Ana Patricia Botín llega a la Junta del Santander con graves acusaciones de sus trabajadores

La presidenta de la entidad se enfrenta a su reelección en una Junta General telemática, hecho que se ha querido justificar por razones de sostenibilidad medioambiental

06 de Marzo de 2025
Actualizado a las 12:56h
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Ana Botin Junta 2025

Tradicionalmente, Banco Santander había adoptado la tradición por la que su Junta General de Accionistas se celebrara el «viernes de dolores». Sin embargo, este año se ha adelantado una semana, tal vez porque la Semana Santa de 2025 será en días cercanos ya al mes de mayo, cuando las empresas cotizadas tienen que presentar sus informes trimestrales.

La Junta del Santander no contará este año con la presencia física de los accionistas. Según el documento hecho público por la entidad cántabra, «la celebración de esta junta general de forma exclusivamente telemática resulta posible gracias a la habilitación legal y estatutaria para celebrar este tipo de juntas, es consecuente con la política de digitalización del Grupo Santander». Para justificar esta decisión, el banco señala razones de igualdad de trato, de dispersión de los accionistas, de ir por el camino que se ha marcado en otros países.

Sin embargo, la justificación más sorprendente es que «la junta virtual reducirá considerablemente el impacto ambiental de otro formato que exige el desplazamiento físico de asistentes, empleados y demás personas que intervienen en la preparación y celebración de la junta general, especialmente cuando, merced a la tecnología existente y desarrollada por el Banco, puede lograrse un resultado equivalente sin incurrir en los desplazamientos indicados».

Esto dicho por una de las entidades financieras que se encuentran entre las 25 que más financian proyectos que dañan gravemente el medio ambiente a nivel mundial, tal y como se refleja en diferentes informes, suena, cuanto menos, a excusa. Tal vez, lo que no quieren es tener que enfrentarse cara a cara a intervenciones que ponen en duda la gestión del consejo de administración presidido por Ana Patricia Botín, no sólo de accionistas, sino también de organizaciones de la sociedad civil o de los representantes de los trabajadores. Sobre todo en una junta en la que en el orden del día está la reelección de la presidenta.

Denuncias de los trabajadores

Este es un punto preocupante para Ana Patricia Botín, porque las condiciones laborales del Santander dan miedo, tal y como se desprende de los testimonios de los empleados. Sólo en las últimas semanas se han conocido varios elementos que obligarían a actuar a los organismos de control laboral y de seguridad bancaria.

Los representantes de los trabajadores han denunciado que Banco Santander y, de manera recurrente, vuelve a cambiar unilateralmente las condiciones y requisitos para cobrar bonus y premios, demostrando una absoluta falta de respeto por el esfuerzo y la planificación de su plantilla.

El pasado lunes, 3 de marzo, un número importante de empleados vieron cómo, por arte de magia, sus objetivos eran alterados, otra vez más, de manera absolutamente arbitraria. «A menos de un mes para cerrar el trimestre, los márgenes se han incrementado hasta en un 10%, el VNI ha llegado a duplicarse y, en seguros, se imponen exigencias individuales aún más desproporcionadas que si se repartiera el objetivo de la oficina entre todas las figuras comerciales», denuncia la sección sindical de UGT en el banco.

Además, esa modificación de los objetivos, algo que afectará al salario variable de los trabajadores, fue conocido el mismo día en que se hizo público que la remuneración del Consejo de Administración de Banco Santander alcanzó los 33,905 millones de euros en 2024, con un incremento del 10,5% respecto al año anterior.

Mientras los trabajadores denuncian estas prácticas de modificación de condiciones de manera unilateral, siempre en favor del banco, Ana Patricia Botín ganó 13,7 millones de euros en 2024, es decir, un incremento del 12,2%. El consejero delegado, Héctor Grisi, ganó 8,3 millones, un 22% más.

Los representantes legales de los trabajadores denuncian «esta injusticia y exigimos transparencia, estabilidad y respeto por el trabajo de la plantilla. No aceptamos que las reglas cambien a conveniencia de la empresa mientras los trabajadores asumen cada vez más presión y exigencias desmedidas».

Seguridad bancaria en peligro

Las reducciones de costes en las empresas suelen tener consecuencias graves en muchos ámbitos y uno de los que se resiente es la seguridad. Así lo denunció en una circular interna el sindicato UGT de Banco Santander en la que señalan que trasladaron al banco que la reducción de costes no puede poner en riesgo la seguridad bancaria.

«Las visitas periódicas de nuestros delegados y delegadas a las oficinas han puesto de manifiesto un problema grave derivado de la limitación en la solicitud de recogida de efectivo», señala la circular.

El problema surge en aquellas sucursales donde los clientes entregan grandes cantidades de monedas, ya sea con servicio contratado o no. Las bolsas de efectivo se acumulan sin una solución adecuada. Si, además, el Santander no contrata a la empresa de recogida, la identificación de las sacas para saber a quién pertenecen las diferencias de precintos para relacionar posibles descuadres con los depositarios, cumplir con el Manual de Seguridad Bancaria se vuelve prácticamente imposible.

«Esto conlleva riesgos como saldos que superan el encaje permitido, descuadres no imputables a ningún depositario, efectivo que no puede ser custodiado de manera segura», afirman desde UGT.

El sindicato, ante esta situación crítica, ha exigido al Santander que tome medidas urgentes como incrementar el servicio de recogida de efectivo en las sucursales donde esta problemática es recurrente.

«Que el banco contrate, con la empresa responsable del servicio de recogida la identificación en todo momento del precinto de las bolsas para saber a quién pertenecen las diferencias. La seguridad bancaria no puede ser una variable de ajuste. No podemos permitir que la reducción de costes ponga en riesgo a las personas trabajadoras, que terminan asumiendo la responsabilidad ante cualquier incidente», incide la circular.

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