El Gobierno dará cobertura «política y legal» a los artistas que sean censurados en los ayuntamientos de PP y Vox

El Gobierno, tras “estudiar caso por caso”, dará cobertura política y legal a los artistas cuyas obras sean censuradas por PP y Vox en los diferentes ayuntamientos en los que gobiernan en coalición. Así lo ha asegurado a La Sexta Ernest Urtasun, ministro de Cultura, que además ha reconocido que el Gobierno está “muy preocupado” por la censura previa que la extrema derecha está imponiendo impunemente. El último caso sangrante: el de una obra de teatro que ha sido cancelada en el municipio toledano de Quintanar de la Orden porque cuatro actores en calzoncillos sobre el escenario pueden “escandalizar al público”.

De esta manera, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se rearma ante la batalla cultural que las derechas están dando para hacer retroceder al país hasta los tiempos de la dictadura franquista. Cabe recordar que en algunos países como España, Estados Unidos y Argentina, la censura previa está taxativamente prohibida por la Constitución. También existen tratados internacionales que la prohíben, como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin embargo, PP y Vox han iniciado un peligroso camino, el de la caza de brujas contra obras de arte, ciertamente peligroso. Ha tardado en reaccionar el Gobierno de coalición. Desde antes del verano, en no pocos municipios de la geografía española se han prohibido todo tipo de actividades culturales sin otra justificación que la imposición de una determinada moral reaccionaria y el supuesto daño a los valores cristianos y católicos. Algunas decisiones han sido surrealistas, como cuando el municipio cántabro de Santa Cruz de Bezana censuró a Buzz Lightyear, el famoso astronauta de la saga Toy Story, por promover valores como la igualdad sexual. Además, el Orlando de Virginia Woolf fue retirado de la cartelera al considerarse que la obra suponía una exaltación de la homosexualidad. Y más tarde le llegó el turno a La villana de Getafe, de Lope de Vega, que tampoco se libró de la tijera de los censores por sus supuestas “insinuaciones sexuales”.

Este tipo de políticas chocan claramente contra el espíritu de la Constitución, que garantiza el derecho a la libertad intelectual y a la producción creativa y cultural. Así, se han cancelado películas, obras de teatro y exposiciones, mientras el gabinete Sánchez parecía paralizado. Por fin, el Ejecutivo ha decidido mover ficha y va a plantar batalla a quienes tratan de imponer una España nacionalcatólica en blanco y negro propia de los tiempos de posguerra.

¿Pero qué podría hacer el Ministerio de Cultura de Urtasun para luchar contra la ola reaccionaria y pacata que nos invade? Recurrir judicialmente las decisiones que vayan tomando los gobierno bifachitos allá donde gobiernan, solicitar medidas cautelares a los jueces para que los actos y eventos no sean cancelados y en última instancia llevar el caso a la jurisdicción mayor, es decir al Supremo o al Tribunal Constitucional (TC), que crean jurisprudencia, incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) con sede en Estrasburgo. El TC ha tratado la prohibición de la censura en una docena de sentencias, la mayoría de las cuales contienen breves referencias, casi de pasada, mientras que solo unas pocas han tenido por objeto principal abordar el artículo 20.2 CE. En este artículo se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción; a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica; a la libertad de cátedra; a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Además, el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

La definición más clara del concepto de censura se halla en la sentencia 187/1999. En esta resolución, el Tribunal Constitucional precisa que la censura proscrita constitucionalmente alude a “cualquier medida limitativa de la elaboración o difusión de una obra del espíritu que consista en el sometimiento a un previo examen por un poder público del contenido de la misma cuya finalidad sea la de enjuiciar la obra en cuestión con arreglo a unos valores abstractos y restrictivos de la libertad, de manera tal que se otorgue el ‘placet’ a la publicación de la obra que se acomode a ellos a juicio del censor y se le niegue en caso contrario”. Es decir, la intervención estatal sobre la libre transmisión de pensamientos e ideas. De ahí que la censura vedada por la Constitución sea expresamente la censura previa que trata de prohibir publicaciones, obras o creaciones artísticas. La censura vedada por el artículo 20.2 de la Constitución se identifica sobre todo con una forma de control de contenidos por parte del Estado, limitando el derecho a la libertad de expresión. Pero no toda supervisión de contenidos es censura a los efectos de ese artículo de la Carta Magna. Así, el Tribunal Constitucional ha considerado que no es censura previa la prohibición por parte del servicio público de Correos a la hora de denegar su acceso para la distribución de revistas pornográficas. Raramente el tribunal ha enjuiciado si constituyen o no censura actos administrativos, ni la regulación en reglamentos o leyes.

Lógicamente, todo este embrollo jurídico requiere de dinero, fondos que los artistas no disponen. El ministerio está valorando dar cobertura y asesoramiento legal a quienes vean vulnerado su derecho de creación cultural. Hoy es la cultura la que se ve amenazada por el neofranquismo de Vox que impregna también al PP, pero mañana puede ser también la prensa libre, los periodistas o cualquier ciudadano que aspira a vivir en un país sin censura de ningún tipo.

Urtasun sabe que cuenta con el respaldo de la mayoría de creadores y artistas de este país. Bajo el lema Stop Censura, conocidos rostros del cine como Aitana Sánchez Gijón, Pedro Almodóvar, Juan Diego Botto, Alba Flores, Carlos Bardem y Leticia Dolera, entre otros muchos, se han posicionado ya en contra de las cancelaciones de obras de arte decretadas por los llamados ‘bifachitos’. A pie de foto, denuncian “el retorno de la censura que está atentando contra la libertad de expresión, un derecho consolidado social y democráticamente en nuestra Constitución” y llaman a defender la creación artística.