El modelo de falsos autónomos que Glovo ha sostenido durante años no solo ha sido ilegal, sino también profundamente inmoral. La reciente decisión de la empresa de abandonar este sistema, anunciada a última hora y con claros fines estratégicos, no puede ser entendida como un acto de responsabilidad, sino como una maniobra desesperada para mitigar las consecuencias legales y financieras que se ciernen sobre ella. ¿Cuántos trabajadores han sufrido bajo este modelo que enriqueció a unos pocos a costa de la precariedad de miles?
‼️ Un repartidor no es ni un emprendedor ni un trabajador autónomo: es una persona asalariada.
— Ministerio Trabajo y Economía Social (@empleogob) December 2, 2024
Ninguna empresa, por grande que sea o poder que tenga, puede estar por encima de la Ley. pic.twitter.com/NIvG0h4hLt
Un modelo que acumuló sanciones millonarias
Con más de 200 millones de euros en sanciones e impagos a la Seguridad Social, Glovo es un ejemplo vergonzoso de cómo una empresa puede estructurarse alrededor del abuso sistemático de los derechos laborales. Durante años, esta compañía justificó la explotación de los repartidores mediante contratos mercantiles que disfrazaban relaciones laborales evidentes. Estos trabajadores, conocidos como "riders", no eran empresarios autónomos, sino empleados sometidos a la organización y dirección de la empresa.
Mientras Glovo se jactaba de ser una plataforma "tecnológica innovadora", la realidad es que funcionaba como un sistema de esclavitud moderna, donde los repartidores asumían todos los riesgos económicos sin ninguna de las protecciones sociales básicas. Según cálculos de la competencia, esta estrategia permitió a la empresa ahorrarse más de 645 millones de euros en costes laborales, asegurando así una ventaja competitiva injusta frente a rivales que cumplían con la legislación.
El peso de la ley y la resistencia al cambio
El Gobierno de España aprobó la ley rider en 2021 para frenar este tipo de abusos. Sin embargo, Glovo optó por desafiarla abiertamente, lo que llevó a un endurecimiento del Código Penal para sancionar penalmente estas prácticas. Este comportamiento desafiante no solo evidencia una falta de ética empresarial, sino también un desprecio absoluto por las normativas democráticas que buscan proteger a los más vulnerables.
La resistencia de Glovo a regularizar a sus trabajadores no fue solo una cuestión económica. Este modelo fue una estrategia deliberada para maximizar beneficios a corto plazo, aunque ello implicara condenar a miles de trabajadores a condiciones laborales indignas y a la incertidumbre financiera.
La precariedad como norma: el día a día de los riders
Los repartidores de Glovo han trabajado en condiciones que rozan lo inhumano. Obligados a someterse a sistemas algorítmicos que determinaban sus ingresos en función de su disponibilidad y rendimiento, la supuesta "libertad" de estos autónomos era, en realidad, una esclavitud digital. Aquellos que no cumplían con las exigencias de la empresa veían cómo sus puntuaciones bajaban, lo que les dejaba sin acceso a las franjas horarias más rentables.
Además, los riders asumían todos los costes operativos, desde el mantenimiento de sus vehículos hasta el pago de su seguridad social como autónomos. Este sistema perverso no solo generaba estrés e incertidumbre económica, sino que también hacía prácticamente imposible que estos trabajadores pudieran alcanzar ingresos dignos.
Un cambio forzado, no una redención
El reciente anuncio de Glovo de abandonar el modelo de falsos autónomos llega en un momento clave: justo antes de que su fundador, Óscar Pierre, declare en un proceso penal por delitos contra los derechos de los trabajadores. Este cambio no es un acto de arrepentimiento, sino una estrategia para minimizar el impacto legal y financiero de los procesos en curso.
Es importante recordar que este anuncio no detiene las reclamaciones pendientes ni las sanciones acumuladas. Según el Ministerio de Trabajo, la regularización de los trabajadores de Glovo supondrá una recaudación de al menos 267 millones de euros en cotizaciones, además de sanciones que podrían superar los 770 millones.
Yolanda Díaz: “Hoy ha ganado la democracia”
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sido una de las voces más críticas contra el modelo de negocio de Glovo. Desde Bruselas, celebró el anuncio como una victoria para la democracia y los derechos laborales: "Ninguna gran empresa puede imponerse a la democracia. Hoy ha ganado la democracia en nuestro país".
Lo dijimos y cumplimos. Ninguna empresa está por encima de la ley.
— Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) December 2, 2024
Aproximadamente 60.000 personas desde la entrada en vigor de la Ley Rider verán sus derechos garantizados. pic.twitter.com/ylRVEX70ON
Díaz también destacó que la regularización de más de 60.000 trabajadores es el "movimiento afiliativo más importante de la historia de España". Sin embargo, este avance no habría sido posible sin la labor incansable de inspectores de trabajo, sindicatos y otros actores sociales que lucharon durante años contra un sistema diseñado para explotar.
El impacto en el sector y las lecciones por aprender
El caso de Glovo no es un caso aislado, sino un reflejo de una problemática más amplia en el sector de las plataformas digitales. La flexibilización laboral que estas empresas defienden a menudo oculta formas de explotación que destruyen las bases del estado de bienestar.
Just Eat, uno de los competidores de Glovo que sí contrata a sus repartidores, ha denunciado por competencia desleal a la empresa catalana, exigiendo 295 millones de euros en daños. Este conflicto pone de manifiesto cómo el incumplimiento de la ley no solo perjudica a los trabajadores, sino también a las empresas que intentan operar de manera ética y legal.
Una victoria parcial, pero insuficiente
El cambio de modelo de Glovo es un paso en la dirección correcta, pero no borra el daño causado. Miles de trabajadores han visto sus derechos vulnerados durante años, mientras la empresa acumulaba beneficios a costa de su precariedad.
La sociedad debe exigir rendición de cuentas no solo a Glovo, sino a todas las empresas que utilizan estrategias similares para maximizar beneficios. La explotación laboral no puede ser el precio a pagar por la "innovación". Es momento de que la justicia actúe con contundencia y de que se refuercen los mecanismos para proteger a los trabajadores de este tipo de abusos. Porque en una democracia, los derechos laborales no son negociables.