La resolución es el resultado de los reiterados incumplimientos por parte de la cadena hotelera de unos requisitos claramente establecidos en la concesión. Entre ellos, construcciones ilegales que Ben Magec-Ecologistas en Acción denunció en 2020, «como una rotonda entre el hotel y los apartamentos, una carretera de acceso y el vallado y cerramiento de zonas públicas. Unas obras por las que el Ministerio para la Transición Ecológica multó a la cadena hotelera con 204.000 euros por una infracción grave en 2022 y se les ordenó demoler las construcciones, orden que por supuesto incumplieron y se inició entonces el expediente de caducidad de la concesión».
Coalición Canaria y PP entregaron el premio Turismo Islas Canarias al hotel Oliva Beach
Cabe recordar que en agosto del pasado año, el gobierno formado por Coalición Canaria y el Partido Popular, liderado por Fernando Clavijo (CC) concedió el premio Turismo Islas Canarias al hotel Oliva Beach, calificándolo de «pionero en la apertura de Canarias al mercado turístico europeo, con un factor de dinamización y modernidad en el Archipiélago» y defendiendo que el hotel ha contribuido al «desarrollo en el empleo local y la riqueza de la isla». Un reconocimiento calificado por la organización ecologista como «inaceptable», que ya denunció públicamente en su momento y que fue concedido a un establecimiento que «no cumple con la legalidad, que ocupa un espacio público y que además participa en el deterioro de los entornos naturales protegidos de las islas, fomentando el turismo de masas que depreda nuestro territorio, que hace un uso privativo de nuestras costas y que además las degrada pasando por encima de cualquier normativa o protección», argumenta Ben Magec-Ecologistas en Acción
No es la primera vez
No es la primera vez que en Canarias se derriba un hotel por no cumplir la legalidad, ya en 1989 el llamado Hotel Dunas fue demolido en las Dunas de Maspalomas por ocupar ilegalmente este espacio protegido tras una batalla judicial de 10 años.
Según los ecologistas, su lucha «no es contra RIU, no es contra el empleo ni es contra el progreso. Nuestra lucha es en defensa del territorio y contra quienes escudándose en la creación de empleo hacen un uso privativo de nuestras costas y de nuestros espacios protegidos, saltándose la legalidad y perpetuando un modelo turístico absolutamente depredador que consume nuestro territorio y precariza a nuestra gente».
Esta resolución, dicen, es la victoria «de quienes defendemos estas islas y luchamos por un modelo turístico sostenible y respetuoso con nuestro entorno», al tiempo que exigen a la cadena hotelera «la pronta restitución de los bienes ambientales de las Dunas de Corralejo y, en cumplimiento de la orden ministerial, la inmediata demolición del hotel Oliva Beach».
