La promesa de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales —una de las medidas estrella del Ministerio de Trabajo— ha vuelto a tropezar en el Parlamento. Lo que debía ser un paso histórico para millones de personas trabajadoras se ha convertido en un nuevo aplazamiento, esta vez con el objetivo de seguir negociando con Junts per Catalunya, cuya enmienda a la totalidad amenaza con tumbar la ley.
La decisión del Gobierno de postergar el debate parlamentario, previsto inicialmente para el martes 22 de julio, ha causado indignación en UGT y CCOO, que han pedido con contundencia la retirada de todas las enmiendas a la totalidad para que la norma pueda al menos debatirse en sede parlamentaria.
Un derecho social bloqueado
Para los sindicatos, este nuevo retraso no es solo una cuestión de calendario, sino una grave renuncia al avance de derechos laborales ampliamente respaldados por la ciudadanía. La ley, fruto del diálogo social entre el Gobierno y los agentes sociales, pretende establecer una jornada máxima legal de 37,5 horas semanales sin reducción salarial.
“El retraso está afectando directamente a las personas más vulnerables del mercado laboral”, denuncian desde CCOO y UGT. Mujeres, jóvenes, trabajadores con contratos a tiempo parcial involuntario y quienes sufren jornadas interminables no remuneradas son, según los sindicatos, los principales damnificados por la falta de avances.
El argumento de las pymes y el bloqueo de Junts
Junts per Catalunya se ha mantenido firme en su rechazo a la norma desde el primer momento. Su preocupación principal: el impacto que la reducción de jornada puede tener en las pequeñas y medianas empresas, especialmente en lo que respecta al control horario y los costes asociados. Para ellos, la ley necesita más consenso y tiempo.
El propio Ministerio de Trabajo, que dirige Yolanda Díaz, ha reconocido que “el momento político no es el adecuado” y que resulta preferible dar más margen a la negociación. Sin embargo, los sindicatos alertan de que esta estrategia dilatoria solo sirve para frenar reformas necesarias y pone en riesgo la credibilidad del Gobierno.
Una oportunidad para cambiar el modelo laboral
Más allá del reparto del tiempo de trabajo, la propuesta de ley incluye mecanismos para garantizar su cumplimiento, como un control horario más eficaz y la lucha contra las horas extraordinarias no pagadas. También refuerza el derecho a la desconexión digital, tan necesario en un contexto de trabajo cada vez más difuso entre la vida personal y laboral.
UGT y CCOO recuerdan que esta reducción no es una ocurrencia, sino una demanda histórica que permitiría modernizar el modelo productivo español, adaptándolo a los estándares de otros países europeos.
Conflicto en el horizonte
El bloqueo de la ley está teniendo ya efectos colaterales en las mesas de negociación colectiva. Muchas patronales están paralizando los avances en convenios al escudarse en la falta de un marco legal claro, lo que podría derivar en un otoño tenso y conflictivo a nivel laboral.
Los sindicatos advierten que no se quedarán de brazos cruzados. Tras la concentración en Barcelona el 16 de julio, han convocado una gran asamblea sindical en Madrid el próximo 22 de julio para exigir la reanudación inmediata de la tramitación y dejar claro que los derechos laborales no son moneda de cambio.
“El Parlamento debe debatir esta ley. Todos los partidos deben posicionarse de cara a la ciudadanía y a la clase trabajadora”, insisten. Para ellos, no hay excusa que justifique frenar una reforma que podría mejorar la vida de millones de personas. Y tampoco tiempo que perder.