¿Qué tienen en común Helena Gimeno, que ejerce la abogacía en Barcelona, Javier Rubio, de Madrid, y José Ramón Pérez, de Alicante? Todos ellos son letrados que en estos dos últimos años, al aportar peritajes REDAL a diferentes ejecuciones hipotecarias, han sacado a relucir la poca diligencia de las entidades a la hora de pretender embargar una vivienda. La consecuencia: ejecución sobreseída.
Helena Gimeno cuenta cómo se percató que el informe pericial no sólo revelaba la irregularidad en las fórmulas. “El problema no era ya que la fórmula de las cuotas mensuales era una especie de “pastel” con símbolos sueltos por aquí y por allá”, explica la abogada, “es que toda la liquidación, al colocar la lupa sobre ella, era un poema: los tipos de interés de revisión no seguían lo pactado en la escritura”, añade. El auto del Juzgado de Sant Boi de Llobregat, en consecuencia, reflejó que “se generan serias dudas de hecho de que la liquidación se hubiese efectuado conforme a lo efectivamente pactado y de forma correcta” y se archivó el procedimiento.
Posteriormente, en un caso de Móstoles, Javier Rubio, abogado del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), conseguía otro archivo donde se puede leer que “es evidente que en esta [la liquidación] no se ha aplicado la forma de cálculo reflejada en la escritura y aceptada por la deudora hoy ejecutada”. Al respecto el abogado comenta que el informe REDAL llegó a desvelar aspectos tan descuidados de la liquidación como que, cuando el interés bajaba, las cuotas mensuales subían. Para Javier Rubio el auto es un ejemplo de buen juicio porque, según confirma, “resalta que estas malas prácticas bancarias no pueden tener amparo en una ejecución. A veces nos olvidamos que la vivienda es un derecho fundamental, y eso exige estar muy seguros de lo que hacemos. No es de recibo que la entidad pretenda echar de su hogar a una familia presentando una contabilidad llena de defectos y materialmente ininteligible. Es un insulto a las víctimas de abusos bancarios amenazados de desahucio”.
Las liquidaciones defectuosas llegan a la Audiencia
El último de estos tres abogados, José Ramón Pérez, es ya conocido en el mundo hipotecario por ser el primer abogado que consiguió la nulidad en la Audiencia de Alicante de un contrato por errores en las fórmulas financieras que, obviamente, no permitían que el consumidor conociera la carga económica de lo que firmaba.
La Audiencia de Girona le ha dado la razón en la ejecución hipotecaria a una pareja de personas mayores con un préstamo referenciado al IRPH Cajas. No ha hecho falta entrar en las cuestiones relativas al índice porque, como estamos explicando en esta noticia, la liquidación estaba mal hecha, desastrosa, de manera que no aguantaba la “lupa” de los matemáticos y economistas.
José Ramón recuerda cómo “en el primer caso REDAL que presenté basado en un informe de Guillem Bou en el juzgado nos miraban como quien ve a un marciano”, y añade, “por suerte el término se ha popularizado y cada vez más son los jueces conscientes que los contratos hipotecarios se firmaron en un marco de abuso e impunidad… y de absoluto descuido hacia los pactos financieros. Los contratos no aguantan las matemáticas, esa es la verdad”.