La entrada en vigor de la nueva ley suprime este jueves los permisos de residencia ligados a grandes inversiones inmobiliarias, en una apuesta decidida por proteger el acceso a la vivienda y combatir el uso especulativo del mercado.
Desde este jueves, España cierra la puerta a los visados de residencia por inversión, también conocidos como golden visa. La medida, incluida en la Ley Orgánica de eficacia del Servicio Público de Justicia, elimina una herramienta que durante más de una década permitió a ciudadanos extranjeros no comunitarios obtener permiso de residencia mediante la compra de inmuebles de alto valor o inversiones financieras.
La decisión, impulsada por el Gobierno, responde a una necesidad creciente: frenar el encarecimiento del mercado inmobiliario en zonas tensionadas como Madrid, Barcelona, Valencia o Baleares, donde la presión de la inversión extranjera ha contribuido a dificultar el acceso a la vivienda para los residentes locales.
“La vivienda no puede ser tratada como un producto especulativo, sino como un derecho básico”, recordó el presidente Pedro Sánchez al anunciar hace un año su intención de suprimir esta figura introducida en 2013. En sus palabras se resume la voluntad del Ejecutivo de reorientar las políticas urbanas hacia criterios sociales, dejando atrás modelos que priorizaban el capital por encima del interés colectivo.
A lo largo de estos años, las golden visa han beneficiado mayoritariamente a inversores procedentes de China y Rusia, que encontraron en España un destino atractivo tras acontecimientos como el brexit o la guerra de Ucrania. Sin embargo, su efecto ha sido desigual y, en muchos casos, perjudicial para la cohesión urbana y social.
Aunque desde el sector inmobiliario se insiste en que el impacto de la medida será “limitado” y que los productos adquiridos por estos inversores no coinciden con la demanda del ciudadano medio, lo cierto es que la concentración geográfica de las inversiones ha generado distorsiones reales en los precios y en la disponibilidad de vivienda en ciertas zonas urbanas.
Además del fin de las golden visa, el Ejecutivo contempla nuevas herramientas fiscales para desincentivar la compra de vivienda por parte de extranjeros no comunitarios, lo que podría traducirse en un aumento del IVA o del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Se trata de una estrategia integral que pretende reordenar el mercado y dar prioridad a las necesidades habitacionales de la población residente.
La reforma se completa con cambios relevantes en el ámbito del alquiler turístico. A partir de ahora, los nuevos pisos turísticos deberán contar con el respaldo de tres quintas partes de la comunidad de vecinos, lo que fortalece el papel de las comunidades frente al uso intensivo y muchas veces conflictivo de este tipo de viviendas.
Asimismo, el Gobierno ha creado un registro único de alquileres de corta duración, operativo desde el próximo 1 de julio, que permitirá mayor transparencia y control frente al fraude en este sector.
Con estas medidas, el Ejecutivo da un paso decidido hacia una nueva política de vivienda más social, responsable y regulada, en la que se recupere el equilibrio entre la inversión privada y el bienestar colectivo. El fin de las golden visa no es un gesto aislado, sino el inicio de un cambio de paradigma que antepone el derecho a un hogar a la lógica del mercado sin límites.