En un momento crucial para el sector jurídico y financiero español, la Abogacía Española ha hecho un llamamiento a los legisladores por una legislación más clara y precisa en la lucha contra el blanqueo de capitales. Esta petición fue uno de los puntos centrales de las IX Jornadas sobre Prevención del Blanqueo de Capitales, organizadas por el Consejo General de la Abogacía y el Colegio de Málaga, que se llevaron a cabo recientemente.
Los profesionales del derecho argumentan que la normativa actual necesita de una reformulación que no solo garantice el principio de seguridad jurídica, sino que también considere los aspectos de riesgo, proporcionalidad y eficacia en sus aplicaciones. Un aspecto crítico de esta solicitud es el respeto al secreto profesional, un pilar fundamental en el ejercicio de la abogacía.
Durante las jornadas, se destacó el trabajo realizado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y las Relaciones con las Cortes, especialmente en la creación del registro de titularidades reales. Este registro busca transparentar la propiedad real de las sociedades españolas y extranjeras que operan en el país. Sin embargo, los abogados demandan un acceso libre y gratuito a este registro para facilitar la identificación de los verdaderos propietarios de las personas jurídicas.
Además, la Abogacía Española ha reiterado su pedido al Gobierno para la creación de un órgano centralizado de prevención del blanqueo de capitales dentro del Consejo General de la Abogacía Española. Este órgano serviría como canal institucional permanente de colaboración con la administración, mejorando el cumplimiento de las obligaciones y la eficacia en la lucha contra este delito.
El compromiso del sector legal en combatir el lavado de dinero procedente de actividades ilícitas quedó evidenciado en las conclusiones de las jornadas. La Abogacía reafirma su compromiso de colaboración en la lucha contra el blanqueo de capitales, enfatizando la importancia de un esfuerzo conjunto entre el sector legal y la administración.
El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Julián Sánchez Melgar, abordó las lagunas jurídicas existentes en el delito de blanqueo de capitales y cómo la jurisprudencia del Supremo ha intentado llenar esos vacíos. Destacó sentencias recientes que clarifican que solo las cantidades sustanciales procedentes de actividades ilícitas pueden ser consideradas dentro de este tipo delictivo, advirtiendo contra la tendencia de convertir el blanqueo en un delito de mera sospecha.
Este llamamiento a la claridad y precisión en la legislación sobre el blanqueo de capitales subraya la necesidad de equilibrar la eficacia en la lucha contra la corrupción y el respeto a los derechos y principios fundamentales del ejercicio de la abogacía. La colaboración entre los sectores legal y administrativo se presenta como clave para avanzar en esta dirección.