De las absurdas decisiones que toma la Sala de Lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo llama la atención la última en la que rechaza el nombramiento de Dolores Delgado como fiscala de Memoria Democrática porque considera que su cometido es incompatible con el que ejerce su marido, Baltasar Garzón, en su despacho de abogados especializado en derechos humanos. Pero la sala da un paso más hacia lo absurdo y pide al Consejo Fiscal que se pronuncie sobre esa incompatibilidad. En ese consejo fiscal está una de las promotoras del recurso que dio origen a esa resolución judicial, la fiscala jefa de Las Palmas, Beatriz Sánchez, cuya pareja ejerce la abogacía con fines comerciales en su demarcación lo que es manifiestamente incompatible, más si cabe que el caso de Delgado y Garzón.
Y es absurdo porque los jueces conocen perfectamente la composición del Consejo Fiscal, un organismo consultivo y de asesoramiento del fiscal general del Estado que cuenta con doce miembros, tres natos y nueve electos de los cuales seis son de la Asociación de Fiscales, dos de la Unión Progresista de Fiscales y uno de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Lo que pasa, es que, en este caso, el dictamen que aprueben sí cuenta porque, aunque la opinión del organismo no es vinculante sí lo es a la hora de dirimir cuestiones de incompatibilidades. La guerra abierta entre Álvaro García Ortiz y la AF implicará, casi con toda seguridad, la aprobación del dictamen que propondrá esta última aún a sabiendas de que una de sus vocales puede estar incurriendo en la misma condición por la que se rechaza la designación de Dolores Delgado.
Y no habrá posibilidad de negociación con la AF quien mantiene una actitud cada vez más beligerante contra García Ortiz hasta tal punto que se ha retirado de las reuniones en las cuales se estaba elaborando una reforma del Estatuto Fiscal con vistas a adecuarlo a la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que, de aprobarse tal y como se pretende en el borrador del gobierno, supondrá dotar a los fiscales de competencias en materia de instrucción sumarial. Las conversaciones siguen, pero sin la participación de los mayoritarios, sólo de los progresistas y la APIF, también conservadora, que no se dio por aludida por las declaraciones de García Ortiz en las cuales señalaba que “entre elementos corporativos dentro de las asociaciones judiciales y fiscales hay objetivos idénticos que los que tienen determinados partidos políticos”. La AF interpretó estas manifestaciones como un “ataque a la actuación independiente y profesional de las asociaciones de jueces y fiscales acusándolas de estar politizadas y no respetando el trabajo que en ellas se realiza”.
En esta situación de total enfrentamiento en la cual la Asociación de Fiscales cree que están muy cerca de lograr el objetivo de apartar a García Ortiz de la fiscalía general, sólo un voto desfavorable de la APIF lograría un empate en el Consejo Fiscal que se resolvería con el voto de calidad del fiscal general emitiéndose un dictamen favorable a la compatibilización de Dolores Delgado con su cargo como fiscala de Memoria Democrática. Pero la Asociación Profesional Independiente de Fiscales también recurrió dicho nombramiento por lo que lo más probable es que se ponga del lado de la AF.
Pero hay un punto que pueden hacer cambiar las cosas. La promotora del recurso de la Asociación de Fiscales es la fiscala jefa de Las Palmas, Beatriz Sánchez, que también es vocal del Consejo Fiscal. El marido de Sánchez, Agustín Calzada, es abogado, administrador único y socio profesional de Angular Abogados. Según los datos que obran en el registro mercantil, esta sociedad ofrece servicios de asesoramiento jurídico y tiene como objeto social “la realización de gestiones, asesoramiento y marketing en toda clase de inversiones mobiliarias, inmobiliarias y actividades turísticas”, además de “la adquisición de terrenos, su urbanización, parcelación, explotación y venta”. Su sede social está radicada en la misma zona del cometido de su mujer y su actividad es comercial por lo que, según los expertos juristas, se puede ver afectada por el tenor del apartado primero del artículo 58 del Estatuto Fiscal que fue al que se acogió Sánchez para recurrir el nombramiento de Delgado. Dicho apartado fija la incompatibilidad en los casos en que el cónyuge o pareja desarrolle una “actividad mercantil” que comprometa la imparcialidad. Y la actividad de Agustín Calzada no se limita al asesoramiento jurídico sino que entra de lleno en el campo de las inversiones inmobiliarias y turísticas y en la compra y venta de terrenos por lo que es inconcebible que se haya cuestionado la imparcialidad de la fiscal de sala de Memoria Democrática porque su pareja preside una fundación dedicada a la defensa de los derechos humanos y no se haya aplicado el mismo rasero a una fiscala jefa provincial cuyo cónyuge ejerce como abogado en la misma circunscripción territorial y tiene una mercantil con unos determinados intereses empresariales sobre los que puede tener que pronunciarse, dentro de su ámbito de actuación, esa misma fiscalía.
Lo lógico es que Beatriz Sánchez se apartase a la hora de votar el dictamen pedido por la sala de Lo contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Pero no lo hará, en buena lógica porque fue la que presentó uno de los recursos y porque ella misma se cree que está cumpliendo con lo establecido en el Estatuto Fiscal en materia de incompatibilidades.
El objetivo último de la Asociación de Fiscales es acabar con García Ortiz cueste lo que cueste. Lo consideran prevaricador y en eso coinciden, lo quieran o no, con el Partido Popular que también ha pedido a Pedro Sánchez su cese. No importa que una de sus dirigentes esté inmersa en situación semejante a la de Dolores Delgado. Incluso peor si cabe porque su pareja ejerce una actividad comercial lucrativa mientras que la de Baltasar Garzón es de signo bien diferente. Pero la AF siempre mira con diferente rasero y no le importa dejar cadáveres por el camino en esa guerra que lleva a cabo contra el fiscal general del Estado. Lo hizo con uno de sus afiliados, el fiscal del Supremo Álvaro Redondo, al cual le negó el amparo cuando la derecha judicial se revolvió contra él al cambiar el sentido de su ponencia sobre la procedencia de que la sala de Lo Penal asumiese el procesamiento de Puigdemont por terrorismo.