La opa hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell se enfrenta a una batería de condiciones más estrictas impuestas por el Gobierno. El Consejo de Ministros ha decidido intervenir con firmeza —aunque sin frenar por completo la operación— introduciendo criterios que buscan proteger a las pequeñas y medianas empresas, evitar el cierre masivo de oficinas y garantizar la cohesión territorial. Una respuesta que no prohíbe la operación, pero sí la encarece política y operativamente.
Las nuevas exigencias del Ejecutivo se centran en cuatro grandes pilares: el mantenimiento del empleo en ambas entidades, la conservación de una red suficiente de oficinas en zonas rurales y barrios periféricos, la continuidad de estructuras de decisión descentralizadas del Sabadell y la protección del acceso al crédito por parte del tejido empresarial más vulnerable. Todo ello bajo la justificación de “razones de interés general” y la defensa de la competencia desde una óptica más social que técnica.
El equilibrio territorial y la banca de proximidad, en juego
Pedro Sánchez y su equipo han querido dejar claro que su actuación no responde a criterios políticos arbitrarios, sino a una preocupación real por los efectos que una operación de esta magnitud podría tener en el equilibrio bancario español. La absorción dejaría aún más concentrado el mapa financiero en torno a tres grandes grupos —CaixaBank, Santander y el nuevo BBVA-Sabadell— reduciendo las opciones para ciudadanos, empresas y administraciones locales.
En este contexto, el Gobierno plantea como condición indispensable que el Sabadell mantenga parte de sus órganos de decisión y gestión territorial, especialmente en Cataluña, una comunidad afectada por la posible pérdida de influencia si se consuma la fusión. Esta medida no solo busca preservar cierta diversidad en el sistema financiero, sino que responde también a una demanda política y simbólica de actores como Junts o Esquerra, que han presionado para no perder un referente bancario vinculado al territorio.
Una operación bajo la lupa sindical
Más allá de la política territorial, el foco también está en el empleo. Los sindicatos calculan que una fusión efectiva podría conllevar la eliminación de más de 10.000 puestos de trabajo. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sido tajante: no apoyará ninguna operación que no garantice la conservación íntegra del empleo en ambas entidades.
De momento, el BBVA había reconocido que sus previsiones de sinergias incluían un recorte de 300 millones en costes de personal. Aunque insisten en que la mayoría del ahorro vendría por mejoras tecnológicas y operativas, el temor de los trabajadores sigue latente. Para el Gobierno, el empleo es una línea roja que, de cruzarse, justificaría su intervención.
El crédito, la otra gran preocupación
Otro de los ejes centrales del endurecimiento es la financiación a pymes. El Sabadell tiene una fuerte implantación en el tejido empresarial de pequeña y mediana escala, especialmente en Cataluña, y muchos temen que una absorción por parte del BBVA lleve a un repliegue de sus líneas de crédito más accesibles.
El Ejecutivo exige que se mantengan las políticas de apoyo al crédito productivo que actualmente aplica el Sabadell y, además, que las decisiones sobre concesión de préstamos no se tomen desde despachos lejanos sin conocimiento del contexto local. Esta es la base para exigir que se conserven órganos de decisión autónomos dentro del banco absorbido.
Carlos Torres, presidente del BBVA, ha mostrado hasta ahora plena confianza en que la operación prosperará. Sin embargo, el endurecimiento de las condiciones cambia el panorama. La decisión final del Consejo de Ministros no veta la opa, pero la convierte en un campo minado.
El banco tendrá ahora que valorar si el potencial beneficio económico compensa el coste reputacional, operativo y político de cumplir con todas las exigencias. Algunas fuentes del sector apuntan a que, si el BBVA se ve obligado a mantener estructuras duplicadas, asegurar miles de empleos y respetar límites al cierre de oficinas, el rendimiento esperado de la operación se vería notablemente reducido.
Moncloa se cubre las espaldas sin intervenir de lleno
El Gobierno ha actuado con cautela y hermetismo, sin filtrar a sus socios parlamentarios ni detalles ni borradores de su resolución. Junts, una de las formaciones más contrarias a la opa, criticó este lunes haber sido marginada del proceso. Sin embargo, el Ejecutivo argumenta que ha aplicado criterios técnicos y jurídicos, sin interferencias ideológicas.
Desde el Ministerio de Economía, Carlos Cuerpo ha defendido un modelo bancario mixto: grandes entidades con músculo internacional, pero también bancos medianos y de proximidad que equilibren el sistema y no abandonen a las regiones menos rentables. La desaparición del Sabadell como actor independiente supondría un paso más hacia la concentración bancaria, y eso es lo que el Gobierno pretende frenar.
Aunque el BBVA consiga sacar adelante la opa, eso no implica automáticamente que pueda fusionarse con el Sabadell. Ese proceso posterior requeriría un nuevo análisis por parte del Ejecutivo, que ya ha dado señales de que no será fácil. El Gobierno, sin prohibir ahora la fusión, deja la puerta abierta a bloquearla si considera que vulnera el interés general.
El mensaje de fondo es claro: no se impedirá que los bancos operen dentro de la ley, pero tampoco se permitirá que lo hagan al margen del interés social. La opa puede seguir su curso, pero el camino no será ni rápido ni cómodo.
Condiciones duras, pero no imposibles
El Gobierno ha optado por una fórmula intermedia: impedir los efectos más lesivos de la opa sin paralizarla del todo. Con ello, busca blindar derechos laborales, proteger el tejido empresarial, preservar la diversidad financiera y evitar un nuevo golpe a la cohesión territorial.
Ahora la pelota está en el tejado del BBVA. Si quiere avanzar, deberá hacerlo bajo nuevas reglas de juego. Y esas reglas ya no se dictan solo desde los consejos de administración.