Cuentan que, en una conferencia, Manuel García Castellón reveló que, durante su mandato como juez de enlace con Francia, engañó a sus homólogos galos para conseguir la información que necesitaba y que le negaban bajo la excusa del “secreto sumarial”.
Puso como ejemplo, el asesinato del prefecto de Córcega, Claude Érignac, en un atentado perpetrado por nacionalistas corsos. Francia convirtió en su hombre más buscado al presunto asesino, Yvan Colonna, al que llevaban buscando cuatro años cuando García Castellón se reunió con sus colegas franceses. En un momento del encuentro, el juez se acuerda del caso Colonna. “En aquel entorno de esa tensión, a mí se me ocurrió decir una mentira: Colonna está en España, en cuanto lo detengamos no les vamos a pasar la información”. Precisó, incluso, la zona: “está en la costa del Sol”. Todo era mentira. Colonna se refugiaba en las montañas de la isla, pero los franceses se tragaron el farol y aceptaron intercambiar información. Y así es como está actuando, ahora, el instructor del Caso Tsunami que ha reclamado a Suiza datos sobre la líder independentista, Marta Rovira, recibiendo una negativa por respuesta. García Castellón ha contraatacado enviando la opinión de uno de los fiscales jefes de sala de Lo Penal del Tribunal Supremo, el conservador Fidel Cadena, en la que califica a la organización de terrorista como si ese documento tuviera la fuerza legal suficiente como para hacer cambiar de opinión a las autoridades helvéticas.
Es la manipulación perfecta por parte de García Castellón. Fidel Cadena es uno de los dos fiscales jefes de Lo Penal del Supremo. La que ha tomado la decisión final que se ha remitido al juez que deberá decidir la admisión a trámite del caso, es la teniente fiscal, María Ángeles Sánchez-Conde, que pidió el informe a Cadena para conocer por escrito la opinión de sus subordinados. La historia es de sobra conocida. Las discrepancias entre los dos fiscales jefes, Cadena y Joaquín Sánchez Covisa, obligaron a la número dos de la fiscalía general a decidir. Y se inclinó por informar al juez que no creen que haya conducta delictiva de terrorismo inclinándose más por la tesis del fiscal Carballo, de la Audiencia Nacional, de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad. Además, Sánchez-Conde manifiesta, en el informe final, que “no hay indicios de la participación de Carles Puigdemont y los otros investigados en Tsunami”. Pero García Castellón ha retorcido todo este asunto de tal manera que ha hecho suya la tesis de los fiscales conservadores del Supremo elevándola a la categoría de informe final y remitiéndosela a las autoridades judiciales suizas no sin antes acusarles de “actuar bajo un sesgo político”.
Es la estrategia que están llevando a cabo todos los estamentos conservadores del poder judicial: instrumentalizan sus propuestas como decisiones adoptadas institucionalmente aplicando el rodillo de la mayoría que ostentan sin contar con sus compañeros progresistas. Se está haciendo permanentemente con los pronunciamientos sobre la ley de amnistía. Una de las instituciones donde más se está utilizando el rodillo mayoritario es, para vergüenza de este país, el Consejo General del Poder Judicial que lleva más de cinco años caducado. En el órgano de los jueces, las resoluciones las adoptan el grupo mayoritario de vocales conservadores. Los progresistas ni siquiera asisten a los plenos. Eso sí, a nivel de la calle, se insiste en que las resoluciones las adopta el CGPJ, no sus vocales conservadores y así queda reflejado en la caverna mediática conservadora.
Lo mismo ocurrió con la tan traída y llevada reunión de fiscales de sala del Tribunal Supremo donde la gran mayoría, - que no unanimidad-, se inclinó por pedir a los jueces la admisión a trámite de la instrucción de García Castellón, la calificación de terrorismo de los hechos investigados, y el procesamiento de Carles Puigdemont, Marta Rovira y Rubén Wagensberg, diputado y secretario cuarto del Parlament de Catalunya. Pero quien da por supuesto que esa mayoría es la que decide en nombre del ministerio público es que desconoce el estatuto fiscal. El colectivo se rige bajo el principio jerárquico y es el fiscal general el que tiene la última palabra. Además, la junta de fiscales no decidió por unanimidad y uno de los dos superiores, Joaquín Sánchez-Covisa, mantuvo el criterio contrario, el expuesto por el fiscal del caso en la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, al que, por cierto, sus diferencias con García Castellón le han llevado a pedir el traslado a la fiscalía superior de Ciudad Real.
Y hasta que el Supremo decida, García Castellón va a seguir retorciendo los argumentos jurídicos para intentar que las autoridades judiciales de la Confederación Helvética le remitan los datos que ha pedido: la localización de Marta Rovira, residente en el país, y los detalles de una cuenta bancaria de su titularidad. Además, cuestiona a la Oficina Federal de Justicia de Suiza porque considera que debe de ser un juez el que resuelva su petición de colaboración. El organismo cree que García Castellón debe dirigirse, en su caso, por la vía policial, refiriéndose, sin mencionarlo expresamente, a la interpol.
La Oficina Federal de Justicia suiza ha pedido a García Castellón datos sobre la ley de amnistía en un intento de tenderle una trampa ya que si el juez contesta estará incumpliendo la norma legal puesto que esa ley todavía no ha sido aprobada por el parlamento español. Se estaría entrando, entonces, en el terreno político invadiendo competencias que no corresponden al poder judicial. García Castellón no ha contestado sobre este extremo. Se conoce a la perfección los límites de la cooperación judicial internacional porque fue juez de enlace con Italia y Francia. Y, por supuesto, maneja a la perfección todos los mecanismos para conseguir la información que necesita. Lo que ocurre es que los suizos conocen esta clase de manejos y no van a caer en la trampa del magistrado español. Eso sí. Están molestos por su forma de actuar.