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El Consejo de Ministros vuelve a aprobar la Ley de Paridad que obliga a la equidad de género en el sector público y privado

La ley fue aprobada y enviada al Congreso, pero decayó por la convocatoria electoral

Agustín Millán
Agustín Millánhttp://pompona22.wixsite.com/agustinmillan
Foto periodista especializado en manifestaciones y actos sindicales. Desde 2011 fotografiando la crisis más dura de la historia moderna. Responsable de redes sociales de la Cumbre Social España. Fotógrafo con 5 campañas electorales entre ellas la de Manuela Carmena y la de Enrique Santiago en IU Madrid.
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análisis

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El Consejo de Ministros va a volver a aprobar de nuevo la Ley de Paridad, un importante avance hacia la igualdad de género y la representación femenina en los ámbitos público y privado. Ya fue aprobada el 24 de mayo de este año y enviada al congreso, pero que decayó por la convocatoria anticipada de elecciones. Una norma que emana de la vicepresidenta primera y ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño. Esta será sustituida en las próximas semanas previsiblemente por José Luis Escrivá, actual ministro de Transformación Digital.

Ley de Paridad

Establece la obligatoriedad de contar con al menos un 40% de mujeres en el Gobierno, los consejos de administración de grandes empresas, las candidaturas electorales y los órganos constitucionales. Con esta medida, se busca promover la participación equitativa de mujeres y hombres en la toma de decisiones. Además de superar la brecha de género existente en estos espacios de poder.

Esta por la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez frenó los nombramientos de altos cargos en ministerios, para incluir más mujeres en la segunda línea del Gobierno. Quiere que sus ministros tengan en cuenta en todos los nombramientos que se realicen, el principio de paridad que asume y reivindica el Ejecutivo de coalición progresista. Y ha pedido expresamente que haya más mujeres en esos puestos de responsabilidad.

La aprobación de la Ley de Paridad marca un hito significativo en el camino hacia la igualdad de género en nuestro país. Al establecer una cuota mínima del 40% de mujeres en el sector público y privado, se asegura una representación más equitativa y se rompen barreras históricas que han limitado la participación de las mujeres en roles de liderazgo y toma de decisiones.

El ámbito empresarial no se queda atrás

Como ya informo nuestra compañera, Eva Maldonado, la Ley de Paridad tiene un impacto directo en el mundo empresarial. Específicamente, las empresas que forman parte del Ibex 35 deberán contar con al menos un 40% de consejeras. Este requisito se extiende a otras empresas cotizadas, con plazos adaptados según su capitalización bursátil. Estas medidas no solo buscan promover la igualdad, sino también mejorar la diversidad y la capacidad de toma de decisiones más inclusivas en el ámbito empresarial.

Un paso hacia la representación equilibrada en los órganos constitucionales

La modificación de la Ley de Paridad para incluir a los órganos constitucionales es otro aspecto destacable de esta nueva legislación. El Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, el Tribunal de Cuentas y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) deberán contar con una representación paritaria. Esto garantiza que los órganos fundamentales de nuestra democracia sean reflejo de la diversidad y de la realidad de nuestra sociedad.

Flexibilidad y gradualidad para alcanzar los objetivos

La Ley de Paridad también ha tenido en cuenta la necesidad de un proceso gradual de adaptación para las empresas y los órganos de relevancia constitucional. Con plazos que varían desde el 2024 hasta el 2028. Se establece un marco de flexibilidad que permite a las organizaciones realizar los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos establecidos.

Respuesta positiva y sanciones para garantizar el cumplimiento

El Gobierno tendrá que negociar y confiar en que esta ley cuente con el apoyo de todos los partidos políticos. Para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de paridad, se establecen sanciones más estrictas para las grandes empresas que no cumplan con los requisitos establecidos.

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