La guía contra la amnistía, cuya presunta autoría podría ser atribuida a la llamada Plataforma Cívica por la Independencia Judicial supuestamente está siendo difundida a través de la cuenta de correo electrónico del Consejo General del Poder Judicial sin que su presidente haya intervenido. Esa actuación entraría dentro de los límites de la prevaricación ya que el órgano de gobierno de los jueces no puede utilizar medios públicos para oponerse activamente contra una norma del gobierno, y más si procede de un tercero que nada tiene que ver ni con su funcionamiento ni con su personalidad jurídica. Esta difusión ha sido calificada de “muy grave” y veremos en qué termina.
La guía para el planteamiento de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en torno a la futura ley de amnistía fue presuntamente elaborada por la Plataforma Cívica para la Independencia Judicial que entre sus principios se postula favorable a la supremacía del poder judicial sobre los políticos. Dice que “la pretensión del legislador español de decir al juez si puede emitir o levantar una euroorden presenta notables visos de contrariar el derecho de la Unión” y que “no tiene competencia el legislador español para regular esta figura ni la decisión de levantar o mantener una euroorden, en el esquema europeo, puede depender de autoridad distinta que la del propio juez”.
El presidente de la asociación, Francisco Sosa Wagner, catedrático de derecho administrativo, fue miembro de la comisión de expertos que diseñó el modelo autonómico bajo la presidencia de Eduardo García de Enterría. Posteriormente fue eurodiputado por UP y D y el que fue fundador de Ciudadanos, Albert Rivera, quiso captarlo. Ahora vuelve a relacionarse con los que fueron líderes de Unión Progreso y Democracia, Rosa Díez entre otros.
La guía que se está difundiendo a través de los soportes informáticos del CGPJ no tiene desperdicio. Son 201 las páginas en las que se incluye un cuestionario para “orientación de los jueces” de la forma en que deben dirigirse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y al Tribunal Constitucional solicitando que ambas instancias se pronuncien sobre “una cuestión de prejudicialidad” en torno a la ley de amnistía. Aunque en un principio, la asociación priorizó las actuaciones de los jueces en el TJUE, al final han optado, también, por la vía de la corte de garantías a pesar de que desconfían de su neutralidad. Y así detallan a los magistrados cómo plantear “cuestiones de inconstitucionalidad y prejudiciales europeas sobre la ley de amnistía”.
La Plataforma Cívica defiende el informe como un documento de ayuda y apoyo para los magistrados. “El proceso de tramitación no ha eliminado ninguno de sus evidentes vicios de inconstitucionalidad y de contrariedad de la normativa europea sobre la salvaguarda del estado de derecho, contra la malversación y contra el terrorismo”, razona la asociación. El primero en colgar el documento en internet fue el magistrado del Tribunal Superior de Castilla La Mancha, Jaime Lozano, que también pertenece a la Plataforma Cívica. En el mismo se asegura que “es más probable que el TJUE esté más dispuesto a valorar la intención real de la ley de la que puede hacerlo el Tribunal Constitucional”. La guía ha incorporado las alegaciones presentadas por un grupo de letrados del Congreso de los diputados contrarios a la norma. Se recogen extractos del último informe que duda de su constitucionalidad, y cuestiona el levantamiento automático de las medidas cautelares.
Varios jueces han cuestionado el envío de este documento a través del servidor del Consejo General del Poder Judicial. Lo califican de “una iniciativa muy grave y sin precedentes” y consideran “intolerable que se les intente influir”. Esos magistrados se muestran sorprendidos porque el CGPJ no haya paralizado esta difusión. El secretario general de Junts Per Catalunya, Jordi Turull, ha llegado a decir que “esta es una inducción a la prevaricación desde el mismo vientre del Consejo General del Poder Judicial”
Independientemente de las reacciones de los agentes políticos, lo que sí es evidente es que no se puede tolerar el uso de medios para difundir un documento que es ajeno a la institución y que no ha sido consensuado por los vocales. Es cierto que el núcleo conservador expresó su rechazo, tanto en lo que se refiere a la forma como al contenido, de la ley de amnistía que se aprueba definitivamente esta semana, pero no se pueden utilizar sus medios para llevar a cabo una lucha activa contra una norma que ha sido aprobada definitivamente por el parlamento.
Intentar influir en los jueces para que presenten acciones contra la ley es ilegal. Sólo los magistrados son los que deben decidir, en conciencia, si consultan esas cuestiones prejudiciales a sabiendas de que la ley deja claro que no pueden paralizar más que el caso concreto que se plantee. Eso en lo que se refiere al Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque en lo que respecta al Constitucional, la corte de garantías sólo puede paralizarla si toma “medidas cautelarisimas” en un supuesto evidente de inconstitucionalidad y nunca a instancias de los jueces, que no tienen potestad para acudir al órgano interprete de la carta magna. Sólo los grupos parlamentarios con más de 50 diputados o senadores, en este caso PP y PSOE, el Defensor del Pueblo y el Tribunal Supremo están capacitados para recurrir. Y las medidas cautelarisimas se deben decidir con especial cuidado porque la última vez que se tomó una decisión semejante se generó un serio conflicto institucional.
Por lo tanto, la guía de esta plataforma conservadora sólo sirve para orientar a los jueces que estén dispuestos a acudir al TJUE. Y están en su derecho de llevar a cabo todo tipo de iniciativas en esta guerra contra la amnistía a los independentistas catalanes. Lo que no se puede permitir es el uso de recursos públicos para acciones llevadas a cabo por particulares. Eso no es otra cosa que prevaricación. Y más en un órgano desprestigiado en su totalidad, que lleva más de 2.000 días caducado y cuyo beneficiario de su instrumentalización se conoce de sobra: el PP, que actúa inconstitucionalmente al bloquear la renovación de este organismo que ya se está viendo para lo que sirve.