En la sesión plenaria del Comité Económico y Social Europeo (CESE), que se celebra entre los días 16 y 18 de septiembre en Bruselas, ha sido aprobado por muy amplia mayoría el Dictamen ECO/510 La lucha contra el fraude fiscal, la elusión fiscal y el blanqueo de capitales, del que es ponente el representante de CCOO en el CESE, Javier Doz.
La magnitud del problema, en Europa y en el mundo, es muy grande. Tiene un carácter inequívocamente transnacional y está creciendo a pesar de las iniciativas de la UE, el G20 y la OCDE. Según datos que recoge la revista del FMI, la riqueza privada en paraísos fiscales sobrepasa los 7 billones de dólares y la evasión fiscal cuesta a los gobiernos unos 3 billones de dólares al año.
El Parlamento Europeo calcula que en la UE alcanza la cifra de 825.000 millones de euros anuales. La elusión fiscal, que no siempre supone una violación de la letra de la ley, pero sí de su espíritu, lleva a los paraísos fiscales, cada año, unos 600.000 millones de dólares dejados de pagar en el impuesto de sociedades; de ellos, unos 210.000 millones en la UE.
La magnitud de los flujos transnacionales de evasión y elusión fiscal la pone de manifiesto el estudio del FMI sobre la inversión extranjera directa (IED): el 40% del total, unos 15 billones de dólares, se dirige a “empresas fantasma” (sin ninguna actividad económica). La mayoría está radicada en cinco países de la UE: 7,5 billones de dólares pasa por empresas fantasma con sede en Luxemburgo y Holanda; los otros países más concernidos en Europa son Irlanda, Chipre y Malta.
La solución del problema, según el Dictamen, tiene una base política y está relacionada con propuestas legislativas que ha realizado la Comisión Europea, como la de que las decisiones sobre fiscalidad se adopten por mayoría cualificada en lugar de por unanimidad y la propuesta de directiva sobre la base común consolidada del impuesto de sociedades que reduciría fuertemente el margen de maniobra de las empresas para eludir el pago de impuestos.
Estas iniciativas están bloqueadas por los mismos gobiernos que facilitan la elusión fiscal o que han sido advertidos por la Comisión Europea por no aplicar debidamente las directivas 4ª y 5ª contra el blanqueo de capitales. Por eso, la propuesta principal del Dictamen es impulsar un Pacto europeo, político y social, que comprometa a sus actores a luchar de forma eficaz contra el fraude y la evasión fiscales, la elusión fiscal y el blanqueo de capitales. Se pide a la Comisión que impulse la iniciativa, involucrando a las demás instituciones europeas, los gobiernos nacionales y la sociedad civil. La participación de los interlocutores sociales y de las organizaciones representativas de la sociedad civil es fundamental para presionar a los políticos y para crear “conciencia fiscal” entre la ciudadanía.
El Dictamen muestra su apoyo claro al nuevo Plan de acción contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, pide que se aplique con la mayor urgencia posible y que la supervisión de su aplicación se haga a través de la creación de una Agencia Europea que tenga determinadas capacidades de intervención directa y que se ocupe también de los delitos fiscales, económicos y financieros conexos.
En el Dictamen se proponen también medidas como: revisar la lista de paraísos fiscales e impedir que las empresas de la UE realicen transacciones con sus instituciones financieras; ampliar el ámbito de aplicación de la ley a las obras de arte, los otros activos de alto valor, los puertos francos y los depósitos aduaneros; suprimir los regímenes de ciudadanía o residencia por inversión; incluir un capítulo fiscal y de cooperación en la lucha contra los delitos fiscales en todos los tratados comerciales y económicos suscritos por la UE; y ampliar al ámbito de la lucha contra la evasión fiscal los registros centralizados de propietarios reales de sociedades y fideicomisos.
En el plenario del CESE se aprobaron un total de 38 dictámenes. Entre los más destacados: Salarios mínimos dignos en toda Europa; Trabajo digno en la economía de las plataformas; Cadenas de suministro sostenibles y trabajo digno en el comercio internacional; El Estado de Derecho y su impacto en el crecimiento económico; o Estrategia de la UE sobre Biodiversidad para 2030.