La vivienda en la Comunidad de Madrid vuelve a estar en el centro de la polémica. Lo que en su día se presentó como una solución al grave problema del acceso a un hogar digno y asequible, el Plan VIVE, se ha convertido, según denuncia UGT Madrid, en una maquinaria de beneficios para fondos especulativos y en un verdadero quebradero de cabeza para cientos de familias trabajadoras adjudicatarias.
El sindicato madrileño asegura que la iniciativa estrella del Gobierno madrileño no es, como se vendió, un modelo de vivienda pública en alquiler a precios razonables, sino un esquema de externalización en manos de empresas privadas cuyo único interés es multiplicar sus beneficios a costa de los inquilinos.
Viviendas con graves deficiencias
Los testimonios de las familias afectadas dejan un rastro de frustración y rabia. Los problemas se repiten con una frecuencia alarmante: goteras, instalaciones defectuosas, paredes agrietadas, baños mal acabados, tuberías atascadas o zonas comunes completamente abandonadas. Lejos de ser un parque de vivienda moderna y cuidada, muchas de las promociones inauguradas por la presidenta regional acumulan quejas vecinales desde el primer día.
“Se venden como pisos nuevos y asequibles, pero a los pocos meses empiezan los problemas y nadie se responsabiliza”, denuncia una de las inquilinas que, como otras, ha tenido que pagar de su bolsillo reparaciones que deberían estar cubiertas por la promotora o la empresa gestora.
Costes añadidos e injustificables
A la mala calidad de las viviendas se suma un régimen económico que nada tiene que ver con la promesa de alquiler asequible. UGT Madrid detalla que a los inquilinos se les cargan costes que deberían quedar fuera de la cuota mensual, como el pago del IBI, la tasa de basuras o gastos de comunidad. Incluso se les obliga a abonar el alquiler de una plaza de garaje y de un trastero aunque no tengan coche o no hagan uso de dichos espacios.
Estos sobrecostes, que en muchos casos no aparecen claramente desglosados en los contratos, disparan el precio final del alquiler hasta niveles incompatibles con el concepto de vivienda social. “Lo llaman asequible, pero el precio se acerca peligrosamente al del mercado libre, mientras la calidad es mucho peor”, apuntan desde el sindicato.
Fianzas retenidas y cobros indebidos
Uno de los puntos más denunciados por las familias es la gestión abusiva de las fianzas. La empresa Sogeviso, por ejemplo, ha llegado a retener hasta 1.300 euros de depósitos alegando desperfectos sin facturas, pruebas ni desgloses justificativos. Los retrasos en la devolución del dinero son la norma, lo que agrava la situación económica de quienes ya arrastran dificultades para llegar a fin de mes.
La opacidad también alcanza a los suministros básicos. En algunos casos se han emitido facturas de electricidad incluso después de que las familias entregaran las llaves, debido a que las gestoras no tramitan correctamente los cambios de titularidad. Estos episodios, lejos de ser aislados, evidencian lo que UGT Madrid califica de “régimen abusivo y descontrolado” donde los inquilinos quedan indefensos frente a la burocracia y el ánimo especulador de las empresas.
El gran fraude del “alquiler asequible”
Para UGT Madrid, el Plan VIVE no es vivienda pública ni responde a las necesidades reales de la ciudadanía madrileña. Se trata, dicen, de un fraude político y social, donde la Comunidad de Madrid inaugura promociones con gran repercusión mediática mientras oculta que la gestión queda en manos de fondos privados cuyo objetivo es maximizar beneficios.
“Estamos ante un modelo que precariza aún más el acceso a la vivienda y que convierte un derecho constitucional en un negocio de unos pocos. El Gobierno regional utiliza la propaganda para dar la apariencia de servicio público, pero la realidad es que se ha consolidado un sistema que castiga a las familias trabajadoras”, ha subrayado el sindicato en un comunicado reciente.
UGT Madrid exige cambios urgentes
Ante esta situación, el sindicato ha lanzado una batería de propuestas que pasan por una revisión profunda del modelo. Entre las medidas, destacan:
• Revisión inmediata del Plan VIVE y de todos los contratos adjudicados a fondos privados.
• Creación de un parque público real de vivienda en alquiler asequible, gestionado bajo control directo de la administración.
• Declarar la Comunidad de Madrid como zona tensionada en aplicación de la Ley Estatal de Vivienda, lo que permitiría poner límites a la escalada de precios.
• Refuerzo de los servicios públicos de inspección y sanción para frenar los abusos de las gestoras privadas.
“El derecho a la vivienda no puede seguir secuestrado por la especulación”, remacha la organización sindical.
Un derecho constitucional vulnerado
El artículo 47 de la Constitución reconoce el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Sin embargo, para miles de madrileños, este principio se ha convertido en papel mojado. La ausencia de un parque público suficiente, unido a políticas que favorecen la entrada de fondos especulativos en la gestión de promociones residenciales, está generando una tormenta perfecta de precariedad y desprotección.
UGT Madrid recuerda que no se puede hablar de vivienda pública cuando el control lo tienen empresas privadas, y advierte que, de mantenerse este modelo, las futuras generaciones se enfrentarán a un acceso aún más difícil al mercado de alquiler.
La brecha social se agrava
El fracaso del Plan VIVE no solo pone de relieve la mala gestión del Gobierno regional, sino que amplía la brecha entre quienes pueden acceder a la vivienda y quienes quedan atrapados en un círculo de precios imposibles, contratos abusivos y viviendas defectuosas. En este contexto, las familias trabajadoras son las principales perjudicadas, mientras los fondos privados hacen caja con un derecho básico.
En conclusión, lo que nació como una promesa de vivienda asequible se ha transformado en un ejemplo de especulación institucionalizada. Mientras se suceden los actos de inauguración con grandes titulares, las familias adjudicatarias viven en carne propia los abusos de un sistema que, lejos de garantizar derechos, los vulnera de manera sistemática.
UGT Madrid lo dice alto y claro: el Plan VIVE no es una solución, sino un problema añadido que exige cambios inmediatos. Porque el derecho a un hogar digno en Madrid no puede seguir dependiendo de la lógica del negocio privado.