Aunque todavía no se ha confirmado que habrá una nueva prórroga de los ERTE, todo parece apuntar que en los próximos días habrá un acuerdo entre los agentes sociales y el Gobierno para aprobar una ampliación de la medida hasta el 31 deenero de 2022.
Sin embargo, la empresas que quieran acogerse a esta nueva prórroga, según la propuesta que ha presentado el Gobierno a la reunión de seguimiento tripartita de los ERTE, a la que ha tenido acceso Diario16, esta ampliación no se producirá automáticamente sino que las empresas deberán solicitarlo expresamente antes del próximo 10 de octubre y deberá incluir la solicitud de prestación por desempleo a los trabajadores.
Tras la solicitud, la administración tiene que resolver en el plazo de 10 días, y en caso de no resolución se entenderá desestimada la solicitud de prórroga . Este punto , el del silencio negativo , ha generado mucha polémica y genera confusión con la prórroga automática que deberá producirse en el momento de la solicitud.
Formación a los trabajadores para mantener la exoneración de las cuotas a la Seguridad Social
Asimismo, según reza el documento, se vincula el mantenimiento de las exoneraciones de las cuotas de la seguridad social a que la empresa acometa acciones formativas destinadas a las personas trabajadoras afectadas por los ERTE. Estas acciones formativas deberán ejecutarse entre el 1 de octubre y el 30 de junio de 2022. Esta modificación ha generado dudas sobre su aplicación , ejecución y financiación.
Las exoneraciones se unifican manteniendo el 100% para los ERTE de impedimento y del 50% para empresas de menos de 50 trabajadores en ERTE de limitación y 40% las empresas mayores .
Además, el Gobierno también propone que se prorroguen todas las situaciones , CNAE , Del Real decreto anteriory también se prorrogan las situaciones de fijos discontinuos .
UGT
Por parte de UGT se ha reiterado la necesidad de actualizar el contador a cero de las prestaciones por desempleo de las personas afectadas por los ERTE.
Y el Gobierno se ha recogido la propuesta de regular la situación de las personas afectadas por el volcán de la Isla de la Palma , aunque los benéficos se deben extender al conjunto de las Islas Canarias que se han visto afectadas por la erupción.