio, pero simplemente a título ilustrativo compartimos la siguiente reflexión: ¿Qué incentivo encontraría una empresa subcontratada en decirle a una determinada farmacéutica contratante que su producto no está presentable para salir al mercado? La pregunta es retórica, evidentemente. No existe ningún incentivo, más bien al contrario. Es habitual encontrar que las CRO participen en la ceremonia de la confusión, en el conflicto de interés que todo lo enturbia, anulando la función de los reguladores.
La clase médica: cooperadores necesarios.
Para que las farmacéuticas tengan la capacidad de presionar a los gobiernos es indispensable que los médicos prescriban los medicamentos. Por ello, la acción de relaciones públicas de las farmacéuticas siempre ha tenido en la diana a este colectivo. No sólo por la importancia de la prescripción, sino por su labor de reforzador de opinión en los medios de comunicación. Cada día es más frecuente ver a médicos en programas de televisión y radio hablando sobre las bonanzas de un determinado fármaco, aunque sin duda ha sido gracias a la pandemia que la figura del médico como líder de opinión ha sufrido un crecimiento exponencial. Lo que resulta menos habitual, por no decir totalmente inusual, es ver al presentador del programa solicitar al facultativo información sobre sus potenciales conflictos de interés. Y es que, como veremos a continuación, los conflictos de interés, fundamentalmente en grados más altos de la jerarquía de la profesión médica, son la norma de comportamiento. Según una encuesta realizada porIpsos en 2021 en 28 países, los dos colectivos profesionales que mayor confianza generan son precisamente los médicos en primer lugar, con un 64% de grado de confianza y sólo un 10% de desconfianza, y en segundo lugar, los científicos con un 61% de confianza y también un 10% de desconfianza. Por contra, los menos valorados son los políticos (10%) y los ejecutivos de publicidad (14%). En España es todavía mayor el grado de confianza, que asciende a un 71%, del mismo modo que la percepción general sobre los políticos caía a un 7%. Por ello, no es casual que los políticos se hayan parapetado detrás de “expertos” y de la “ciencia” a la hora de comunicar sus políticas de salud pública durante la pandemia.
Este grado de confianza en términos generales en el colectivo médico contrasta con lo expuesto a lo largo de esta investigación. Ello demuestra que la opinión pública no está informada respecto de las prácticas de la industria farmacéutica y el recurrente soborno de facultativos. Un caso verdaderamente paradigmático que ilustra a la perfección el modus operandi de la industria es el caso de Novartis, en que se acusaba a la compañía de sobornar a más de 4.500 médicos en Grecia para que prescribiesen medicamentos cuyo precio de mercado estaba inflado. El caso de Novartises un ejemplo paradigmático de una práctica que no es en absoluto novedosa, ni particular de un determinado país. En España, aunque el modelo es sofisticado y quizás sea discutible definirlo como soborno, el planteamiento es similar. Médicos considerados por la industria como líderes de opinión son incluidos en programas de charlas organizados por la industria farmacéutica, por las que son remunerados, en las que los gastos de hotel, transporte y dietas corren a cargo de las farmacéuticas, tanto de los ponentes como de los asistentes a los mismos. Además, los ponentes, generalmente personas de referencia, jefes de servicio de hospitales públicos, reciben generosos emolumentos por sus ponencias, diseñadas para hablar positivamente de un determinado producto que la farmacéutica organizadora pretende poner en el mercado o mejorar sus ventas. Nada muy diferente al modelo por el cual los ejecutivos de Purdue Pharma consiguieron que miles de médicos en Estados Unidos comenzasen a recetar OxyContin para usos no oncológicos, provocando así una catástrofe de salud pública cuyas consecuencias están hoy día lejos de poder atajarse.
Otro sistema utilizado por la industria para fidelizar a “reforzadores” de opinión del sector médico, consiste en su inclusión en ensayos clínicos recibiendo pagos por cada paciente incluido. Este es otro método, bastante utilizado, que además no suele estar incluido en los listados de transferencias de valor de las farmacéuticas. Una tercera vía de financiación suele ser la financiación de las propias sociedades médicas. Este aspecto resulta especialmente interesante para el objeto de este estudio, ya que estas sociedades médicas a menudo envían notas de prensa recomendando el uso de ciertos productos, o aconsejan al gobierno, ya sea central o autonómico, sobre la compra de ciertos productos. Desde 2016, debido a la presión ejercida por ciertos sectores políticos tras el escándalo de la “falsa pandemia” de la gripe A y la consabida implicación de altos cargos y consejeros de la OMS, las farmacéuticas en España, asociadas en lobby, decidieron impulsar un Código de Buenas Prácticas que no es más que una declaración de buenas intenciones, una suerte de autorregulación sin valor jurídico que no vincula a sus miembros. Pese a la vaguedad de la medida, la mayoría de los médicos se mostraron en contra de la misma.
Según una investigación realizada por Civio, en el año 2017, las farmacéuticas gastaron 182 millones de euros en transferencias de valor a médicos, de los cuales 1,6 millones fueron a parar a las cuentas corrientes de 18 de ellos, que es lo que conocemos como “reforzadores de opinión” (según la terminología de Edward Bernays, considerado por muchos como el padre de las relaciones públicas modernas). De modo similar, las sociedades médicas recibieron en España una cantidad de 130 millones de euros. Un sistema de fidelización de médicos que es legal, aunque ciertamente discutible, que además resulta bastante rentable al parecer. Según un estudio de ProPublica del año 2014 señala que los doctores que reciben emolumentos de alguna farmacéutica tienden a prescribir en mayor medida sus medicamentos. La prescripción es de un 20% entre los que no reciben ningún pago, ascendiendo a un 30% entre los que reciben más de 5.000 dólares. Esta es una de las causas de que el negocio farmacéutico sea el más rentable del mundo, con una valor de más de 700.000 millones de dólares, por delante de las armas, el petróleo o la banca.
También los legisladores en materia de salud pública se ven afectados por esta manera de proceder del cártel farmacéutico. Resulta lógico, incluso deseable, que los gobernantes acudan a pedir el consejo de asesores independientes y expertos en la materia para valorar la toma de medidas concretas. ¿Pero qué ocurre cuando esos mismos asesores reciben dinero de empresas cuyos productos se valora adquirir? Como afirma la asociación No Gracias, una organización civil dedicada a velar por la integridad y transparencia en las políticas de salud pública, todos los miembros del comité asesor de vacunas contra la COVID-19 de la Asociación Española de Pediatría habrían recibido pagos de la industria farmacéutica durante el año 2020, hecho que se repite en mayor envergadura en el 2021 como hemos podido comprobar en la investigación que llevamos a cabo para el programa Grupo de Control, en la que escrutábamos los portales de transparencia de las cuatro empresas implicadas en la fabricación y venta a los gobiernos de vacunas contra la COVID-19, a saber, Pfizer, GSK, AstraZeneca y Janssen, datos que se pueden contrastar en los diferentes portales de transparencia de dichas farmacéuticas.
Y es que no sólo son los médicos los que reciben “transferencias de valor” de parte de las farmacéuticas. También las asociaciones médicas quedan comprometidas mediante donaciones millonarias, resultando finalmente en una mera correa de transmisión de los intereses de la industria. Esta manera de proceder, lejos de remitir, se está consolidando. Según los datos de Farmaindustria, reflejados en este artículo publicado en Cinco Días, la industria farmacéutica habría batido su propio récord en 2023 de pagos destinados a formación o ayudas a la investigación, desembolsando 667 millones en estos conceptos, lo que supone un 14% más que el año anterior. En EEUU, la situación parece todavía más crítica y el conflicto de interés de los facultativos es una cuestión generalizada. Según este interesante estudio publicado en JAMA, el porcentaje de médicos que reciben pagos directos de la industria se encuentra en el entorno del 60% de media. Los patólogos serían los especialistas menos financiados (un 40% de patólogos recibe pagos) y los cardiólogos el colectivo con el que la industria se muestra más “generosa” (un 71% de los cardiólogos recibe pagos).
En resumen, la necesidad de la industria de vender sus productos conlleva una presión enorme a los profesionales de la medicina, haciendo del conflicto de interés una norma del sector. El papel de los médicos en lo concerniente a nuestra investigación es de especial relevancia, ya que son, en gran medida, los encargados de generar confianza, entre sus propios colegas singularmente, y en la opinión pública de manera general, a través, fundamentalmente, de los medios de comunicación.
El secuestro de la medicina basada en la evidencia.
Hacemos referencia en el título de este epígrafe a una expresión usada por el profesor de medicina y datos biomédicos de la Universidad de Stanford, John P.A. Ioannidis, en su estudio titulado “La Medicina Basada en la Evidencia Ha Sido Secuestrada”. Ioannidis, cuya posición crítica con respecto del modo en que se estaban tomando decisiones sobre salud pública durante la pandemia le valió la censura en muchas plataformas de redes sociales, publicaba un metaanálisis sobre la calidad de 1394 revisiones sistemáticas de estudios publicados y revisados por pares entre Enero de 2013 y junio de 2014, de la base de datos de estudios sistemáticos de la prestigiosa Colaboración Cochrane, máxima referencia en este ámbito profesional de conocimiento. Del mismo se desprendían unos datos que resultan cuando menos preocupantes. Sin ánimo de ser exhaustivos, los datos concluían que la calidad de la evidencia obtenida para los primeros resultados primarios era en un 13,5% de los casos alto, un 30,8% moderada, un 31,7% bajo, y en un 24% muy baja. Incluso cuando se consideraron todos los resultados enumerados, solo el 19,1% tuvo al menos un resultado con evidencia de alta calidad. De los que tenían buena calidad de evidencia, sólo 25 tenían ambos resultados significativos y una interpretación favorable de la intervención. En definitiva, menos de un 2%. Sin embargo, de los 1394 ejemplos, el 96% afirmaban tras su revisión por pares haber obtenido resultados significativos.
En la revisión relativa a los 185 estudios que analizaban la posible relación de los medicamentos antidepresivos con una posible mayor tasa de suicidios, se demostraba que el 29% de los mismos tenían autores que eran empleados de las empresas fabricantes, 147 (79%) estaban esponsorizados por la propia industria o alguno de sus participantes tenía vínculos con la industria. Conclusiones: sólo 58 de los 185 incluyeron alguna apreciación negativa sobre la relación entre suicidios y antidepresivos. Los metaanálisis que tenían entre sus participantes a algún miembro de la industria, tenían 22 veces menos probabilidades de incluir alguna apreciación negativa. En un estudio de 2018 también dirigido por Ioannidis, en que se analizaba la transparencia de los datos ofrecidos en los estudios, de los 149 estudios elegidos aleatoriamente, un tercio de los mismos no incluía información sobre la financiación. En la misma línea de falta de transparencia, sólo uno de los 104 artículos con datos empíricos incluía un enlace a un protocolo de estudio completo y ninguno ofrecía los datos en crudo sin procesar, fundamentales para la replicación del estudio y una revisión por pares eficaz.
Estos son sólo dos ejemplos que señalan evidencias de falta de rigor, transparencia, y por supuesto de veracidad, pero ni por asomo son los únicos. De manera similar se expresaba en este estudio, en el que se señala una situación similar en la investigación española. Cabría preguntarse entonces a qué responde exactamente la falta de fiabilidad de la ciencia médica. En nuestra opinión es el propio modelo el que falla. Los individuos, ya sean investigadores o periodistas de divulgación médica, se ven sometidos a la presión ejercida por una industria ávida de beneficios rápidos, y ello actúa en detrimento del rigor científico y de la fiabilidad de los datos. Por eso, aunque la percepción de la opinión pública mayoritaria permanezca completamente ajena a esta realidad, como se afirma en el título de este artículo de Ioannidis, “la mayoría de los hallazgos en investigación publicados son falsos”. ¿Cómo si no se puede explicar que este investigador de la Universidad de Córdoba fuese capaz de publicar un estudio de investigación cada 37 horas? Y ese es precisamente el problema de la investigación en el ámbito universitario: que si no publicas, mueres.
Los medios especializados: un modelo de propaganda.
Como vemos, el modelo de información científica, de manera análoga al de investigación , se trata de un modelo que prima la cantidad sobre la calidad, la rentabilidad sobre el progreso científico genuino y el sensacionalismo o la posverdad sobre la veracidad y la transparencia. Y en ello, una parte bien significativa de la responsabilidad la ostentan los medios de comunicación, ya sean estos generalistas o singularmente los medios especializados. Sobre los medios generalistas y su abyecto papel en la “gran narrativa” hablaremos largo y tendido en una próxima entrega de esta serie. Sin embargo, no queremos dejar pasar la oportunidad de compartir la reflexión que hacía Gonzalo Casino en este artículo. Casino afirmaba que la “comunicación” ha ido sustituyendo al “periodismo” en las secciones de ciencia y salud de los medios, debido en parte a que la crisis del periodismo de principios de siglo, las sucesivas reducciones de plantilla en la adaptación al nuevo entorno digital, derivó en una falta de especialización de sus redactores, de modo que se convirtieron en mera correa de transmisión de las notas de prensa de las propias empresas farmacéuticas. Es por ello que no se puede hablar de verdadera información de salud, sino simple y llanamente propaganda interesada o
marketing. En el caso de los medios especializados, la situación resulta, sí cabe, aún más preocupante. Si bien en los medios generalistas hemos establecido una relación de propiedad cruzada, siendo los accionistas de las empresas farmacéuticas y de los propios medios en gran medida los mismos, en los medios especializados el interés es directo, ya que la financiación de los propios medios proviene de la industria. Así lo demuestra este artículo del British Medical Journal (BMJ) en un estudio realizado en 2014 sobre la financiación de los medios especializados en Estados Unidos. De las 713 publicaciones elegidas para el estudio, más del 50% recibía pagos generales de la industria, y un 19% recibía pagos en concepto de pagos para investigación. El estudio concluía que los editores de estas revistas debían revisar el modelo, ya que podría resultar en una falta de confianza de la opinión pública en sus publicaciones.
Un modelo delictivo
Todo el escenario descrito hasta ahora favorece que las farmacéuticas campen por sus respetos, consagrándose un modus operandi que no puede ser definido de otro modo que delictivo. Compartimos este esclarecedor estudio publicado en la ya mencionada revista JAMA, en que se recogen sistemáticamente todas las sentencias y multas impuestas a empresas farmacéuticas en EEUU entre los años 2003 y 2016. En los resultados del estudio se concluye que, de las 26 empresas analizadas, 22 tenían historial delictivo, lo que supone un 85%. No es una manzana podrida sino un cesto repleto de ellas. La empresa que más multas acumulaba por sus prácticas era GlaxoSmithKline (GSK) con 27 y casi 10.000 millones de dólares, seguida por Pfizer con 18 y casi 3.000 millones. También llama la atención que la duración media de los delitos cometidos por estas dos empresas era de más de 7 años en el caso de GSKy de casi 6 años en caso de Pfizer, lo que viene a confirmar la ineficacia de las administraciones a la hora de controlar estas prácticas, que cómo sabemos, no sólo suponen un perjuicio económico grave para los Estados, sino en muchos casos, un peligro de primera magnitud para la salud pública, como en los casos ya mencionados del OxyContino del Subsys, fármacos responsables de una verdadera pandemia de adictos a los opioides que deja tras de sí la escalofriante cifra de medio millón de muertos por sobredosis en Estados Unidos.
Disciplinar a los honrados
Siempre hay quien no comulgue con las prácticas mafiosas del sector. Honrosos casos de personas que hacen su trabajo con diligencia y con verdadera vocación de servicio público. Sirva de ejemplo paradigmático el calvario judicial al que se fue sometido el experto en farmacovigilancia, Joan Ramón Laporte, a cuenta de sus opiniones vertidas sobre el ya mencionado Caso Vioxx. Más recientemente, Joan Ramón Laporte fue invitado a participar en la comisión de investigación sobre vacunas del Congreso de los Diputados , en la que ofreció una visión crítica sobre las mismas. Puede comprobarse en este titular cómo los medios no fueron precisamente amables con Laporte, etiquetado aquí como “un negacionista en el Congreso”. Tildar de negacionista a una eminencia en su ámbito de la magnitud de Laporte, sería análogo a tildar a Albert Einstein de “terraplanista” . Sin ningún género de dudas supone un absoluto dislate. No resultará una sorpresa este trato por parte de medios como La Sexta o El Mundo. Es burdo pero vamos con ello. Otro caso paradigmático de maltrato al disidente es el del ya mencionado Germán Velásquez, antiguo cargo directivo de la OMS, que denunció ataques físicos de encapuchados por su posición pública de crítica abierta a la industria farmacéutica y sus prácticas, plasmadas en el llamado Libro Rojo de la OMS.
Más recientemente, fue bastante sonado el caso de Brook Jackson, una trabajadora de Ventavia Research Group. Ventavia es una CRO (Organización de Investigación por Contrato) que dirigía los ensayos clínicos fase III de la vacuna de Pfizer contra el Covid-19. Brook Jackson denunció graves irregularidades en los ensayos, que incluían falsificación de datos, falta de seguimiento de casos o la revelación de la condición de placebo a los participantes, rompiendo el doble ciego y viciando de nulidad todo el ensayo. Lo que encontró Brook Jackson como premio a su honestidad y su diligencia profesional fue un despido, seguido de una campaña de desprestigio por todos los medios posibles. Del mismo modo que le ocurrió a Jackson, los médicos que tienen el coraje de denunciar efectos adversos pueden sufrir también en sus propias carnes el ataque de su propio sector. Recientemente, The Telegraph publicaba un artículo con este elocuente titular. Según The Telegraph, médicos del Sistema Nacional de Salud del Reino Unido, remitieron a denunciantes al Consejo Médico General (GMC, equivalente al Colegio de Médicos en España) para «intimidar» a los denunciantes, según el propio GMC. Según la profesora Dame Carrie MacEwen, presidenta del Consejo Médico General (GMC), el sistema para evaluar la aptitud de los médicos para ejercer se está utilizando como arma contra quienes plantean preocupaciones sobre la seguridad del paciente. Los datos son escalofriantes. De los 47 médicos que fueron investigados, 25 habían sido amenazados con ser reportados al GMC si denunciaban los efectos adversos, y 20 de ellos denunciaban que los reportes habían sido fabricados sobre la base de información falsa. Como vemos, si los sobornos y los regalos no consiguen quebrar la honorabilidad de los profesionales, la industria siempre sabe encontrar métodos más expeditivos para ocultar sus actividades.
En este capítulo, hemos buscado plasmar con la máxima fidelidad el modelo de conflicto de interés del que la OMS es la cúspide. La primera copa sobre la que derramar el champán de nuestra analogía, que fluye con dirección a la base de la pirámide hasta finalmente llenar todas las copas, ya sea mediante sobornos o amenazas. Como rezaba el icónico tema de Queen, The Show Must Go On, el negocio no puede parar, y por ello cabe tomar en serio las amenazas de Tedros Adhanom. El Tratado se acabará aprobando como se han aprobado las enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional. El entramado internacional articulado en torno al credo de One Health es demasiado grande para simplemente dejarlo caer. Demasiados millones de dólares invertidos en un modelo que necesariamente buscará amortizarse. En el próximo capítulo, hablaremos de la “Gran Narrativa” del Covid-19 y de todos sus puntos ciegos, que son muchos como los lectores podrán comprobar por sí mismos. Mientras escribo estas líneas, testifica en el Subcomité del Congreso de EEUU Anthony Fauci, director del NIAID, y uno de los principales personajes sobre los que reposa la narrativa de terror pandémica. Con los detalles más relevantes de su declaración comenzaremos nuestra próxima entrega de esta serie de artículos.
Continuará…
