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El esperpento que se ha montado en torno al juez Peinado

En torno a la instrucción se suceden episodios dignos de una comedia

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análisis

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Si no es porque está en juego una sanción penal, la cosa tendría mucha gracia. En los anales de la justicia de este país nunca se han producido hechos tan esperpénticos como los que rodean la instrucción del llamado “Caso Begoña Gómez”, la esposa del presidente Pedro Sánchez, a la que todavía no se la ha imputado formalmente pero que aparece como sospechosa de delitos de corrupción entre particulares y tráfico de influencias. Con la inestimable colaboración de medios de comunicación con intereses en la causa resulta que se han contado algunas historias que parecen sacadas de un comic.

Dicen que el juez, Juan Carlos Peinado, ha recibido amenazas, incluso de muerte, pero, hasta el momento, nadie ha presentado una denuncia en la policía por tal motivo. En un segundo acto de este “entremés”, Peinado ha enviado una queja a sus superiores porque “el fiscal está apareciendo con demasiada frecuencia en el juzgado” como si eso fuese motivo de algún reproche, que los fiscales están para algo y más cuando al representante del ministerio público en esta causa no se le comunican las decisiones que se adoptan en el juzgado.

Ya de por sí, esta instrucción judicial parte de una denuncia atípica, presentada por el pseudosindicato Manos Limpias cuestionado por sus chantajes en otras causas cuyo dirigente, Miguel Bernard, se ha librado de una condena por los pelos gracias a una controvertida sentencia del Tribunal Supremo en la cual reconoce esos chantajes, pero no los considera delictivos. Ahora, Bernard y su gente han pasado al ataque y lo primero que se les ha ocurrido es presentar una denuncia contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, basándose en “recortes de periódicos”, las informaciones publicadas por algunos digitales. El autor de ellas es el mismo que difundió la llamada “Operación Nelson”, aquella en la que se acusó a Bernard de ser socio del expresidente de Ausbanc, Luis Pineda, esa misma que el Supremo sentencia que no es delictiva.

El juez Juan Carlos Peinado, padre de una concejala del PP en el Ayuntamiento de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, lejos de rechazar una denuncia exclusivamente basada en informaciones periodísticas, la admitió a trámite el 16 de abril sin, siquiera, contar con la opinión del fiscal. Pidió un informe a la UCO de la Guardia Civil que le ha dicho que no advierte delito alguno en las acciones imputadas a Gómez. Lejos de aceptar la pura realidad, Juan Carlos Peinado se ha lanzado a citar como testigos a ex altos cargos de la entidad pública que otorgó las subvenciones a la empresa recomendada por Gómez y al dueño de dicha empresa, justo en la víspera de las elecciones europeas.

Y mientras todo esto ocurre, en torno a la instrucción se suceden episodios dignos de una comedia. Lo más llamativo es que los mismos no tienen trascendencia alguna salvo la provocación del cachondeo público, pero ocupan la primera plana de El Confidencial como noticia relevante de la jornada: “El juez del caso Begoña Gómez recibe cartas amenazantes por abrir diligencias contra ella”, decía el digital en su edición del pasado 20 de mayo. Hasta donde se sabe, el juez no ha puesto denuncia alguna ni ha mandado esos anónimos a la policía para su investigación.

Días después, otra información, también publicada en este medio, aumentaba la perplejidad del personal. El juez ordenaba al letrado mayor de su instancia que le contabilice las visitas del fiscal interesándose por el caso. Otro medio de comunicación, El Español, va mas lejos y señala que “el juez sugiere que el fiscal actúa como espía del gobierno”. Esta vez la cosa se ha tomado en serio porque el asunto está pendiente de un recurso ante la Audiencia Provincial presentado por la fiscalía lo que implica el inicio de hostilidades entre las dos partes que no augura nada bueno. Aparte de la queja que suela a esperpéntica, el juez no está facilitando al fiscal ninguna de las actuaciones que está llevando a cabo lo que supone una irregularidad en la instrucción que puede acabar por pasar factura al magistrado si sigue actuando de esta manera.

El juez Peinado pertenece a la promoción de 1994. Con anterioridad había sido secretario de Ayuntamiento de 2ª categoría. Estuvo destinado, entre otros, en los juzgados de Arenas de San Pedro, Talavera de la Reina, Getafe y Madrid. Peinado entró en el juzgado de instrucción número 41 en sustitución de Cristina Díaz Márquez, que acababa de ser nombrada directora general de Justicia y Seguridad del Gobierno de Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid. En 2013, Peinado se presentó como candidato a vocal del CGPJ, pero no consiguió el puesto. En 2019, formó parte de la terna para cubrir la plaza de juez de refuerzo del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Manuel García Castellón.

En 2015, Peinado ya protagonizó otra polémica, también con Manos Limpias. El pseudosindicato interpuso una denuncia contra los concejales del Ayuntamiento de Madrid Pablo Soto y Guillermo Zapata a cuenta de unos tuits ofensivos que ya estaban siendo juzgados por la Audiencia Nacional. En 2019, el magistrado imputó a doce periodistas por informar sobre el caso de los CDR. Las imputaciones llegaron después de que las defensas de los acusados por terrorismo denunciaran la «filtración masiva» de información sobre este sumario pese a que se encontraba bajo secreto. Los detenidos denunciaban que los medios de comunicación habían publicado una información exhaustiva de por qué estaban detenidos cuando, en sus propias palabras, los propios afectados «no tenían el más mínimo conocimiento de los hechos». Tras fuertes protestas, las diligencias fueron archivadas.

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